Aumento de la seguridad policial en el Ayuntamiento de Madrid: el acoso se mueve de las redes sociales a las calles | Actualidad en Madrid

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha comentado en los últimos días sobre un parque en el distrito de Arganzuela, las entradas para visitar monumentos en Madrid y ha compartido una foto histórica de París. A simple vista, ninguno de estos temas resulta polémico. Sería complicado hallar a alguien que odie los parques o los monumentos. En su rol de geógrafo y urbanista, Giraldo ha estado divulgando contenidos educativos sobre estos temas durante años. Sin embargo, el 10 de marzo se encontró con una reacción inesperada en sus redes. “Sabemos dónde trabajas”, “vamos a ir a por ti”, escribieron varios usuarios. Esta situación lo llevó a solicitar protección policial, que le fue concedida de inmediato.

¿Cuál fue la publicación que desató la discordia? Un hilo sobre una sentencia judicial que anulaba un plan urbanístico municipal en el lugar de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Esta decisión fue polémica y tomada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, cuya suspensión impacta a más de 400 cooperativistas que ya han abonado por la construcción de viviendas. “Lo de recibir insultos en redes me había pasado antes, es algo habitual, pero nunca hasta ahora había llegado al nivel de que me amenazaran de muerte y eso me asustó”, comenta el edil por teléfono.

Giraldo explica que todos los concejales cuentan con un sistema de contravigilancia de la policía municipal que está regularmente atento a los actos públicos. Sin embargo, esta vez, el edil socialista solicitó un refuerzo de protección, que fue organizado de inmediato. El lunes pasado, durante la comisión de urbanismo donde también se abordó el asunto de Cuatro Caminos, el equipo policial aumentó su presencia y vigilancia. “Normalmente paso y me olvido, pero esta vez quise llevarlo al debate público porque siento que la agresividad va en aumento. No solo me ocurre a mí; sé que Enma López, quien tiene un perfil más visible, recibe estas amenazas continuamente, al igual que Reyes (Maroto)… Y lo de Rita (Maestre)”.

Giraldo se refiere a la situación que ha vivido desde hace un año la portavoz municipal de Más Madrid, quien hizo público su caso el pasado 5 de marzo. La concejal reveló que hombres han aparecido en su casa en altas horas de la madrugada, a veces borrachos, mientras ella estaba con sus hijas o durante su último embarazo. La policía investiga quién pudo haber filtrado los datos de Maestre en un chat de Telegram donde alguien interactúa con usuarios haciéndose pasar por una mujer que oferta servicios sexuales. Debido a este acoso en su hogar, Maestre cuenta con escolta, algo que hasta ahora había preferido evitar.

La situación en Madrid escapa a la norma de la generalmente tranquila política municipal. Fuentes municipales confirman que no solo se ha reforzado la protección de Giraldo, sino que han surgido más casos tanto en el equipo de Gobierno como en la oposición, sin ofrecer más detalles. En el Ayuntamiento de Madrid, tanto el alcalde como los delegados cuentan con escolta de manera habitual. Más Madrid también menciona que su equipo jurídico ha presentado varias denuncias por acoso a políticos en pequeños municipios. Actualmente hay una en curso por un caso de acoso físico a un edil en un pueblo. El partido prefiere no ofrecer más información por la “protección” del concejal.

Desde 2011, con el cese de ETA, los ayuntamientos han ido renunciando gradualmente al servicio de escolta, normalmente proporcionado por policías nacionales o trabajadores de seguridad privada. En muchos casos, ni siquiera los alcaldes cuentan hoy con protección. Precisamente donde más escoltas existían, ahora es donde menos se observan: en todo el País Vasco no hay un solo edil con protección, según indica el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El Ministerio del Interior se escuda en la protección de datos para no divulgar una lista de personalidades con escolta asignada, pero el año pasado modificó el criterio para determinar quiénes deberían contar con esta medida de protección. Este cambio se realizó para actualizar los criterios a la situación actual, que ha transicionado de una amenaza tangible, como un pistolero de ETA, a otra más difícil de evaluar que incluye amenazas en las redes sociales.

Más allá del caso de Madrid, no existe constancia en las cinco principales ciudades del país de situaciones actuales en las que se haya requerido un servicio de protección policial debido a acoso, amenazas u otros delitos en los que puedan ser víctimas los políticos. En Barcelona se reforzó este servicio para los ediles del PP, PSOE y Ciudadanos en los años tensos del Procés, pero en 2018 se consideró que el peligro había cesado.

“Lamentablemente, la política municipal de Madrid está trastocada por la política nacional. Esto siempre ha sido así, por el centralismo en general y el mediático en particular. Actualmente, somos como una línea de fuego del Gobierno de España, el ‘sanchismo personificado’, como se esfuerza en llamarnos el PP”, señala Giraldo como una de las posibles causas de que los políticos locales sean más blanco del odio.

“Este fenómeno ocurre en muchos países cuando hablamos de polarización; una de las cuestiones que entran en juego es la nacionalización del debate. Una posible solución es reconducir la discusión a un tono más habitual en la política local y regional, centrándose en cuestiones prácticas y concretas, y reducir el enfrentamiento nacional”, explica Luis Miller, sociólogo, investigador del CSIC y autor de Polarizados. A pesar de que las redes amplifican esa división, Miller sostiene que no todo puede atribuirse a ellas: “Soy reacio a culpar a lo digital porque, al discutir esto, siempre es pertinente recordar los escraches como acciones políticas y el debate que generaron. Una intromisión en la vida privada de una persona no es aceptable”.

Hatemedia es un observatorio del discurso de odio en los medios digitales en España, gestionado por la Universidad Internacional de La Rioja. Han analizado miles de mensajes en el entorno de los políticos a lo largo de los años y una de sus conclusiones es que el odio se concentra en pocos usuarios, pero con un nivel alto de viralidad. “Estamos en un contexto donde más del 70% de los jóvenes accede a información a través de redes sociales. El poder que esto tiene en la formación y el mantenimiento de un escenario de polaridad es considerable, y encontramos personas atrapadas en sus propias realidades, alimentadas por prejuicios”, explica Elías Said-Hung, catedrático de sociología e impulsor de Hatemedia. Esto, en su opinión, podría conducir a situaciones extremas como el asesinato de la política laborista británica Jo Cox en 2016 a manos de un hombre obsesionado con ideas nazis, o de la congresista demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo en un acto de “violencia política”. Situaciones que espera no se repitan en España.