Ayuso reafirma su rechazo a la Ley de Memoria y reitera que no se instalará una placa en Sol.

El enfrentamiento institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid respecto a la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática sigue sin encontrar una solución. En lugar de apaciguarse, la disputa podría agudizarse en 2026, dado que el Ejecutivo autonómico ha manifestado claramente que no permitirá la colocación de ninguna placa conmemorativa en la fachada de este edificio, que es la actual sede del Gobierno regional.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió en octubre declarar unilateralmente la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, dada su función como antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo. No obstante, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han rechazado completamente esta calificación, argumentando que el expediente administrativo está “caducado” y es “inviable”. “Para nosotros el caso está claro y cerrado: no se puede declarar nada”, han afirmado fuentes del Gobierno madrileño.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, no han especificado fechas sobre cuándo se llevaría a cabo la instalación de la polémica placa. Tampoco han notificado oficialmente al Gobierno regional acerca de sus planes, antes o después de que la declaración se hiciera pública en el Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de octubre. Fuentes ministeriales apelan al “principio de cooperación y lealtad administrativa” y han enfatizado que la colocación de la placa será un imperativo legal. «Lo que es un hecho es que el lugar ya es Lugar de Memoria. Lo que no es normal es que, siendo así, la Comunidad se niegue a reconocerlo con una placa», han declarado.

El Ejecutivo central asume que la placa se instalará “antes o después”, ya que considera que la Comunidad de Madrid debe colaborar. Sin embargo, desde Sol han advertido que dicha situación no es viable. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha argumentado que la actuación del Gobierno central fue irregular desde el principio y recuerda que el caso está en espera de resolución en el Tribunal Constitucional.

Entre los postulados de la Comunidad se encuentra el hecho de que el expediente ha sobrepasado el plazo máximo legal, con más de un año entre su apertura y su publicación definitiva en el BOE. Además, han denunciado una “falta de lealtad institucional” por la total ausencia de comunicación previa y han subrayado que la Real Casa de Correos cuenta con la máxima protección patrimonial como Bien de Interés Cultural, lo que, según ellos, impediría la instalación de cualquier elemento sin la autorización autonómica correspondiente.

Fuentes del Gobierno madrileño han señalado que “la mera incoación del procedimiento de declaración de la Real Casa de Correos, sin previo aviso ni negociación por parte de la Administración estatal, y afirmando en dicha resolución que solo se proponen medidas de baja intensidad, es, en sí misma, una grave injerencia e intromisión no solo en el derecho de propiedad de la Comunidad de Madrid sobre este inmueble, sino, especialmente, en sus competencias de autoorganización, gestión de sus bienes demaniales y patrimoniales, vigilancia de sus edificios e instalaciones, así como en la regulación y protección de los bienes de su Patrimonio Histórico y Cultural.

Este choque competencial ha culminado en los tribunales: la Comunidad presentó un recurso ante el Constitucional en febrero por una presunta invasión de competencias, mientras que el Gobierno central respondió en marzo impugnando la ley autonómica que restringía la declaración estatal del edificio. En este último caso, el Constitucional levantó en julio la suspensión cautelar de la norma madrileña.

Un símbolo en disputa

La Real Casa de Correos fue uno de los símbolos destacados por el Ejecutivo en el denominado ‘Año Franco’, con ocasión del 50 aniversario de la muerte del dictador. En la resolución publicada en el BOE, el Gobierno justifica la declaración por el papel del edificio como “símbolo de la represión del régimen franquista”, dado que sirvió como un lugar de detención, interrogatorios y torturas durante la dictadura.

«Desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, sobre todo durante la dictadura franquista. Este edificio, situado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos», se expresa en la resolución publicada en el BOE.

A pesar de ello, la Real Academia de la Historia emitió un informe – a solicitud del propio Ministerio – que cuestionó la vinculación exclusiva del edificio con el franquismo: «Este informe, que comprende bien las razones alegadas para declarar lugar de memoria democrática la ‘Extinta Dirección de Seguridad franquista’, asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualquiera que hayan sido sus funciones posteriores, con la historia – moral y políticamente admirable, y por ello de conocimiento general – de la Ilustración española, y con la misma centralidad, ya mencionada, que la Puerta del Sol tuvo, especialmente desde el siglo XIX, en la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España.»

Aunque reconoció el papel represivo del edificio durante la dictadura, también evocó episodios previos de violencia política en la etapa republicana y hechos como el atentado de ETA de 1974 en la cercana calle del Correo: «Igualmente es cierto, no cabe olvidarlo, que a la también extinta Dirección General de Seguridad republicana, situada en el mismo edificio que la franquista, pertenecían algunos de los integrantes del grupo de personas (guardia de asalto y milicianos incontrolados) que el 13 de julio de 1936 secuestraron y asesinaron en Madrid al líder de la ultraderecha monárquica, José Calvo Sotelo; y que, debido a su localización donde estaba la Dirección General de Seguridad franquista, ETA perpetró el 13 de septiembre de 1974 el trágico atentado de la calle Correo de Madrid, que causó la muerte a 13 personas e hirió a medio centenar más”.

La Comunidad de Madrid ha incorporado este informe a su recurso ante el Constitucional, defendiendo que el inmueble está “completamente resignificado” como sede institucional y “casa común de los madrileños”. Mientras aguardan el fallo del alto tribunal, desde Sol aseguran que defenderán sus competencias “hasta el final”. La colocación de la placa se perfila como un nuevo campo de batalla político e institucional en la antesala del próximo ciclo electoral.