Ayuso utiliza la preocupación por la ocupación de viviendas, pero solo una veintena de afectados solicita asistencia por tener okupas en Madrid | Noticias de Madrid

Si Pedro Sánchez tiene su Manual de Resistencia, Isabel Díaz Ayuso cuenta con su Manual de Oposición. El lunes fue un claro ejemplo. Ese día, el presidente del gobierno anunció bonificaciones fiscales para los propietarios que mantengan los alquileres sin incremento para sus inquilinos. Rápidamente, el gobierno de Díaz Ayuso en Madrid reaccionó criticando la medida. “Primero hay que derogar la ley de vivienda”, declaró el número dos de la baronesa, Miguel Ángel García Martín. “Y en segundo lugar, deben existir garantías, seguridad jurídica; no se debe proteger al okupa, sino al pequeño ahorrador”. Así, el portavoz del gobierno volvió a hacer referencia al fantasma de la okupación, que Díaz Ayuso mantiene en la agenda a través de discursos, reuniones con afectados y anuncios de medidas para abordar esta problemática. Sin embargo, las magnitudes que se le atribuyen a este delito en Madrid no se reflejan en los datos: por ejemplo, solo alrededor de una veintena de personas se benefician de la bonificación por el agua del Canal de Isabel II, según documentos oficiales a los que accedió EL PAÍS.

Los datos son los siguientes: entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, se bonificaron únicamente 15 contratos de viviendas ocupadas ilegalmente. Nueve de ellos en Madrid capital, dos en Fuenlabrada, otros dos en Los Molinos, y uno en Arganda del Rey y Coslada, respectivamente. Estos números no indican un aumento significativo del problema; por el contrario. El importe total de esas bonificaciones en los últimos años fue de 6.543 euros en 2023, 3.820 en 2024, y 4.356 entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025. En comparación, las bonificaciones para familias numerosas o exenciones sociales superaron en todos esos años el millón de euros.

“Los datos oficiales del Canal de Isabel II desmienten el alarmismo del Gobierno regional sobre la ocupación”, asegura Diego Cruz, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, refiriéndose a una ayuda para la cual se requiere haber iniciado un procedimiento por allanamiento o usurpación de vivienda, o para la recuperación posesoria frente al particular que ha ocupado sin derecho (ya sea anteriormente o en la actualidad). “La ocupación ilegal es un fenómeno marginal, y usarlo como eje de debate público es una estrategia deliberada que emplea la mentira como argumento para ocultar el fracaso de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid”, añade. “Mientras se exagera un problema residual, algo que no debería ser excusa, aunque afecte a una sola persona y deba ser atendido con urgencia, el Gobierno regional mantiene casi 800 viviendas vacías, deterioradas o bajo el control de redes delictivas, sin actuar ante esta situación, mientras más de 20.000 personas esperan un alquiler público”, critica. Y concluye: “No hay emergencia por ocupación, hay una emergencia habitacional generada por decisiones políticas”.

Este medio solicitó la opinión del gobierno regional para conocer su interpretación de los datos. “Para la Comunidad de Madrid, el tema de la ocupación de viviendas es muy serio”, fue la respuesta de un portavoz.

En junio, la viceconsejera de Justicia y Víctimas, María del Carmen Martín García-Matos, afirmó en la Asamblea que “más de 9.000 viviendas (de un total de tres millones) están ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid”. Esta cifra contrasta drásticamente con la que proporciona el gobierno central, basado en estadísticas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que a través de un portavoz establece en 1.096 las viviendas ocupadas entre enero y junio de 2025.

Ese día de junio, en la Asamblea, la viceconsejera de Ayuso no detalló cuántas de esas 9.000 viviendas que definió como ocupadas ilegalmente eran de propiedad pública. Sin embargo, a finales de 2025, la AVS reportó “2.486 viviendas ocupadas sin título, de las cuales 508 son asaltadas”, según un segundo portavoz gubernamental.

La viceconsejera tampoco aclaró si en esa cifra de 9.000 viviendas ocupadas estaba combinando el delito penal de la okupación con la morosidad en el alquiler, algo que Díaz Ayuso suele hacer para argumentar que, a su juicio, “se ha extendido” la “inquiokupación”, sin ofrecer estadísticas que respalden tal afirmación.

En cualquier caso, Ayuso ha encontrado apoyo en asociaciones de afectados, quienes no creen en los datos oficiales, argumentando que solo recogen las denuncias efectivas y no los casos donde las víctimas solucionan el problema por su cuenta (pagando a los okupas para que se marchen o logrando su desalojo).

Llamadas de auxilio

Sin embargo, hay otros datos sobre la implementación de iniciativas del gobierno regional contra la okupación que, como mínimo, no reflejan la alarma que se transmite. Así, Díaz Ayuso promovió durante su segundo mandato la creación de un teléfono para asistir a las víctimas. Este servicio empezó a funcionar el 23 de junio de 2022 y hasta el 3 de febrero de 2025 había recibido 3.826 llamadas, que resultaron en la atención de 219 ciudadanos (siete al mes) y en 42 ocasiones se evitó la okupación o se logró el desalojo, según el Ejecutivo regional. Entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de octubre de 2025, según datos enviados por el gobierno a la Asamblea regional, se registraron apenas 1.858 llamadas.

Dado que un mismo afectado puede llamar en varias ocasiones, esa cifra tampoco se corresponde con el número de personas que buscan ayuda por esta vía en la administración.

Un número bajo que quizás tenga su razón de ser: a finales de 2025 había 2.486 viviendas de la AVS ocupadas sin título, de las cuales 508 son asaltadas. “Tanto la falta de ocupación de estos inmuebles como su ocupación ilegal implica ingresos no percibidos por la AVS”, lamenta la Cámara de Cuentas en un informe reciente. En el caso de la empresa pública de la capital, la cifra alcanzaba 144 a octubre de 2025. Es decir, probablemente uno de los propietarios más afectados por la okupación en Madrid sean los propios gobiernos de Madrid, y no los particulares.