Ayuso rechaza establecer un registro de objetores al aborto y delega la decisión en los jueces | Noticias de Madrid

La Comunidad de Madrid ha anunciado que no implementará el registro de objetores de conciencia respecto al aborto, dejando esta decisión a los tribunales. «En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no estos procedimientos», declaró este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una rueda de prensa. «Preferimos que sea un tribunal el que determine lo que se debe hacer en lugar de un Gobierno sectario», agregó.

Hoy finalizaba el plazo de un mes que había concedido el ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez para que Aragón, Madrid y Las Baleares establecieran el registro de médicos que se niegan a realizar abortos voluntarios en hospitales públicos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no lo llevará a cabo y que desacatará dicha orden. La presidenta se declara en rebeldía y, por lo tanto, no cumplirá con la ley. El Gobierno central había establecido un periodo de 30 días para la creación de la base de datos con los nombres de los implicados, la cual no se ha materializado.

La decisión no ha sido sorprendente para nadie. La Comunidad de Madrid ya había advertido que sus servicios jurídicos estaban analizando la cuestión. El portavoz del Gobierno había manifestado en octubre que dicho registro «no es útil en absoluto». Matute lo ha confirmado hoy. Sin embargo, los argumentos expuestos por la consejera no concuerdan con el funcionamiento de esta base de datos. El acceso a esa información es limitado y no se indaga sobre la razón de la objeción. El Gobierno central argumenta que, en realidad, sirve para garantizar el derecho de las mujeres a abortar, tal como establece la ley.

El tema ha suscitado una gran polémica desde octubre. En esa ocasión, Ayuso pronunció una frase que sorprendió a muchos: «¡Váyanse a otro lado a abortar!». Sonaba a un mensaje de épocas pasadas, cuando el aborto era ilegal en España y las mujeres debían hacerlo clandestinamente en Londres, donde era permitido desde 1967. Ese periodo de viajes a Inglaterra se intensificó en la década de los 60, durante la dictadura, y continuó en democracia hasta mediados de los años 80. En 1985 se legalizó el aborto bajo tres circunstancias: violación, malformaciones fetales y riesgo psicológico o físico para la madre. Finalmente, en 2010 se aprobó la posibilidad de hacerlo de manera libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de problemas de salud.

Con ese mensaje, la presidenta de Madrid desautorizaba, de paso, a su consejera de Sanidad, quien inicialmente había afirmado que sí cumplirían con la ley. Ahora ha quedado claro que no será así. La oposición en Madrid, compuesta por el PSOE y Más Madrid, ha enfatizado que se debería llevar a cabo ese registro. Pero Ayuso ha sido contundente: «No voy a elaborar una lista de médicos. Nunca. Nunca (aunque este no sea el espíritu del registro, que es obligatorio tras la reforma de 2023 que modificó la de 2010)».

Estos registros permiten organizar y adaptar la gestión de este derecho. Su objetivo es evitar la discriminación tanto de los objetores como de los no objetores. Esto previene que estos últimos se dediquen únicamente a esa tarea. Los datos no se recopilan a nivel nacional, sino que deben ser gestionados por las comunidades autónomas. Madrid, por el momento, no lo llevará a cabo.

(Noticia en desarrollo).