Así distribuye Ayuso su presupuesto ‘triplicado’ para mujeres embarazadas.

Los chiringuitos religiosos y antiabortistas han hallado su refugio en la Comunidad de Madrid, sobre todo desde que Isabel Díaz Ayuso ocupa un asiento en la Puerta del Sol. En 2022, la región proclamó que triplicaría las ayudas destinadas a mujeres embarazadas y madres sin recursos; no obstante, estas subvenciones se han transformado en última instancia en una vía de acceso para entidades, en ocasiones ultraconservadoras.

En este contexto, entre las últimas organizaciones beneficiarias de ayudas supuestamente destinadas a este propósito se encuentran algunas más legítimas -dado que su marco ideológico no es controvertido-, es verdad; pero también existen aquellas que siguen una línea manifiestamente ultrareligiosa y ultraconservadora, las cuales, además, no ocultan.

Algunas, de hecho, como este periódico ha informado en otra cobertura, actúan como receptoras pantalla del refugio Provida, un espacio que acoge a las mujeres que asisten a interrumpir su embarazo en la clínica Dator -la primera de España autorizada para realizar interrupciones de forma segura- para disuadirlas, acosándolas con todo tipo de información que, en su mayoría, no tiene base científica.

Entidades subvencionadas por la Comunidad de Madrid

Así las cosas, este es el conjunto de entidades que, según ha podido conocer este medio de comunicación a través de datos que, por otro lado, son de carácter público, reciben fondos de la región en forma de subvención a través de la línea de ayudas mencionada anteriormente:

• Residencia Mater Admirabilis: 115.346,35 euros.
• Asociación Dual: 54.658 euros.
• Red de Acción Social Evangélica: 30.618,54 euros.
• Fundación Amigó: 22.600 euros.
• Alternativa en marcha: 64.802 euros.
• Asociación Karibu: Amigos del pueblo africano: 34.218,54 euros.
• Fundación Madrina: 51.419,08 euros.
• Fundación Golfín: 117.146,35 euros.
• Aplec: 57.000.000 euros.
• Asociación Red Madre: 66.246,07 euros.
• Asociación en Defensa de la Vida Humana Adevida: 30.618,54 euros.
• Asociación San Ricardo Pampuri: 30.000 euros.
• Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos: 44.044,84 euros.
• Movimiento por la paz, el desarme y la libertad: 59.460,34 euros.
• Asociación Provida Alcalá de Henares: 22.018,53 euros.
• Cáritas diocesana de Madrid: 59.046,07 euros.
• Asociación cultural de ayuda de la comunidad de San Egidio de Madrid: 30.618,54 euros.
• Fundación social Hijas de la Caridad: 57.800 euros.
• Fundación Acogida: 68.046,07 euros.
• Fundación María Ayuda: 66.246,07 euros.

“No parece propio de una democracia liberal”

En su particular cruzada contra el aborto, la administradora de la Puerta del Sol respondía en las últimas horas a la demanda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que varias comunidades autónomas establezcan y regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. En concreto, las regiones mencionadas por el líder de Moncloa son precisamente Madrid, junto a Aragón, Asturias y Baleares.

Ayuso contestaba a la propuesta del dirigente de Moncloa, quien catalogó la interrupción voluntaria del embarazo como “una enorme tristeza y un fracaso como sociedad”. “Ahora se habla de esto con tal frivolidad porque estamos en una campaña para encubrir todos los escándalos que rodean al presidente”, expresaba.

La política del Partido Popular aclaraba que España no debería perseguir ni señalar a nadie “por practicar un aborto o por no querer realizarlo como profesional de la salud”, aunque afirmaba que se tomará “el tiempo adecuado para responder” a la misiva, asegurando que será “certera”, al tiempo que instaba a no “estigmatizar” a nadie. “No parece propio de una democracia liberal, precisamente del mismo modo que no debería perseguirse a nadie por abortar o no hacerlo”, comentaba.

Almeida reabre el debate sobre el aborto, Ayuso lo aviva y Feijóo no puede cerrarlo

Las declaraciones de la líder provocaban un nuevo dilema al jefe del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, dado que la dirección del partido deseaba cerrar lo más pronto posible el debate reabierto por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, adaptando el discurso de Vox en este tema.

No es un secreto que los ‘populares’ han mantenido históricamente una postura contraria a este derecho que tanto ha costado conseguir para las mujeres, pero la reciente iniciativa de los conservadores en la capital ha forzado al propio alcalde a retractarse, a pesar de haber sido él quien la había adoptado tras mencionarla la ultraderecha.

En concreto, el equipo de Almeida había dado en un principio luz verde a informar a las madres sobre el llamado síndrome post aborto, una supuesta patología que no cuenta con ninguna razón médica, pero que es utilizada por las organizaciones provida para justificar su postura.

Finalmente, consciente de que había pisado un terreno que podría acarrearle problemas, el alcalde admitió que “no es una categoría científica reconocida” y que no existe la obligación de informar a las mujeres sobre este tema, aunque en caso de que ellas lo soliciten, la información sería proporcionada por profesionales del Consistorio. Sin embargo, aún no ha especificado la información a la que se refiere.

Con una mano quieren reducir los abortos, pero con la otra no hacen nada para evitar el embarazo

Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), quien critica las ayudas de Ayuso a entidades provida -consideradas como “antielección” en última instancia- lamenta que algunas de estas organizaciones apoyan “hostigar” a mujeres.

Mientras tanto, apunta que la Comunidad de Madrid se escandaliza cuando una mujer desea interrumpir su embarazo, pero que “no dispone de los recursos necesarios para prevenir el embarazo no deseado”. “Falta educación sexoafectiva; es la única región que no financia métodos anticonceptivos modernos, como la píldora postcoital, etc.”, sostiene.

Es relevante señalar que destinar dinero público a este tipo de entidades antiaborto contradice la modificación de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva del año 2023; sin embargo, estas asociaciones tienen un paraguas legal que podría justificar sus acciones.

Tal y como se detallaba en un artículo de CRÍTIC sobre este asunto, «no todas las convocatorias de subvenciones públicas estipulan en sus bases el requisito de tener una perspectiva de derechos humanos», por lo que los «discursos oficiales de estas entidades sobre proteger y acompañar a las maternidades», terminan teniendo cabida en la legalidad.