Álvaro García Ortiz: El fiscal general ante el juez responde: “¿Filtró usted el correo?”; “De ninguna manera” | España

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha proporcionado a la defensa y a las acusaciones acceso a los vídeos de todas las declaraciones presentadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluyendo el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que se muestra una escena inédita: el fiscal general declarando como investigado. Ataviado con una corbata azul con dibujos de balanzas de justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en lugar del lugar habitual reservado para los investigados, el jefe del ministerio público negó haber filtrado u ordenado la filtración del correo electrónico que es el núcleo de la investigación, donde el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto para eludir la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —preguntó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general negó con la misma firmeza haber enviado ese correo “a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” o haber dado “alguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, insistió el fiscal general.

Al comienzo de la declaración, García Ortiz explicó que solo iba a responder a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía porque consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho de defensa y debería ser declarada nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación que invade derechos fundamentales y ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad [y] no ha sido, no ha sido resuelto ese recurso”, aclaró García Ortiz, quien también mencionó algunas diligencias ordenadas por el instructor a las que su abogado no había tenido aún acceso, o a otras pedidas por su defensa que el juez denegó. García Ortiz alegó una última razón para rehusar contestar a las preguntas del juez:

“También quiero mencionar por qué no voy a contestar a algunas de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, aseveró el jefe del ministerio público sobre la denuncia de revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y añadió: “Creo que el querellante, bueno, no ha sido leal con los tribunales, ya que ha omitido hechos que son cruciales”. García Ortiz se refería a que la querella de González Amador omitió varios datos relevantes, como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que le había enviado a su abogado el fiscal del caso; o que el propio González Amador habló con un periodista de El Mundo tras la difusión de la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública que había presentado la Fiscalía en su contra.

Durante su declaración, García ofreció un relato detallado de lo ocurrido desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, cuando la Fiscalía emitió una nota de prensa aclarando que no había sido el ministerio público quien había propuesto un pacto, como había estado divulgando el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el letrado quien había escrito al fiscal del caso para buscar el acuerdo.

—¿Puedo preguntarle sobre el criterio que utilizó para decidir qué datos se incluían en la nota de prensa y qué datos no deberían incluirse? En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio aplicó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. Al elaborar este tipo de información, se trata de reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han producido, pero había una circunstancia diferente. En este caso se había transmitido un correo de un fiscal, lo cual, desde la perspectiva del fiscal general, era bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, al menos relevante, inaudita desde mi punto de vista, y ese correo del fiscal se ha revelado con entrecomillados y a partir de ese correo del fiscal se han extraído unas consecuencias que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado también preguntó al fiscal general sobre una afirmación hecha unos días antes por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en contra de García Ortiz cuando compareció como testigo. Según Lastra, durante una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de que se difundiera el correo cuya filtración se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según la versión de Lastra, respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—¿Y puede explicarme por qué existe esta contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que me acaba de indicar? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general de esa manera. Me cuesta mucho pensar que eso haya podido imaginarse. Y, en segundo lugar, realmente he reflexionado mucho sobre esto, porque se han dicho o mencionado estas cosas, y también algo sobre la reticencia de la fiscal superior de Madrid respecto al contenido de la nota. No, ella nunca mostró reticencia con el contenido. Lo hizo con que todo estaba revelado y dijo en sus propias palabras que hacíamos el ridículo si dábamos una información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente, lo que veía en las conversaciones con ella […] es que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, a mi entender, debería haberse publicado. Eran las 9, aproximadamente a las 9 de la mañana la nota no se había distribuido.

El fiscal general se detuvo en su respuesta para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me pone algunas excusas. Me dice que las fechas no están bien […]. Compruebo que las fechas están bien y le vuelvo a llamar. No me coge el teléfono, no me coge el teléfono, tengo que ponerle un mensaje por WhatsApp y decirle que es imperativo que salga la nota. Y, posteriormente, tengo una conversación con ella en la que se sigue mostrando reticente, pero, pero sin más. […] Yo no doy una orden más que en los términos que cualquiera pueda interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’”.

García Ortiz también quiso hacer ante el juez “una reflexión” sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Yo creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración en esa noche, y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero lo que sí veo es que la inferencia que se hace en el auto […] sugiere una coincidencia cronológica entre la publicación en algunos medios de comunicación y la posesión de esos correos. En esa situación, la señora Lastra está exactamente igual que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios de comunicación están trabajando […] y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera salir de ese foco. Lo puedo entender y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo claro, pero puedo entender que humanamente ella quiera separarse de esa inferencia de imputación, es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz reprochó al juez su decisión de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo le encausara por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación abierta contra él y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito relatar […] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, por supuesto que puede afectar. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal cantidad de información como tiene el fiscal general del Estado —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, señaló, y negó haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incauten los dispositivos. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.