Blackstone busca revender las miles de viviendas protegidas que Ana Botella le cedió y podría no renovar los contratos.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta frase, una de las afectadas resumía el impacto directo y la necesidad de redefinir el modelo que tuvo la venta de 1.860 viviendas protegidas al fondo buitre Blackstone en la situación habitacional de Madrid. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba, entre severas críticas, una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Este procedimiento vuelve a acaparar titulares, ya que diversos medios económicos e inmobiliarios señalan que Blackstone podría estar en negociaciones para revender los miles de inmuebles, todo ello bajo la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La gestora de fondos canadiense Brookfield se encuentra en una posición privilegiada para la compra, ya que está negociando en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que abarca aproximadamente 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas se encuentran las 1.860 de una de las transacciones de vivienda pública más controvertidas de la historia reciente.