Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el cierre del expediente | España

Se tenía planeado que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, asistiera este sábado por la tarde a los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, donde había sido convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado para llevar a cabo un simple trámite procesal: concretar su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, antes de que la causa sea enviada a un tribunal del jurado. El juez imputa este delito a la esposa del presidente debido a los supuestos trabajos privados que Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa en 2018 para manejar su agenda pública, realizó para ella. No obstante, Gómez no se presentó a la citación y delegó su presencia en su abogado.

El juez Peinado emitió un auto esta semana informando a Gómez que, en caso de ser juzgada, lo haría en un tribunal popular. Esto significa que ciudadanos seleccionados por sorteo tendrían la responsabilidad de determinar su culpabilidad. Además, el magistrado ordenó que, junto al resto de imputados, su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien también trabajó en La Moncloa, comparecieran este sábado para ser informados de esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La citación, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo del caso. Por otro lado, las acusaciones particulares, como Hazte Oír y Vox, pidieron que se continuara con la investigación y que se citara también como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Peinado se pronunciará en los próximos días, y la decisión final que adopte, ya sea continuar con la causa o archivarla, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia y cumplía, además, 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, cuando alcance la edad máxima permitida para ejercer en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su petición de archivo en que la esposa de Sánchez no participó ni en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho sostuvo que la decisión de Gómez de no asistir personalmente al juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En dicho documento se establece que en la comparecencia “solo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se practican diligencias de instrucción y, por lo tanto, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado era la quinta vez que Gómez había sido citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid desde que el magistrado comenzó a investigarla en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Al mismo tiempo, también habían sido convocadas Cristina Álvarez y Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, del cual dependía la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina a las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en los alrededores en una concentración bajo el lema “No al corrupto”. Por la zona también circuló un pequeño camión con una gran pantalla en la que se mostraban imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que hay indicios de delito en las funciones realizadas por la asesora de Gómez, ya que, a través de mensajes de correo electrónico, habría asistido a la esposa de Sánchez con actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, en su horario laboral habría enviado correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o de amistad. “Si su tesis es que incluir una posdata en un correo puede constituir un delito de malversación realizado durante el horario laboral, resulta habitual que su jornada laboral sea de 10 de la mañana a 10 de la noche, y no existe prohibición de que en su tiempo libre envíe correos. Por lo tanto, no concurren en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. No hay nombramiento, ni pago”.

Este viernes, el juez Peinado detalló en un nuevo auto “varias diligencias” pendientes en esta causa, incluyendo la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos facilitados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, y que codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son la principal evidencia de la supuesta malversación.

Gómez ya declaró ante el juez Peinado en otra ocasión el pasado 10 de septiembre que en ocasiones pidió como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde la apertura de la parte principal de esta causa en abril de 2024, para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la actuación del juez ha sido objeto de mucha controversia. Sus excesos han sido corregidos por todas las instancias superiores, y algunas de sus resoluciones han coincidido con momentos políticos críticos para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía han señalado reiteradamente la falta de argumentos de Peinado para justificar algunas de sus decisiones más controversiales. Incluso las acusaciones populares han solicitado que el magistrado fundamentara más una imputación para que no fuera desestimada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

La actual investigación por malversación, que es una pieza separada, se inició el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, tanto la esposa del presidente Sánchez como su asesora no fueron el foco de atención del juez por este delito.

El juez dirigió su atención hacia La Moncloa ese mismo 10 de marzo, señalando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien fue secretario general de Presidencia cuando se nombró a Álvarez como asesora. El magistrado se presentó en abril en La Moncloa para interrogar a Bolaños, que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. Durante esta cita, que tuvo lugar en plena Semana Santa, Bolaños afirmó no haber participado en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó dos quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, las cuales aún se están investigando.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición enviada al alto tribunal, donde le atribuyó la malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido durante su interrogatorio como testigo—. Sin embargo, sus intentos se frustraron en apenas tres semanas, ya que la máxima instancia judicial respondió de manera categórica: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Las resoluciones de Peinado han provocado respuestas inmediatas del Gobierno, que interpreta que contienen un componente político y que son utilizadas por la oposición, especialmente el PP y Vox, para fundamentar su argumento de que el Gobierno de Sánchez es corrupto y debería convocar elecciones y dimitir.