Ayuso aprueba el plan de Almeida para reorganizar los apartamentos de Airbnb: el 73% de los edificios en el centro serán aptos para uso turístico.

Este jueves 4 de septiembre ha comenzado a regir en Madrid la normativa que el Ayuntamiento aprobó en mayo para intentar reorganizar los alojamientos turísticos en la ciudad. Hace una semana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad dio su aprobación a esta regulación municipal. Con la publicación hoy del texto en el Boletín Oficial regional, entra en vigor de manera definitiva.

El Plan Reside, como se denomina esta modificación normativa del Gobierno de Almeida, busca separar a turistas de residentes, prohibiendo los pisos Airbnb dispersos en el centro de Madrid. A cambio, se permitirá la utilización de edificios completos para apartamentos turísticos bajo ciertas condiciones. En la periferia (toda la zona que no forma parte de la almendra central, es decir, fuera de la M-30), su estrategia es permitirlos en bajos, sótanos o plantas bajas. Estas son sus principales características.

En teoría, el plan de Almeida es más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante la alcaldía de Manuela Carmena. Permite las VUT en menos lugares que antes y prohíbe totalmente algunas áreas que hasta el momento podían operar legalmente bajo la suspensión de licencias para actividad turística. Sin embargo, también abre la puerta a algo que antes no existía: la posibilidad de convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo cual podría aplicarse al 73% de los bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio realizado por el PSOE.

Aunque es poco probable que realmente tres de cada cuatro edificios del centro se transformen en alojamientos para turistas, lo que realmente preocupan a los partidos de oposición y a las asociaciones vecinales es el riesgo de que muchos bloques de viviendas en alquiler sean despojados de inquilinos para dar paso a turistas. Esto ya está ocurriendo en lugares como Mesón de Paredes 88, General Lacy 22, Tirso de Molina 20 o Trafalgar 22, donde los propietarios han expulsado o intentan echar a los residentes con contratos a largo plazo para convertir sus propiedades en alojamientos turísticos, que son más rentables.

Ante la posibilidad de que fondos de inversión compren bloques completos para dedicarlos al turismo, los socialistas lo han apodado “Plan Especula”, mientras que Más Madrid lo designa como “Plan Expulsa”, alertando que hasta 315.000 pisos podrían convertirse legalmente en turísticos en Madrid, en comparación con los 15.000 que existen actualmente.

Otra de las críticas recurrentes de la oposición es que el plan tampoco asegura el cierre de los miles de apartamentos ilegales que funcionan en Madrid. El área de Urbanismo adoptó sanciones más severas, de hasta 100.000 euros, contra propiedades Airbnb sin licencia, pero en los primeros seis meses de estas sanciones, el número de viviendas turísticas sin licencia ha aumentado por miles, según datos del propio Ayuntamiento.

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderada por Borja Carabante, defienden que el objetivo del plan es “proteger la calidad de vida del residente en la ciudad sin despreciar el desarrollo económico”. Aseguran que la normativa busca “recuperar e incrementar el parque de vivienda destinado al uso residencial habitual en la zona central”, subrayando que, además de regular la actividad turística, el Ayuntamiento ofrece ventajas urbanísticas para convertir edificaciones de uso terciario en uso residencial, con incentivos como el aumento de la edificabilidad existente. Finalmente, también se permite la transformación de equipamientos dotacionales privados, catalogados y obsoletos en uso residencial (alrededor de 210 en el centro histórico) para viviendas de alquiler asequible o coliving.

El PSOE califica la normativa que ha entrado en vigor de “Plan Expulsa”, denunciando que esta modificación representa una gran recalificación en toda la ciudad, al permitir usos más rentables en inmuebles que antes solo podían destinarse a residentes, lo que podría incrementar el valor de estas propiedades y el precio de las viviendas. También implica la legalización de numerosas actividades turísticas que llevaban años operando sin licencia municipal, sobre las cuales el Ayuntamiento había tenido dificultades para actuar debido a la capacidad legal de las empresas que las gestionan, que suelen recurrir a multas y emplear diversos argumentos legales para prolongar los procesos sancionadores.

Con la implementación del Plan Reside, el Ayuntamiento de Madrid permite que muchos edificios ubicados en calles principales se transformen en turísticos mediante un simple cambio de licencia. Un estudio del PSOE estima que esto afectará a 2.831 edificios, lo que representa el 17% del total en el casco histórico de Madrid, que incluye los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, parte de Retiro y parte de Arganzuela. Asimismo, también podrán solicitarlo los edificios en calles más secundarias, con la misma solicitud de licencia pero con una limitación teórica de 15 años. Estos constituyen el 39%, es decir, 6.637 bloques de viviendas.

Por último, existe un tercer grupo de edificios que podrá convertirse completamente en Viviendas de Uso Turístico (VUT) mediante la solicitud de un plan especial, debido a su alto grado de protección. Este grupo representa el 17% (2.800 bloques). Solo el 27% queda exento de la posibilidad de conversión en alojamientos Airbnb (4.438 edificios).