Bernat Soria, exministro de Sanidad en el gobierno de Zapatero, cerca de enfrentar un juicio por ocultación de bienes.


El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha cambiado radicalmente el rumbo del procedimiento penal iniciado contra Bernat Soria Escoms, exministro de Sanidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y sus dos hijas. A través de una providencia revisada por OKDIARIO, el juez ha planteado una cuestión de competencia que podría trasladar el caso a la Audiencia Provincial, ya que la acusación demanda penas superiores a las que este juzgado puede imponer.

El caso imputa al exministro y a sus hijas un delito de alzamiento de bienes. La causa se encuentra estancada desde hace más de tres años, sin que se haya fijado hasta ahora una fecha para el juicio oral, lo que ha suscitado críticas de la parte acusadora.

La providencia emitida por el juez Luis Javier Santos Díaz concede a las partes un plazo de cinco días para que presenten alegaciones sobre la competencia del órgano. La razón es que un escrito de acusación solicita la condena por «delito de alzamiento de bienes conforme al artículo 250 del Código Penal, que conlleva una pena máxima superior a la que puede conocer este organismo.

Deuda millonaria no satisfecha

El origen de este procedimiento penal se remonta a una sentencia civil firme emitida el 31 de mayo de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Sevilla. Dicha resolución reconoció una deuda de más de 400.000 euros, más 120.000 euros adicionales «tasados para intereses y costas», a favor de la empresa que acusa a Bernat Soria.

Durante la fase de ejecución de la sentencia civil, el juzgado ha declarado la insolvencia del deudor. Según los documentos judiciales, se ha verificado que «los activos de los que disponía habían sido transferidos a sus hijas sin justificación económica o empresarial.

Esta situación llevó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en septiembre de 2022, a decidir proseguir con las diligencias. El instructor observó «indicios racionales de un delito de frustración de la ejecución

Bernat Soria ocupó el Ministerio de Sanidad y Consumo entre julio de 2007 y abril de 2009. Catedrático de Fisiología e investigador en el ámbito de las células madre, su nombramiento generó expectación en el ámbito científico.

Después de dejar el Gobierno, Soria volvió al ámbito académico y empresarial. Aunque su carrera política fue breve, lo situó en el centro del debate público sobre investigación biomédica en España.

Alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes penaliza a quien realiza actos de disposición patrimonial con el objetivo de eludir el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores. La jurisprudencia demanda que se haya probado la intención dolosa de perjudicar los derechos de cobro mediante el vaciamiento del patrimonio.

Si finalmente se aplica el artículo del Código Penal que se refiere a las penas del delito de estafa bajo ciertas circunstancias, la causa excedería la competencia del Juzgado de lo Penal. Esto obligaría a remitir el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la competente para conocer de delitos con penas superiores a cinco años de prisión.

La acusación particular ha denunciado la interminable espera sin que se hayan producido avances significativos en el proceso. Según indican, «la acumulación de retrasos procesales y la apertura de una cuestión de competencia ahora suponen una dilación indebida que agrava los perjuicios al acreedor.»

El administrador de la empresa reclamante ha descrito al acreedor como «un empresario ajeno a la política, que denuncia haber sufrido serios daños económicos y profesionales por no poder ejecutar durante años una deuda reconocida judicialmente».

El caso se encuentra en una encrucijada procesal. A pesar de llevar años en fase de juicio, aún no se ha celebrado el juicio oral. El último impulso procesal registrado hasta ahora fue en 2023.

La cuestión de competencia planteada ahora introduce una nueva variable que podría prolongar aún más la resolución definitiva del caso. Si el Juzgado de lo Penal declara su falta de competencia objetiva, el expediente deberá ser remitido a un tribunal superior, lo que supondría un revés para Bernat Soria pero le otorgaría más tiempo antes de una posible condena.

Desde la acusación se pide «un impulso efectivo del procedimiento para evitar que quede indefinidamente paralizado». La situación resalta las dificultades que enfrentan los procedimientos judiciales complejos en España, especialmente cuando se cruzan actuaciones civiles y penales sobre los mismos hechos.

El sistema judicial sevillano tiene ahora en sus manos la decisión de acelerar o, por el contrario, enviar a un nuevo periplo judicial un caso que comenzó hace más de cuatro años con una sentencia civil y que aún espera su resolución penal. Mientras tanto, el tiempo avanza para un acreedor que ansía cobrar y para un exministro cuyo prestigio profesional depende del fallo de los tribunales.

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