Aumenta de dos a ocho la cantidad de juzgados que han acusado a ex altos funcionarios de Ayuso en el ‘caso residencias’ | Noticias de Madrid.

El número de juzgados que han imputado a antiguos altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en el ‘caso residencias’ ha aumentado de dos a ocho, según el balance presentado este viernes por las asociaciones de familiares. Las investigaciones han sido progresivas desde mayo, cuando se dio a conocer la primera, y son resultado del cambio de estrategia legal por parte de las familias de los fallecidos durante la pandemia, quienes han sostenido el delito de discriminación en la atención sanitaria.

Las asociaciones reciben esta noticia con optimismo, aunque lamentan que, cinco años y siete meses después de los eventos, todavía no se haya dictado ni una única condena. “Hemos demostrado nuestra resiliencia y determinación en la búsqueda de esa justicia que, desgraciadamente, parece no llegar para las familias”, declaró en una rueda de prensa la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López. “Nos hemos dado cuenta de que este es un camino arduo, largo y lleno de obstáculos”.

La comparecencia tuvo lugar en la sede del equipo jurídico de las familias, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), ubicado en la calle Atocha, donde los abogados explicaron el complicado panorama procesal de este caso, que se encuentra dividido en múltiples juzgados debido a que las muertes se investigan según el lugar en el que ocurrieron. Una de las esperanzas de las familias es que la Audiencia Provincial acepte su solicitud de agrupar todos los casos en un solo juzgado.

Hasta ahora, los exresponsables madrileños han sido imputados en el juzgado número tres de Madrid, en mayo, y en el seis de Leganés, en junio. En las últimas semanas, se han añadido otros dos juzgados de la capital, otro en Alcobendas, otro en Collado Villalba, otro en Getafe y otro en Valdemoro. Los abogados no han especificado las fechas de las citaciones, pero han indicado que se llevarán a cabo en noviembre y diciembre.

Los ex altos cargos imputados son los ya mencionados anteriormente: el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, firmante de los protocolos de triaje (imputado en todos los casos); el geriatra que ocupó ese cargo posteriormente y que asistió a Mur en la redacción de esos documentos, Javier Martínez Peromingo (imputado en siete); y Pablo Busca, el exdirector general encargado de las ambulancias del Summa 112 (en seis).

Otro personaje de interés, el exasesor de Ayuso, Antonio Burgueño, no ha sido imputado en ningún procedimiento, aunque es una de las personas denunciadas por las familias. Burgueño declaró como testigo en junio en Leganés y la vista se suspendió porque el fiscal solicitó a la jueza que lo imputara.

Un juzgado que se ha integrado en las investigaciones, el de Getafe, está investigando el caso de Maite Rodríguez, la hija de un fallecido cuyo testimonio fue calificado de falso por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (alias MÁR). En marzo, el estratega de la presidenta publicó unos tuits cuestionando las visitas de ella y otros hijos que aparecieron en el programa Lo de Évole a sus padres. Además, respecto a ella, afirmó que había comprobado que no tenía a su madre en una residencia madrileña.

El caso residencias ha cobrado un fuerte impulso este año tras haberse estancado en los primeros cinco años. Las familias anunciaron acciones legales pronto, en abril de 2020, cuando comenzaron a revelarse detalles sobre el estricto triaje que había impuesto la Consejería de Sanidad en las casi 500 residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ningún juez tomó acciones contra los cargos políticos y casi todas las querellas presentadas en ese momento han sido archivadas.

El avance se produjo tras la presentación de una denuncia colectiva por 109 familiares en la Fiscalía hace justo un año (algunos de ellos eran familiares que ya habían presentado querellas anteriormente) por un delito que no había sido considerado antes: la denegación de acceso a un servicio público por motivos discriminatorios. La pena para funcionarios públicos por este delito oscila entre 15 a 24 meses de cárcel, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación temporal para ejercer un cargo público.

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