Airbnb deberá abonar una sanción de 64 millones por difundir anuncios no autorizados.
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- 23 de marzo de 2026
Airbnb ha enfrentado otro revés judicial, sumando ya tres en menos de un año, en medio de la disputa con el Ministerio de Consumo por la promoción de pisos que este último considera ilegales. Si en mayo del año pasado el … Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligó a la multinacional estadounidense a retirar 5.800 anuncios y en septiembre hizo lo mismo con otros 34.728, ahora le impone el pago de una multa de 64 millones de euros que Consumo le había impuesto el año pasado.
Todos los fallos judiciales están relacionados con el mismo caso, que comenzó en junio de 2024 cuando el departamento liderado por Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- envió un requerimiento de información a la plataforma, tras detectar 65.122 anuncios que no cumplían la normativa.
Específicamente, esos alojamientos carecían de licencia, o el número proporcionado no coincidía con el registrado en los registros autonómicos y locales, o «no ofrecían información veraz sobre la naturaleza jurídica del anfitrión» -es decir, si es particular o empresa-, sostiene el Ministerio.
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Nuevo choque en la coalición
A partir de ahí comenzó la campaña del Gobierno para presionar a la multinacional a retirar esos anuncios, algo que finalmente hizo en junio del año pasado después de que el TSJM rechazara el recurso de Airbnb para impedir la eliminación de casi 6.000 anuncios. Tres meses después, llegó el segundo fallo para otros 34.000 anuncios, y ante este desenlace desfavorable -muy posiblemente-, la firma optó por no presentar recurso por los 24.000 restantes incluidos en la sanción, que abarcaba más de 65.000 pisos. Esta última cifra es significativa, especialmente considerando que en España se estima que hay entre 350.000 y 500.000 viviendas turísticas; es decir, en el mejor de los casos el Gobierno habría logrado retirar del mercado uno de cada diez pisos turísticos.
Paralelamente, avanzaba la batalla para evitar el pago de la sanción, que se refiere a dos paquetes de infracciones diferentes. Por un lado, están las irregularidades por los números de licencia inexistentes o incorrectos, que suman 63.980.311 euros, cifra que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio que Airbnb habría obtenido -a consecuencia de las prácticas sancionadas- durante el periodo que transcurrió entre el apercibimiento y la retirada de los pisos del mercado.
Multa ‘extra’ por ignorar al Ministerio
A esto se añaden otros 10.000 euros por incumplir el régimen de obligación de los contratos -por ejemplo, al no aclarar si los anfitriones eran empresas o particulares-; otros 10.000 por lo que Consumo considera «obstrucción o negativa a suministrar datos», refiriéndose a todos los requerimientos que quedaron sin respuesta por parte de la plataforma; y 55.000 euros por incumplir las «deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales» dictadas por el órgano instructor -en este caso, el Ministerio-.
El hecho es que una vez más el TSJM ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la empresa, por lo que deberá afrontar la sanción, independientemente de su decisión de recurrirla o no. Esto último es relevante, ya que Airbnb aún tiene la opción de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal para que revise la sanción e incluso iniciar un proceso judicial.