Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el archivo del mismo | España

Todo estaba planeado para que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, donde había sido convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado para llevar a cabo un trámite procesal: aclarar su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, previo a remitir el caso para ser juzgado por un tribunal popular. El juez señala este delito a la esposa del presidente debido a los supuestos trabajos privados que, como favor, realizó para ella Cristina Álvarez, la asesora contratada desde 2018 por La Moncloa para gestionar su agenda pública. No obstante, Gómez no se presentó a la citación, delegando su asistencia en su abogado.

El juez Peinado redactó un auto esta semana comunicándole a Gómez que, si es finalmente juzgada por este delito, lo será en un tribunal popular. Es decir, ciudadanos seleccionados por sorteo serán quienes decidan sobre su culpabilidad. Además, el magistrado indicó que, junto a los otros imputados, tanto su asesora Cristina Álvarez como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que también trabajó en La Moncloa, debían comparecer ante el juzgado este sábado para informarles sobre esta decisión.

Finalmente, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos optaron por delegar su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, se prolongó casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. Mientras que las acusaciones particulares —como Hazte Oír y Vox— pidieron que se continúe con la investigación y que también se cite como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que emita, ya sea para continuar con la causa o archivarla, será recurrible ante la Audiencia Provincial.

Peinado estuvo trabajando este sábado en funciones de guardia y, además, cumplía 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando alcance los 72, la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su solicitud de archivo en que la esposa de Sánchez no participó ni en la contratación ni en el pago a su asesora. Camacho afirmó que la decisión de Gómez de no acudir personalmente al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En este documento se especifica que en la comparecencia “solo se concretarán los términos de tal imputación y siempre en presencia de su letrado”. Por lo tanto: “La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por ende, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado fue la quinta cita en la que Gómez estaba convocada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid desde que este magistrado comenzó a investigarla en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. A la misma hora también fueron convocados la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del cual depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en las cercanías en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. En la zona también circuló un pequeño camión con una gran pantalla donde se mostraban imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que hay indicios de delito en las funciones realizadas por la asesora de Gómez, ya que, a través de correos electrónicos, supuestamente ayudó a la esposa de Sánchez en sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral, habría enviado estos correos con información sobre su actividad personal en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado está investigando otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho explicó que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o de amigos. “Si su argumento es que poner una posdata en un correo constituye un delito de malversación porque se realice en horas laborables, es bastante común que se trabaje desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y no creo que haya prohibición alguna para que en sus horas libres pueda enviar correos. No se cumplen en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. Ni hubo nombramiento, ni pago”.

Este viernes, el juez Peinado detalló en un nuevo auto “varias diligencias” que todavía quedan pendientes en esta causa, incluida la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos proporcionados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, que co-dirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros al año. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra ocasión, el 10 de septiembre, que alguna vez había pedido como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, su amplia actuación ha sido muy criticada. Ha incurrido en excesos que han sido corregidos por todas las instancias superiores y algunas de sus resoluciones han coincidido con momentos políticos difíciles para el Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado repetidamente la falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus más polémicas decisiones. También las acusaciones populares le solicitaron incluso que fundamentara mejor una imputación para evitar que esta fuera desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid.

La actual investigación por malversación —que es una pieza separada— se abrió el 10 de marzo de este año. De hecho, durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no eran el foco de Peinado en relación con este delito.

El juez dirigió su atención a La Moncloa ese mismo 10 de marzo, apuntando a Félix Bolaños, el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien fue secretario general de Presidencia en el momento de la designación de Álvarez como asesora. El instructor fue a La Moncloa en abril para interrogar como testigo al ministro, quien cuenta con fuero y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta reunión, que se realizó en plena Semana Santa, Bolaños declaró que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que aún están en investigación.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Podría haber participado directamente en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual y haber conocido, o no haber controlado, las tareas realizadas por ella”, escribió el juez en la exposición enviada al alto tribunal, donde también le atribuyó malversación, además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido durante su interrogatorio como testigo. Sus aspiraciones fueron frustradas en solo tres semanas. La máxima corte judicial respondió de manera tajante: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado siempre han provocado una respuesta inmediata del Gobierno, que interpreta que contienen un componente político y también un aprovechamiento de la oposición, del PP y Vox, para sustentar su argumento de que todo el Gobierno de Sánchez está corrompido y que debería convocar elecciones y presentar su dimisión.