Almeida aconseja a Maricarmen que se dirija a los servicios sociales, a pesar de haberlo hecho previamente antes de recibir la orden de desalojo a sus 87 años.

Al alcalde de Madrid “no le consta” que Maricarmen, una mujer de 87 años amenazada con un desahucio inminente, haya solicitado ayuda a los servicios sociales respecto a la orden de expulsión. En declaraciones a la prensa, José Luis Martínez-Almeida le ha sugerido a esta vecina del barrio de Ibiza que informe a este organismo municipal, aunque ella ya lo hizo antes de recibir la orden de desalojo de su arrendador: Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

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    <p class="know-more__title">Maricarmen: tengo 87 años y me van a desahuciar</p>
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    Maricarmen recibió un aviso de desahucio que le ordena abandonar el hogar en el que ha vivido durante 70 años, el cual fue adquirido por un fondo buitre que ahora no reconoce la validez de su contrato tras subrogarse con la muerte de su madre, en 2005. Esta vecina, a quien la empresa ya ofreció comprar la vivienda por 250.000 euros, sostiene que ese lugar sigue siendo su hogar y que su pensión (de 1.450 euros mensuales) no le permitiría realizar tal gasto.
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    En una reciente entrevista con elDiario.es, Maricarmen declaró que ya había solicitado asistencia de los servicios sociales. No obstante, la única opción que le ofrecieron fue ingresar en una residencia que, además, tiene lista de espera. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, reafirma Almeida, quien le sugirió que también hable con miembros de la Junta Municipal de Retiro, el organismo local que gestiona una de las áreas más caras de Madrid, tanto por su ubicación privilegiada como por el famoso parque que alberga.
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    En 1956, cuando los padres de esta mujer alquilaron la vivienda en la que creció, los contratos de arrendamiento eran vitalicios y podían heredarse por el cónyuge y los sucesores que residieran en la misma casa. En 1985, el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, decretó el fin de esta garantía para los nuevos contratos. Esta decisión explica, en parte, la inseguridad habitacional que enfrentan muchas familias, aún a la espera de la renovación de sus contratos y de la voluntad de sus propietarios.
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    Entonces, el conocido como <a href="https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-8402-consolidado.pdf" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">'decreto Boyer'</a> justificaba los cambios en la normativa con el objetivo de mejorar la actividad del sector construcción y detener el aumento de precios, el cual atribuían a "la eventual indemnización" que el arrendador debía abonar al arrendatario para que aceptara la rescisión del contrato. A finales de 2020, la nueva propiedad del edificio en Ibiza propuso a Maricarmen un incremento de alquiler de más del 300%, un monto inasumible para ella (serían 1.650 euros al mes).
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    En primera instancia, el Juzgado número 90 de Madrid falló a favor de Maricarmen: el tribunal determinó que la subrogación se produjo cuando los propietarios del inmueble la aceptaron "tácitamente", así como los nuevos dueños que compraron la vivienda antes de cederla a este fondo buitre.
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    <p class="know-more__title">Maricarmen planta cara a una amenaza de desahucio a los 87 años: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”</p>
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    “Es jurídicamente relevante y consciente de sus consecuencias, formulada en términos claros e inequívocos (de los que no pueden hacerse otras interpretaciones), con la finalidad de causar estado definiendo inalterablemente la posición de su autor y generando una expectativa razonable en la actora, que, de otra parte, ya era mantenida durante 13 años, circunstancias que la hacen incompatible con lo que ahora se pretende”, afirmaba la sentencia. Pero con el tiempo llegó la orden de desahucio, cuyo intento de ejecución está previsto para este miércoles 29 de octubre. Algo que ella ha rechazado desde un inicio.
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