Afectados por la comercialización de viviendas de La Caixa solicitan resguardo del municipio.

Los residentes de diversos edificios de viviendas ubicados en Villa de Vallecas y Vicálvaro han solicitado la intervención del Ayuntamiento de Madrid tras la venta de estos inmuebles por parte de la Fundación La Caixa a un fondo de inversión privado.

Los afectados denuncian incrementos “desmedidos” de los alquileres, la no renovación de contratos y el peligro de que parte de estas viviendas se destinen a apartamentos turísticos u otros usos más rentables.

Este jueves, representantes vecinales se presentaron en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para registrar una carta en la que solicitan la “protección” del Consistorio ante una situación que consideran de vulnerabilidad habitacional que afecta, según indican, a cientos de familias.

Viviendas construidas en suelo público con finalidad social

Las viviendas en cuestión se levantaron sobre terrenos de propiedad pública municipal y formaban parte, en su origen, de un proyecto con finalidad social, diseñado para asegurar estabilidad residencial a familias con recursos limitados.

“Durante más de 20 años, estas viviendas han sido nuestro hogar y han cumplido fielmente la función social para la que fueron concebidas”, indican los vecinos en la carta enviada a la EMVS. Además, enfatizan que han cumplido de manera continua con sus obligaciones contractuales y han contribuido al mantenimiento y la convivencia en los edificios.

Incrementos de alquiler y temor a desahucios

Después de la venta de los inmuebles, los inquilinos afirman haber recibido comunicaciones que indican subidas significativas en los alquileres y, en algunos casos, la decisión de no renovar los contratos de alquiler. Según relatan, verbalmente se les ha informado que el nuevo propietario tiene como objetivo destinar parte de las viviendas a usos más rentables, como el alquiler turístico.

Esta situación, advierten, provoca un riesgo real de desahucio para muchas familias que llevan décadas viviendo en los barrios afectados.

Peticiones al Ayuntamiento de Madrid

En su carta, los vecinos solicitan al Ayuntamiento que explore vías de protección, mediación o intervención institucional para evitar el desamparo de las familias. También exigen conocer qué medidas puede activar el Consistorio para defender el uso social del suelo público y analizar alternativas de compra, gestión o colaboración que aseguren la continuidad de los actuales residentes.

El PSOE llevará el asunto al Pleno municipal

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, acompañó a los vecinos durante la entrega de la carta y designó a la EMVS como “responsable subsidiaria”, al haberse construido estos inmuebles en suelo público o mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Maroto criticó además que el Partido Popular y Vox rechazaran recientemente en el Pleno una iniciativa socialista destinada a abrir canales de negociación y proteger el derecho de estas familias a permanecer en sus hogares, lo que atribuyó a una “falta de voluntad política”.

Propuestas para proteger la vivienda social

Los socialistas anunciarán en el próximo Pleno una iniciativa para exigir una intermediación institucional en las operaciones inmobiliarias que involucran a la Fundación La Caixa y también a la Fundación Fusara, implicada en otra venta de edificios que podría suponer riesgos similares para los residentes.

Entre las medidas propuestas se destacan la coordinación con los Servicios Sociales Municipales, la participación activa de los vecinos en los procesos y la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, con el objetivo de prevenir desahucios, cambios de uso especulativos y la pérdida de vivienda asequible.

Tanteo, retracto y seguimiento municipal

El PSOE también solicitará que el Ayuntamiento ejerza de manera prioritaria los derechos de tanteo y retracto en la transmisión de edificios con alquiler social para integrarlos en el parque público de la EMVS, así como la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social.

“Madrid no puede expulsar a vecinos de toda la vida”, finalizó Reyes Maroto, quien aseguró que su grupo continuará defendiendo a las familias afectadas como “el rostro de la emergencia habitacional que vive la ciudad”.