Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el archivo de la causa | España

Todo estaba preparado para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, acudiera este sábado por la tarde a los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid. Allí, el magistrado Juan Carlos Peinado la había citado para un trámite procesal: concretar su imputación por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, antes de remitir el caso a un tribunal del jurado. Este delito se le atribuye a la mujer del presidente debido a los supuestos trabajos privados que realizó para ella Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa en 2018 para manejar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no asistió a la citación y delegó su presencia en su abogado.

El juez Peinado emitió esta semana un auto en el que informaba a Gómez que, en caso de ser juzgada por este delito, lo sería en un tribunal popular. Esto implica que ciudadanos seleccionados por sorteo decidirían su culpabilidad o inocencia. Además, el magistrado ordenó que, junto a otros imputados, tanto su asesora Cristina Álvarez como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien también trabajó previamente en La Moncloa, se presentaran en el juzgado para informarles de esta decisión.

Finalmente, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en abogados. La cita, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo del caso. Por su parte, las acusaciones particulares, como Hazte Oír y Vox, pidieron continuar con la investigación y que se cite como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado tomará una decisión en los próximos días. Esta decisión podrá ser apelada ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia y cumplía además 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando alcance los 72 años, la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su solicitud de archivo en que la esposa de Sánchez no participó en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho argumentó que su decisión de no acudir personalmente al juzgado se basa en una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En este documento se establece que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”, por lo que “la presencia del imputado no es indispensable” y no se realizan diligencias de instrucción ni se toma declaración del imputado.

Este sábado marcó la quinta vez que Gómez fue citada para comparecer ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que este magistrado comenzó la investigación en abril de 2024, a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. A la misma hora, la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, también habían sido convocados.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que lidera las acusaciones populares, reunió unas 100 personas en una concentración con el lema “No al corrupto”. En la zona también circuló un camión pequeño con una gran pantalla que mostraba imágenes de la esposa del presidente bajo el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que existen indicios de delito en las funciones realizadas por la asesora de Gómez, ya que a través de correos electrónicos habría asistido a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esto implica que durante su horario laboral habría enviado correos relacionados con su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado del caso principal contra Gómez, en el cual Peinado también investiga otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha mencionado que él mismo ha enviado correos sobre cuestiones familiares o de amigos. “Si su tesis es que poner una posdata en un correo constituye un delito de malversación porque se realiza durante el horario laboral, eso es común. Entra a las 10:00 de la mañana y sale a las 10:00 de la noche y no existe prohibición de que durante su tiempo libre se puedan enviar correos. No se cumplen los requisitos del delito de malversación y aquí citamos al propio magistrado instructor. Ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado detalló en un nuevo auto “varias diligencias” que aún están pendientes en esta causa, incluyendo la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos presentados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez. Doadrio codirigió una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los cuales recibió 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya había declarado ante el juez Peinado el pasado 10 de septiembre que en algunas ocasiones solicitó “como un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado inició la parte principal de esta causa en abril de 2024, para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, su actuación ha sido objeto de críticas. Ha cometido excesos que han sido corregidos por instancias superiores, y algunas de sus decisiones han coincidido con momentos políticos complicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía han señalado reiteradamente que Peinado carece de argumentación sólida para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas. Además, las acusaciones populares han solicitado en ocasiones que el magistrado proporcione más argumentos para evitar que sus imputaciones sean desestimadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

La actual investigación por malversación, que es una pieza separada, se abrió el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no estaban en el foco de Peinado por este delito.

El juez dirigió su atención hacia La Moncloa el mismo 10 de marzo, apuntando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien fue secretario general de Presidencia al momento del nombramiento de Álvarez como asesora. En abril, el instructor interrogó como testigo al ministro, quien está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. Durante esa cita, que tuvo lugar en plena Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Luego, Bolaños presenta ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que aún se investigan.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro, argumentando que podría haber participado directamente en el nombramiento de Cristina Álvarez y que no ha controlado las tareas realizadas por ella. Sin embargo, sus aspiraciones fueron frustradas en poco tiempo. La máxima instancia judicial respondió de forma contundente: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado siempre han provocado reacciones inmediatas del Gobierno, que considera que reflejan un componente político y un intento de la oposición (PP y Vox) para fundamentar la idea de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y dimitir.