Almeida respalda a David Pérez y sugiere a quienes tengan dudas que impugnen el contrato de la cabalgata de Reyes en Hortaleza.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado a su concejal David Pérez, utilizando un lenguaje positivo en respuesta a las noticias publicadas por este periódico sobre la contratación de una empresa por 10.500 euros para la Cabalgata de Reyes 2024 en Sanchinarro, la cual no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. La Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el llamado concejal aguafiestas debido a su confrontación con varias asociaciones críticas que juegan un papel importante en los festejos del distrito, adjudicó la licitación a una empresa que no cumplía con uno de los requisitos del proceso: la inscripción o solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Esta decisión se tomó incluso en contra de la opinión de la interventora delegada.

Almeida destacó el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza al responder a preguntas de Somos Madrid durante la colocación de la primera piedra de un nuevo centro cultural en El Cañaveral, barrio en expansión del distrito de Vicálvaro. Según el regidor, Pérez, exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha promovido los desarrollos de Hortaleza, Sanchinarro y la zona de Valdebebas correspondiente al distrito desde que llegó a la Junta Municipal en 2023.

“Cuando a uno le critican ciertas personas o asociaciones es señal de que lo está haciendo bien, y no lo contrario”, ha afirmado Almeida. “Existen asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le criticarán haga lo que haga”, opina.

Más allá de esta afirmación, respecto a la controvertida contratación, el alcalde sostiene que “el procedimiento se ha realizado correctamente, ya que el trámite ha pasado por los procesos administrativos y controles establecidos en el Ayuntamiento de Madrid”. “Invito a cualquiera que se sienta perjudicado o que tenga dudas a que lo impugne. Quien detecte cualquier irregularidad, que no se limite a una denuncia en los medios, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, subraya.

Una contratación con el voto contrario de la interventora: “No se cumple la cláusula”

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), que definía las bases de la convocatoria que adjudicó el contrato para organizar este evento el 3 de enero y la cabalgata participativa del 6 de enero (otorgada a otra entidad sin irregularidades aparentes), indica en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito esencial: estar inscritas o solicitar su inscripción en el Rolece. Sin embargo, la ganadora del lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no estaba registrada en el momento de presentar su candidatura, a pesar de afirmar que sí durante la oferta.

Esta irregularidad debería haber llevado a dejar el concurso desierto, dado que era la única empresa participante, según fuentes internas de la Junta Municipal de Hortaleza consultadas por este medio. Sin embargo, desde el Ayuntamiento decidieron requerir a la empresa la documentación que no presentó inicialmente. “Se acuerda requerir al licitador del Lote 1 Eventos Innovate Altea SLU para que aporte la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores o, si no está inscrito, acredite la solicitud de dicha inscripción”, menciona el acta de la mesa de contratación celebrada el 17 de diciembre de 2024, a la cual este medio tuvo acceso.

Dos días después, un nuevo encuentro de la mesa de contratación validó la documentación enviada por la compañía para cumplir con el requerimiento. Este organismo estaba compuesto por cinco vocales, todos con cargos de responsabilidad en la Junta, junto a la presidencia (ocupada por la entonces secretaria del distrito) y la secretaría (ejercida por la Jefa de Unidad de Contratación).

Según la documentación revisada por este periódico, esta situación dio lugar a un voto discrepante de uno de los cinco vocales que componían la mesa: el de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, quien consideró que la información presentada no exonera a la empresa de incumplir las condiciones estipuladas en los pliegos: “Se aprueba la justificación presentada por el licitador respecto al requerimiento efectuado por la mayoría de votos, salvo el voto de la interventora quien opinó que no se cumple la cláusula 14 del PCAP”, se menciona en el acta.

El acuerdo de la mesa argumenta que “en el procedimiento abierto simplificado sumario, la inscripción en el Rolece no es un requisito esencial”, justificando que este trámite no es obligatorio en este caso según lo estipulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la resolución ignora que lo que obliga a cumplir con dicha inscripción es que se encuentra como requisito indispensable en unos pliegos que fueron previamente aprobados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales sostienen, en cambio, que “no existe ninguna irregularidad por parte de la Junta Municipal de Hortaleza”, pues “la empresa adjudicataria presentó su oferta dentro del plazo establecido, y la mesa de contratación realizó una propuesta de adjudicación que, en todo caso, no es definitiva”. No obstante, aclaran que “se ha requerido a la empresa documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente”. También resaltan que la empresa no figura inscrita en el Rolece “por ser de reciente constitución”. “De acuerdo con el criterio de la mesa, y conforme a lo estipulado en los pliegos, la inscripción en el Rolece no es obligatoria”, aseguran, aunque precisamente esos pliegos señalan que dicho registro sí era mandatorio.

Desde el Consistorio insisten en que “todas las acciones realizadas hasta ahora se ajustan estrictamente a lo previsto en los pliegos de la licitación, en el Informe sobre solvencia, clasificación y condiciones especiales de ejecución (pág. 1), y en la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque la revisión de los pliegos indica lo contrario.

Estas explicaciones no convencen a Miguel Montejo, concejal de Más Madrid en el distrito, quien cuestiona el comportamiento del edil presidente: “David Pérez tiene un comportamiento de caciquillo sectario. Mientras ejerce una violencia administrativa contra todo lo que considera incómodo, especialmente contra el tejido asociativo, facilita las cosas a quienes le son leales o colaboran con sus intereses. Comenzamos a ver el alcance de su trato déspota hacia los empleados públicos y sus malas prácticas en contratación. Adjudicar un contrato en contra del criterio técnico de la funcionaria responsable de la limpieza del procedimiento, la interventora delegada, no es simplemente una bravata más: es extremadamente grave”.