Ayuso acelera la reducción de la deuda de Madrid con Quirón, logrando un recorte de 577 millones en siete años | Noticias de Madrid

La Comunidad de Madrid debe un total de 427 millones de euros a los cuatro hospitales públicos gestionados de forma privada por el grupo Quirónsalud en la región, según el informe anual del ejercicio 2025 del gigante sanitario global Fresenius, propietario de la red de centros sanitarios Quirón en España desde 2017. Esto posiciona a la Administración autonómica como el segundo mayor deudor del conglomerado, representando un 12% del total de la deuda. Las cuentas de Fresenius, que son auditadas anualmente al ser una empresa cotizada, indican que la deuda de Madrid ha disminuido rápidamente desde que Isabel Díaz Ayuso asumió el poder: de 1.004 millones al cierre de 2019 a 427 millones en 2025, la cifra más baja desde que la compañía española se integró a la alemana (2017) y un 6% menos que el año previo. Esto implica una reducción total de 577 millones en siete años. Cabe destacar que esta cifra no es neta: Madrid ha logrado saldar una gran parte de deudas anteriores, mientras acumulaba otras nuevas, hasta llegar a este saldo.

Quirónsalud opera 57 hospitales e ingresa más de 5.000 millones anuales por sus actividades en España y Latinoamérica. Cuatro de estos hospitales se encuentran al servicio de los madrileños y también de quienes optan por el sistema de libre elección establecido por el PP en la Comunidad de Madrid. Estos son la Fundación Jiménez Díaz, ubicada en la capital, y los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro. La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de titularidad de Quirón, que opera bajo un convenio, mientras que los otros tres son hospitales públicos cuya gestión fue delegada a la compañía a través de una concesión pública.

A finales de febrero, el presidente y CEO de Quirónsalud, Víctor Madera, comunicó en un correo a sus empleados que habían obtenido “resultados financieros excelentes para el año 2025″. Esta afirmación no fue casual: el negocio hospitalario en España generó entre octubre y diciembre de 2025 un ingreso del 11% más que el año anterior, alcanzando los 1.491 millones de euros gracias a “fuertes niveles de actividad y a acuerdos de pagos a fin de año”, sin revelar quiénes fueron los pagadores.

Es indudable que la Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo de Gobierno del año, el 23 de diciembre, una serie de pagos a Quirónsalud que sumaron casi 500 millones de euros, como parte de sus acuerdos para atender a la población madrileña. Además, es razonable suponer que el ritmo de los pagos se mantendrá en 2026.

Por ejemplo, en el consejo de gobierno del 25 de febrero se aprobaron 17,7 millones de euros en pagos atrasados que Madrid debía a Quirón: 10,9 millones correspondieron a una sentencia favorable a la empresa por la demora en la aprobación de liquidaciones y pagos a cuenta de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2021 de la Fundación Jiménez Díaz; mientras que 6,8 millones se debían a otra decisión judicial relacionada con la devolución de los importes abonados por IVA facturado y pendiente de reintegro entre 2012 y 2014 en el hospital de Móstoles.

La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón enfrenta una triple controversia. En primer lugar, se considera un ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario. En segundo lugar, el conglomerado recibe cientos de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, quien está siendo investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia, lo que ha suscitado inquietudes sobre su relación con uno de los directivos del grupo. Por último, la opacidad de un sistema que está sujeto a constantes litigios administrativos y judiciales ha llevado a que el gobierno de Díaz Ayuso haya tenido que lidiar con deudas acumuladas en tiempos en los que, por ejemplo, Cristina Cifuentes estaba al frente (2015-2018).

Laboratorio

Sin embargo, Fresenius, al ser una empresa cotizada, está obligada a auditar anualmente sus cuentas e informar las conclusiones a sus accionistas. En el caso de 2025, la compañía incluye en su informe un total de 3.558 millones de euros en el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, donde se recogen las partidas cuyo cobro ha sufrido retrasos o se considera en riesgo. De esa cifra, un 12% —427 millones— corresponde al cierre del año pasado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid”.

La deuda de Madrid ha acompañado al grupo desde 2017, año en que adquirió Quirón. Desde entonces, Fresenius registró que la región le debía 558 millones. En 2017, la cifra se elevó a 785 millones. Entre 2019 y 2021, superó los 1.000 millones, alcanzando un récord de 1.248 en 2020. En 2022, se redujo a 701 y en 2023 se estableció en 918. Actualmente, la deuda se sitúa por debajo de los 500, como en 2024.

Los datos reflejan el compromiso de la administración actual por reducir la deuda en un sistema que la genera constantemente y que arrastra a lo largo de los años: mientras la cifra continúa aumentando cada año (debido al uso y expansión de los servicios, como probablemente sucederá ahora con la concesión de un laboratorio) se busca, a la vez, disminuirla (al aumentar la frecuencia de los pagos).