Ayuso rechaza actualizar las proporciones establecidas hace 35 años.

Es ampliamente conocido que las residencias de la Comunidad de Madrid representan uno de los puntos débiles de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la pandemia, cuando los llamados protocolos de la vergüenza -que restringieron el traslado de mayores a hospitales- resultaron en el fallecimiento de 7.291 personas.

Lo que para muchos era evidente ha sido confirmado recientemente por la jueza, quien, en un auto al que tuvo acceso ElPlural.com, afirmó que la base de lo sucedido en estos centros en 2020 se originó en la gestión del equipo de la baronesa. No obstante, el maltrato en estos establecimientos se puede extender a varios aspectos, como los menús ofrecidos a los internos o las condiciones a las que se enfrentan los profesionales.

«Es una cuestión de humanidad»

En este sentido, es importante señalar que la región madrileña todavía se rige por unas ratios de hace 35 años, tal como ha señalado Más Madrid en un escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea que ha hecho público. Fuentes del partido lamentan en declaraciones a este periódico que los criterios que determinan la cantidad de personal que cuida de los mayores están “diseñados para residencias de personas semiautónomas, a pesar de que hoy más del 80% de quienes viven en ellas tienen más de 83 años y requieren cuidados continuos”.

“Denunciamos una situación de abandono institucional. Mientras la población residente envejece y aumenta su grado de dependencia, la Comunidad de Madrid mantiene una normativa de personal completamente desfasada, que condena tanto a los mayores como a las trabajadoras a una sobrecarga inasumible”, expresan.

El partido liderado regionalmente por Manuela Bergerot pide “una cosa obvia” y “de sentido común”. “Es un compromiso moral: la eliminación de unas ratios obsoletas y la aprobación urgente de unas nuevas que garanticen una atención digna, con más personal por residente y con condiciones laborales justas para quienes cuidan”.

El partido que ha tomado una postura firme contra esta situación asegura que “no se puede hablar de calidad asistencial ni de dignidad si una trabajadora tiene que atender a diez personas a la vez”. “Debemos adaptar las ratios al nivel real de dependencia, mejorar las condiciones del personal y asegurar que el sistema público de cuidados esté a la altura de la sociedad madrileña que deseamos. Es una cuestión de humanidad y derechos; y pedimos al PP que por una vez se tome en serio la situación de las residencias”, concluyen.

La petición

La izquierda exige a la administración de la Puerta del Sol “personal suficiente con la titulación y experiencia necesaria”, en cumplimiento de un Decreto de 1990 cuyas ratios, en aquel momento, podían ser “razonables”, pero que actualmente carecen de sentido.

El documento, elevado al organismo dirigido por Enrique Ossorio, ex responsable de Educación de la Comunidad de Madrid, señala cómo desde la aprobación de la Ley de Dependencia (2006), el perfil de los usuarios geriátricos ha cambiado “profundamente”. Ahora, la media de edad supera los 83 años y el 80% de los internos presenta algún grado de dependencia, requeridos cuidados integrales, tanto físicos como sanitarios y emocionales, refuerzan.

A esto se suma que la mencionada normativa introdujo, como destaca el escrito, el concepto de acreditación, dirigido a “los centros y servicios privados no concertados que ofrezcan servicios para personas en situación de dependencia”, conforme a los artículos 16.3 de la Ley en relación a los artículos 14.3 y 17. “Se trata de un concepto de acreditación que está inminentemente vinculado a la Prestación Económica Vinculada al Servicio, pensada para ‘cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia”.

Dos años después, se aprobó el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, que establecía unas ratios de 0,27-0,28 para gerocultoras y del 0,45-0,47 para el resto del personal con la finalidad de que una residencia sin plazas pudiera considerarse acreditada. Cabe recordar que Madrid no votó en contra de la resolución.

Otras cuestiones “obsoletas”

Además, la CAM no ha actualizado la normativa conforme al acuerdo en esta materia adaptada a 2022, la cual establece ratios concretas e incluye una actualización para el personal de atención directa, sin importar el nivel.

Volviendo a la ley de la década de los 90, hay que mencionar que fue diseñada en un contexto incluso anterior a los estándares europeos de atención sociosanitaria, lo cual permite en la práctica que las residencias privadas que no tienen plazas concertadas operen con plantillas desfasadas.

La propia Comunidad lo reconoce

La propia Comunidad de Madrid ha reconocido que las inspecciones que continúan realizando en la región se basan en la normativa de hace 35 años. “Resulta imprescindible derogar y sustituirla por una regulación adaptada a la realidad actual, a los compromisos del Estado español en materia de dependencia, a los estándares de la OMS sobre atención centrada en la persona y a la normativa de la CAM”, concluye la Proposición No de Ley (PNL).