Ayuso da inicio al proceso para establecer un registro de médicos objetores al aborto en Madrid.
La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles, a través de su Portal de Transparencia, un borrador de una orden de la Consejería de Sanidad que busca establecer un registro de profesionales médicos que se declaran objetores de conciencia respecto al aborto. Este documento se encuentra en un proceso de consulta pública que estará abierto durante 30 días hábiles.
Con este procedimiento, se inicia formalmente la creación de dicho registro, en cumplimiento de lo indicado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este tribunal ha instado a la administración autonómica a desarrollarlo e implementarlo tal como se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) el 16 de diciembre de 2024.
Durante el periodo de consulta, que comienza a contar desde el día siguiente a su publicación, el 1 de abril, las contribuciones de los ciudadanos deberán enviarse a través del Portal de Participación de la Comunidad de Madrid.
Además, se podrán presentar sugerencias por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esos casos, las propuestas deberán dirigirse a la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad.
Es importante recordar que el pasado 9 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó al Gobierno autonómico, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que iniciara sin demora el proceso necesario para crear este registro de objetores en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó en ese momento las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad, tras la negativa del Gobierno regional a aplicar la normativa vigente en materia de aborto.
En su resolución, el tribunal aclaró que, si bien no se requiere la implementación inmediata del registro, sí se exige a la Comunidad de Madrid la activación de los procedimientos administrativos correspondientes para su desarrollo e implementación, conforme a la legislación vigente.



