Álvaro García Ortiz: El fiscal general responde ante el juez: “¿Usted filtró el correo?”; “De ninguna manera” | España

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado enfrente un juicio por la acusación de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha permitido que la defensa y las partes acusadoras accedan a los vídeos de todas las declaraciones realizadas durante la instrucción bajo el juez Ángel Hurtado, que incluye el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que se publica una escena inusual: el fiscal general compareciendo como investigado. Vestido con una corbata azul decorada con dibujos de balanzas de la justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en lugar de en el puesto habitual para los investigados, el jefe del ministerio público rechazó haber filtrado o autorizado la filtración del correo electrónico que es el foco de la investigación. En dicho correo, el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —preguntó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general reafirmó con firmeza que no había enviado ese correo “a ninguna persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” ni había dado “alguna instrucción” para divulgar la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador ni los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, insistió el fiscal general.

Al inicio de su declaración, García Ortiz detalló que solo respondería a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, ya que consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho a la defensa y debería anularse. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida ante este tribunal, invocando una nulidad que no ha sido resuelta”, explicó García Ortiz, quien también mencionó algunas diligencias que habían sido ordenadas por el instructor, pero a las que su abogado no había tenido aún acceso, así como otras peticiones de su defensa que el juez había denegado. García Ortiz citó una razón adicional para no responder a las preguntas del juez:

“También quiero hacer mención a por qué no voy a contestar a alguna de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, dice el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y añade: “Creo que el querellante no ha sido leal con los tribunales, puesto que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz comentaba que la querella de González Amador dejó de lado varios datos relevantes, como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, un correo que el fiscal del caso le había enviado; o que el propio González Amador conversó con un periodista de El Mundo tras la divulgación de la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública que la Fiscalía había presentado en su contra.

Durante su declaración, García ofreció un relato detallado de lo ocurrido desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés mediático en la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en que la Fiscalía emitió una nota de prensa explicando que no había sido el ministerio público quien propuso un pacto, como se afirmaba en el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el abogado quien había contactado al fiscal del caso para buscar un acuerdo.

—Le quiero preguntar sobre el criterio que utilizó para decidir qué datos se incluían en la nota de prensa y cuáles no. En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio adoptó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. A la hora de elaborar ese tipo de información, es lo que es: reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía y los hitos procesales que han tenido lugar, pero había una circunstancia distinta. En este caso, se había transmitido un correo de un fiscal, lo que desde la perspectiva del fiscal general era bastante alarmante. Un fiscal había visto su correo revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, al menos relevante, inaudita desde mi punto de vista, y ese correo del fiscal se ha divulgado con comillas y de ese correo se han extraído conclusiones que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado también interrogó al fiscal general sobre una afirmación hecha días antes por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en torno a su declaración como testigo. Según Lastra, durante una conversación mantenida con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo, pocas horas después de que se filtrara el correo en investigación, ella le preguntó: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según la versión de Lastra, respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—Es más, ¿puede explicarme por qué existe esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que usted me acaba de indicar? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos. Me cuesta mucho creer que eso haya podido imaginarse. Y, en segundo lugar, he reflexionado mucho sobre esto, porque se han mencionado estas cosas y también alguna relacionada con que la fiscal superior de Madrid era reticente al contenido de la nota. No, no fue nunca reticente con el contenido. Lo fue con que todo estaba revelado y dijo en sus propias palabras que hacíamos el ridículo si dábamos una información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente, lo que observaba en las conversaciones que tenía con ella […] era que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, a mi juicio, debería haberse puesto en circulación. Eran las 9 de la mañana aproximadamente y la nota no terminaba de salir.

El fiscal general se detuvo en su respuesta para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me pone algunas excusas. Me dice que las fechas no están bien […]. Confirmo que las fechas son correctas y la vuelvo a llamar. No me responde, tengo que enviarle un mensaje de WhatsApp y decirle que es imperativo que la nota salga. Y luego tengo otra conversación con ella en la que continúa mostrándose reticente, pero sin más. […] No doy una orden más que en los términos que cualquiera pueda interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’.”

García Ortiz también quiso hacer una “reflexión” ante el juez sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la Fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración esa noche, y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero lo que sí constato es que la inferencia que se hace en el auto […] es que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en algunos medios de comunicación y la posesión de esos correos, en este contexto la señora Lastra está exactamente en la misma situación que el fiscal general del Estado. Ella posee los correos y los medios de comunicación están en funcionamiento […] y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera alejarse de ese foco. Lo puedo entender y, reitero, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado nada. Quiero dejarlo bien claro, pero puedo entender que humanamente ella quiera distanciarse de esa inferencia de imputación; es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz criticó al juez por su decisión de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el despacho del fiscal general contienen una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, enfatizó García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de ser encausado por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación en su contra y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito relatar […] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, absolutamente puede afectar. Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan almacenar en su teléfono móvil tal cantidad de información como la que tiene el fiscal general del Estado —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal; debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, anadió, y negó haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general y para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se ingrese en el despacho del fiscal general y que se le incauten dispositivos. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.