Ayuso critica la regularización de inmigrantes: “Generará complicaciones en la gestión de ciertos servicios públicos” | Noticias de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha expresado este miércoles su firme oposición a la regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados aprobada por el Gobierno de España, que es cuestionada por la derecha, representada por el PP, y la extrema derecha liderada por Vox. La presidenta de Madrid considera que esto es una “burla a la ley” y un “homenaje a la impunidad”. Desde su perspectiva, la medida extraordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada en el Consejo de Ministros por decreto sin pasar por las Cortes, “no se vincula al mercado laboral y generará dificultades graves en la gestión de ciertos servicios públicos”.

En esta ocasión, Ayuso se encuentra en desacuerdo con la Iglesia católica, con la que comúnmente comparte posturas. Este rechazo a la regularización indica un cambio en la posición del PP, que en 2024 votó a favor de una iniciativa legislativa impulsada por la Conferencia Episcopal. La presidenta ha abordado este tema con contundencia: “Esto resulta en un sobrecoste para la Administración. A estas personas se las atendía en servicios de urgencia y emergencia, así como en sanidad o educación obligatoria. Ahora se agregan otras prestaciones, mientras el Gobierno lanza cifras: 500.000 (inmigrantes). Según Funcas (un think tank), 850.000”.

Según su opinión, esto afectará al funcionamiento de residencias de ancianos, servicios de dependencia, vivienda pública y educación obligatoria. “Esto se está implementando con fines electoralistas, sin ningún rigor. (…). Esto es una trampa para modificar el censo electoral”, ha reiterado. Este último argumento coincide con las declaraciones de J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y otros miembros de la Casa Blanca, quienes sostienen que los demócratas buscan cambiar la demografía en su país para asegurar victorias electorales futuras, suponiendo que los regularizados, que en el futuro podrían votar, tienden hacia la izquierda.

Ayuso ha ido más allá y ha calificado la regularización como “injusta” para los inmigrantes que han estado trabajando en España de manera legal y con paciencia. También ha observado que jueces y policías se han manifestado en contra de la medida. Aclaró que no apoya las expulsiones masivas: “Nada exaltado lleva a buen puerto, la demagogia debilita al Estado de Derecho”.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de su Gobierno, que se realiza todos los miércoles—en esta ocasión en San Sebastián de los Reyes—también se ha pronunciado sobre el accidente ferroviario en Córdoba, que resultó en la muerte de 45 personas. Sin mencionarlo directamente, hizo referencia al homenaje laico que el Gobierno central se vio obligado a suspender por no alcanzar consenso con las víctimas y sus familiares. Ella ha dejado claro que debe hacerse “una misa en señal de duelo”. “La forma que siempre hemos tenido en España de despedirnos y honrar a los muertos”, añadió.

Para Ayuso, el Gobierno “intenta comprar a las víctimas de los trenes”. Hace tres días, Pedro Sánchez aprobó ofrecer 72.000 euros a fondo perdido por cada una de las víctimas mortales y anticipar otros 72.000 euros por el seguro de responsabilidad civil, a lo que se sumará un monto adicional por la cobertura obligatoria. Los heridos recibirán entre 4.800 y 168.000 euros. Por alguna razón, la presidenta se ha mostrado insatisfecha con esta compensación. “No le va a devolver la vida a nadie”, concluyó.