Álvaro García Ortiz: El fiscal general se enfrenta al juez y responde: “¿Filtró usted el correo?”; “Definitivamente no” | España

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado se enfrente a un juicio acusado de un delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha autorizado a la defensa y a las acusaciones a acceder a los vídeos de todas las declaraciones efectuadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluyendo el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Esta es la primera vez que se presenta una escena insólita: el fiscal general compareciendo como investigado. Con una corbata azul decorada con balanzas de la justicia y sentado en el estrado junto a su abogado defensor, en lugar de ocupar el espacio generalmente reservado para los investigados, el jefe del ministerio público rechazó haber filtrado o dado instrucciones para filtrar el correo electrónico que es el eje de la investigación, donde el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía un pacto para evitar la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente, a algún medio de comunicación o profesional de la comunicación? —interrogó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general negó igualmente haber enviado ese correo “a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” o de haber dado “alguna instrucción” para divulgar la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador, o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, subrayó el fiscal general.

Al inicio de su declaración, García Ortiz aclaró que solo iba a responder a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía porque consideraba que la instrucción había vulnerado su derecho a la defensa y debería ser declarada nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y ha sido recurrida, ante este tribunal invocando una nulidad [y] no se ha resuelto aún ese recurso”, expuso García Ortiz, quien también mencionó algunas diligencias ordenadas por el instructor a las que su abogado todavía no tenía acceso o aquellas que él había solicitado y que el juez había denegado. García Ortiz aportó otra razón para no responder a las preguntas del juez:

“Quisiera mencionar por qué no voy a contestar a algunas acusaciones, especialmente la acusación particular, que es quien tiene legitimidad para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, afirma el jefe del ministerio público acerca de la denuncia por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y añade: “Pienso que el querellante, bueno, no ha sido leal con los tribunales, ya que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz aludía a que la querella de González Amador había dejado fuera varios datos relevantes, como el de que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que recibió del fiscal del caso; o que González Amador habló con un periodista de El Mundo después de que se hiciera pública la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública presentada por la Fiscalía en su contra.

Durante su declaración, García ofreció un relato detallado de lo ocurrido desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés mediático por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, el día en que la Fiscalía emitió un comunicado explicando que no fue el ministerio público quien propuso un pacto, como se había difundido en el entorno de la presidenta madrileña, sino que fue el abogado quien contactó al fiscal del caso para buscar un acuerdo.

—Quiero preguntarle sobre el criterio que utilizó para decidir qué información incluir en el comunicado y qué datos debían excluirse. En el comunicado, ¿recuerda qué criterio aplicó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. Al elaborar ese tipo de información, se trata de reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han venido produciendo, pero había una circunstancia diferente. En este caso se había transmitido un correo de un fiscal, algo que desde la perspectiva del fiscal general era bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Esto me parece relevante, inaudito desde mi punto de vista, y ese correo del fiscal fue revelado entrecomillado y de allí se extrajeron consecuencias que no son ciertas. Se está sacando una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado también preguntó al fiscal general sobre una afirmación hecha días antes durante su declaración como testigo por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien había tenido un enfrentamiento con García Ortiz al comparecer como testigo. Según Lastra, en una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de la difusión del correo cuya filtración se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según su versión, respondió: “Eso no importa ahora, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—Es más, ¿podría explicarme por qué existe esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que usted me acaba de decir? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general de esa manera. Me cuesta mucho pensar que eso haya podido ser imaginado. Y, en segundo lugar, en realidad, lo he reflexionado bastante, porque se dijeron o se dijeron estas cosas y también algunas relacionadas con que la fiscal superior de Madrid era reticente respecto al contenido de la nota. No, nunca fue reticente con el contenido. Fue reticente con el hecho de que todo ya había sido revelado y expresó en sus propias palabras que hacíamos el ridículo al dar información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. La realidad que observé en las conversaciones que tuve con ella […] es que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, a mi juicio, debería haberse publicado. Eran aproximadamente las 9 y la nota no había salido aún.

El fiscal general se detuvo para detallar que tuvo dos conversaciones con Lastra esa mañana del 14 de marzo: “Una en la que me da algunas excusas. Me dice que las fechas no están bien […]. Verifico que las fechas están correctas y la vuelvo a llamar. No me coge el teléfono, no responde, tengo que contactarle por WhatsApp y decirle que es imperativo que la nota se publique. Y luego, tengo otra conversación con ella en la que sigue mostrándose reticente, pero sin más. […] Yo no doy una orden más que en los términos en que cualquiera pueda interpretarlo, si es orden o no, el término ‘imperativo’.”

García Ortiz también quiso ofrecer ante el juez “una reflexión” sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Estoy convencido, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que existe un desconcierto por parte de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la fiscalía española actualmente […] Estoy completamente seguro de que ningún fiscal de este país hizo filtraciones esa noche, y estoy convencido de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Sin embargo, lo que percibo es que la inferencia que se hace en el auto […] sugiere una coincidencia cronológica entre la publicación en unos medios de comunicación y la posesión de esos correos, en esa situación la señora Lastra está situada exactamente igual que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios de comunicación están operando […] y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera distanciarse de ese foco. Lo comprendo y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo claro, pero entiendo que humanamente ella desee separarse de esa imputación; esa es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz cuestionó la decisión del juez de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, resaltó García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo encausara por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación abierta en su contra y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo por almacenar información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería interminable relatar […] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede comprometer la seguridad de este país, indudablemente. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan tener en su teléfono móvil tanta información como la que posee el fiscal general del Estado —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de eliminar el contenido de su teléfono: “Borro todo, no solo porque ejerzo mi derecho a gestionar mi terminal como desee. Borro todo porque es una obligación legal, debemos borrar los datos de nuestros dispositivos, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, afirmó, y desmintió que lo hiciera para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también criticó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y se le incauten dispositivos. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.