Álvaro García Ortiz: El fiscal general ante el juez responde: “¿Filtró usted el correo?”; “Rotundamente no” | España



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A tan solo unas semanas de que el fiscal general del Estado enfrente un juicio acusado de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha autorizado a la defensa y a las partes acusadoras el acceso a los vídeos de todas las declaraciones efectuadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluyendo el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Esta es la primera ocasión en la que se muestra una escena singular: el fiscal general testificando como investigado. Con una corbata azul adornada con símbolos de balanzas de la justicia y sentado en el estrado junto a su abogado defensor, en lugar del sitio acostumbrado para los investigados, el jefe del ministerio público refutó haber filtrado o dado la orden de filtrar el correo electrónico que es el foco de la investigación. En este correo, el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente había incurrido en dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar la prisión.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos involucrados en este caso que afecten al señor Alberto González Amador, de manera directa o indirecta, a algún medio de comunicación o profesional del sector? —interrogó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general niega haber filtrado el correo del abogado de González Amador.

El fiscal general reiteró con firmeza que no había enviado ese correo “a ninguna persona asociada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” ni había dado “ninguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, reafirmó el fiscal general.

Al comenzar su declaración, García Ortiz indicó que solo contestaría las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, ya que consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho a la defensa y debería declararse nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación que atenta contra derechos fundamentales y fue impugnada, presentando nulidad ante este tribunal, y eso aún no ha sido resuelto”, manifestó García Ortiz, quien también señaló que algunas diligencias ordenadas por el juez aún no habían sido accesibles para su defensa, mientras que otras habían sido denegadas. García Ortiz expuso otra razón para negarse a responder las preguntas del juez:

“Quiero mencionar también por qué no contestaré a algunas de las acusaciones, en especial la acusación particular, que tiene legitimidad para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, comentó el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos, interpuesta por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Añadió: “Creo que el querellante, bueno, no ha actuado de manera leal con los tribunales, ya que ha omitido hechos que son esenciales”. García Ortiz se refería al hecho de que la querella de González Amador había omitido datos relevantes, como el que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, un correo enviado por el fiscal del caso; o que González Amador había contactado con un periodista de El Mundo tras hacerse pública la denuncia por los dos delitos fiscales que la Fiscalía había presentado en su contra.

Durante su testimonio, García dio un detalle preciso de los acontecimientos desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés mediático en la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, fecha en la que la Fiscalía emitió un comunicado explicando que no había sido el ministerio público quien propuso un acuerdo, como se estaba difundiendo desde el entorno de la presidenta madrileña, sino que había sido el abogado quien se había dirigido al fiscal del caso en busca de un pacto.

García Ortiz explica lo que sucedió el 13 de marzo de 2024.

—Quisiera preguntarle sobre el criterio utilizado para decidir qué datos se incluían en la nota de prensa y cuáles no. En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio adoptó? —indagó el abogado del Estado.

—Sí, lo recuerdo perfectamente. Al elaborar este tipo de información, es lo que es: reflejar, como mencioné, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han producido, aunque en este caso había una circunstancia particular. Se había divulgado un correo de un fiscal, lo cual, desde la perspectiva del fiscal general, es bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, desde mi punto de vista, relevante e inaudita, y ese correo del fiscal se ha divulgado con comillas y de él se han extraído conclusiones que no son ciertas. Se está extrayendo una falsedad —afirmó García Ortiz.

García Ortiz cuenta su conversación con Almudena Lastra.

El abogado también inquirió al fiscal general sobre una afirmación realizada días antes por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se opuso a García Ortiz cuando este testificó. Según Lastra, en una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de que se divulgara el correo cuya filtración se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según el relato de Lastra, respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—¿Además, puede explicarme por qué hay esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que me acaba de indicar ahora? —interrogó el abogado.

—Primero, dudo mucho de que un fiscal de este país se dirija al fiscal general de esa manera. Me cuesta pensar que eso se haya podido imaginar. Y, en segundo lugar, he reflexionado mucho sobre esto, ya que se dijeron cosas referentes a que la fiscal superior de Madrid estaba reticente con respecto al contenido de la nota. No, nunca se mostró reticente al contenido. Ella expresó que haríamos el ridículo si dábamos una información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente, lo que observé en las conversaciones que mantuve con ella […] es que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. A mi juicio, la nota debería haberse distribido. Eran aproximadamente las 9 y la nota no había salido aún.

El fiscal general se detuvo en su respuesta para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra en la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me presenta varias excusas. Me dice que las fechas no están correctas […]. Verifico que las fechas son correctas y vuelvo a llamarla. Ella no responde, no me coge el teléfono, tengo que escribirle por WhatsApp diciéndole que es imperativo que la nota salga. Y luego tengo otra conversación con ella en la que continúa mostrándose reticente. […] Solo doy una instrucción en los términos que cualquiera podría interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’”.

García Ortiz también quiso hacer ante el juez “una reflexión” sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que existe un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal en este país ha realizado una filtración, que ningún fiscal llevó a cabo una filtración esa noche, y estoy convencido de que la señora Lastra tampoco ha filtrado ningún documento. Pero lo que veo es que la inferencia en el auto […] es que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en ciertos medios y la posesión de esos correos; en esta situación, la señora Lastra está exactamente en la misma situación que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios están trabajando […]; puedo entender que la señora Lastra desee alejarse de esa inferencia. Lo entiendo y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejar eso claro, pero puedo entender que humanamente quiera distanciarse de esa imputación, esa es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz criticó la decisión del juez de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y mi despacho contienen una cantidad de datos inimaginable”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que cambió de móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo imputara por revelación de secretos, aunque desvinculó este cambio de la investigación abierta en su contra y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos guarda el terminal del fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Sería interminable detallar […] los dispositivos y mi despacho albergan una cantidad de datos y de información absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que pertenecen a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil contiene información que, por supuesto, puede influir en la seguridad de este país, efectivamente puede afectar. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que posean en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el fiscal general del Estado —explicó García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Elimino todo, no solo porque ejerzo mi derecho a manejar mi terminal como desee. Elimino todo porque es una exigencia legal, debemos borrar los datos de nuestros dispositivos, y no lo digo yo, sino el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, dijo, y negó haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El fiscal general del Estado explica por qué borró los datos de su teléfono.

El jefe del ministerio público también cuestionó la orden de registrar su despacho emitida por el juez: “Es absolutamente inconcebible, inconcebible para un fiscal general, inconcebible para la fiscalía española. No existen precedentes en todo el derecho europeo que justifiquen la entrada en el despacho del fiscal general y la incautación de su dispositivo. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.

Vídeo: epv

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