Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el archivo del mismo | España

Todo estaba planeado para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, donde había sido citada por el magistrado Juan Carlos Peinado para realizar un simple trámite procesal: informar sobre su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, antes de que el caso sea elevado a un tribunal del jurado. El juez imputó este delito a la esposa del presidente debido a los supuestos trabajos privados que, como favor, le brindó Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa desde 2018 para gestionar su agenda pública. Sin embargo, Gómez no se presentó a la citación y delegó su asistencia en su abogado.

El juez Peinado emitió un auto esta semana en el que comunicó a Gómez que, en caso de ser juzgada por dicho delito, lo será en un tribunal popular. Esto significa que ciudadanos elegidos al azar decidirán su culpabilidad o inocencia. Además, el magistrado ordenó que, junto a los otros imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien también trabajó anteriormente en La Moncloa, se presentaran en el juzgado este sábado para informarles de esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, tuvo una duración de casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. Por su parte, las acusaciones particulares —como Hazte Oír y Vox— exigieron que se continuara con la investigación y que se convocara como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que adopte, ya sea para continuar con el caso o archivar la causa, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado estuvo trabajando este sábado en funciones de guardia y celebraba también su 71 cumpleaños. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando alcance los 72 años, que es la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su petición de archivo de la causa en que la esposa de Sánchez no estuvo involucrada ni en el nombramiento ni en el pago de su asesora. Camacho afirmó que la decisión de Gómez de no presentarse personalmente en el juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En este documento se indica que en la comparecencia “tan solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”, y, por lo tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado fue la quinta ocasión en que Gómez fue citada para comparecer ante el juzgado de instrucción número 41 en Madrid, desde que este magistrado inició la investigación en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. A la misma hora también estaban convocadas la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del cual depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, reunió aproximadamente a 100 personas en las inmediaciones para una concentración bajo el lema “No al corrupto”. En la zona también circuló un pequeño camión con una pantalla grande en la que se mostraban imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que existen indicios de delito en las funciones que desempeñó la asesora de Gómez, ya que, por medio de correos electrónicos, habría ayudado a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral envió estos correos con datos sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado también investiga otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha enviado correos sobre temas familiares o de amigos. “Si su tesis es que añadir una posdata en un correo constituye un delito de malversación, porque se realiza durante el horario laboral, resulta muy frecuente que entre a las 10.00 de la mañana y salga a las 10.00 de la noche, y creo que no hay ninguna prohibición de remitir correos en su tiempo de descanso. No se cumplen en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. Ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado precisó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún quedan pendientes en esta causa, entre ellas la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos presentados por Juan Carlos Doadrio, quien fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, y que codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que percibió 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra comparecencia el pasado 10 de septiembre que en ocasiones solicitó como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde la apertura de la parte principal de esta causa por parte de Peinado en abril de 2024, para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la actuación del juez ha sido objeto de muchas críticas. Ha cometido excesos que han sido corregidos por todas las instancias superiores y algunas de sus resoluciones han coincidido con momentos políticos complicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado repetidamente la falta de fundamentación de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controvertidas. También las acusaciones populares solicitaron al juez que fundamentara más una imputación para evitar que la Audiencia Provincial de Madrid la desestimara posteriormente.

El caso de la actual investigación por malversación —que es una pieza separada— se abrió el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no fueron el objetivo principal de Peinado por este delito.

El juez dirigió su atención hacia La Moncloa ese mismo 10 de marzo, apuntando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había ocupado el cargo de secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. En abril, el instructor se dirigió a La Moncloa para interrogar como testigo al ministro, quien tiene inmunidad y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta cita, que se desarrolló durante la Semana Santa, Bolaños declaró que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, cuya investigación continúa.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro, argumentando que “podría haber participado directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y que conoció o no controló las tareas realizadas por ella”, escribió el juez en el documento enviado al alto tribunal, donde también le atribuía la malversación, además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo. Sus esperanzas se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera contundente: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado han provocado una reacción inmediata del Gobierno, que considera que reflejan un componente político y que también son utilizados por la oposición, especialmente el PP y Vox, para sustentar su argumento de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y que debería convocar elecciones y dimitir.