Caótico inicio del curso escolar en Madrid con aulas vacías y demoras en la asignación de docentes interinos.

Ignacio Blas es profesor interino de Secundaria en Geografía e Historia en un colegio público de la Comunidad de Madrid. Define el inicio del nuevo curso como «caos y escasez de recursos«. Un inicio tumultuoso que, asegura en una charla con Público, podría haberse evitado con más personal, mejor planificación y tiempo adecuado. «Es una tortura que te obliguen a cubrir una baja a kilómetros de tu hogar por apenas unas semanas», lamenta, sintiendo la inestabilidad que afecta a la interinidad docente en la región. Según él, el regreso a clases ha evidenciado las fallas estructurales —cada vez más evidentes— de la educación pública madrileña. 

Empieza por la reducción significativa de las ratios, que, según Blas, no deberían exceder los 15 alumnos por aula. Alude también a la disminución de la burocracia. «Nos obligan a completar cuadernillos individualizados para cada alumno repetidor. Es una carga innecesaria que se suma a un trabajo ya de por sí abrumador». También critica el incumplimiento de la promesa del Ejecutivo madrileño de reducir una hora lectiva para tutores y jefes de departamento. «En mi caso, me han asignado una hora adicional de apoyo en Matemáticas, cuando lo lógico sería contar con más tiempo para preparar clases de calidad sin ir a la carrera». «Reducir las horas lectivas es cuidar al profesorado«, resalta. 

El profesor madrileño advierte sobre el déficit de personal especializado en las instituciones: orientadores, enfermeras, docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) o de Audición y Lenguaje (AL). «Solo hay enfermeras cuando hay alumnos con diabetes. En mi centro hay un estudiante con epilepsia y, si sufre una crisis, debemos manejar la situación nosotros sin la capacitación adecuada ni apoyo médico«, confiesa. En cuanto al alumnado con necesidades específicas, corrobora que la atención es esporádica: «Los especialistas entran a clase uno de cada tres días. Así es imposible asegurar una educación inclusiva».

Ignacio Blas, docente en Madrid: «Reducir las horas lectivas es cuidar al profesorado»

A la sobrecarga laboral se suma otro problema que cada año se repite: la ausencia de climatización en las aulas. «Madrid se dirige a tener tres meses con temperaturas superiores a 35 grados, según estudios de la NASA. No se puede impartir clases con 30 estudiantes a 36 grados y sin un ventilador«, reprocha Blas. El trabajador, que ha participado ya dos veces en las oposiciones, considera que el sistema de acceso docente es «opaco» e «injusto». «Presentas exámenes sin saber por qué suspendes ni cómo mejorar, ya que las rúbricas no son accesibles. Así es imposible progresar». 

Marina Pérez es profesora de Formación Profesional (FP) en el área de Imagen Personal. Califica el inicio del curso como «desalentador». En una reunión con este medio, conta que su centro comenzó el curso sin el equipo docente completo, una situación empeorada por bajas médicas y reducción de horario que han demorado semanas en solucionarse. «Hay vacantes que han estado desiertas más de un mes«, confiesa. La incertidumbre también ha afectado directamente a la enseñanza práctica, núcleo de la FP. «Los talleres no están funcionando, lo que significa que no pueden realizarse prácticas. Solo contamos con la parte teórica para salir del paso», indica. 

Las consecuencias, señala, se perciben diariamente: desorganización, un alto nivel de frustración, pérdida de horas lectivas y un creciente desánimo entre docentes y estudiantes. «Hay alumnos que faltan porque un día solo tienen dos horas de clase no consecutivas; los profesores de guardia están abrumados, y el ambiente es de agotamiento total«. Al igual que Ignacio Blas, destaca la necesidad de «reducir ratios de alumnado, disminuir la burocracia, incrementar el personal especializado, actualizar aulas y talleres, implementar medidas urgentes de climatización y terminar con el desvío de fondos públicos hacia centros privados, especialmente a través de becas en FP». «El grado superior de Formación Profesional debería ser gratuito. No puede ser un privilegio estudiar una FP«, enfatiza con firmeza. 

Marina Pérez, docente en Madrid: «Siento violencia institucional hacia un pilar esencial de la sociedad. 
Los profesores somos una pieza clave»

Para Pérez, detrás de esta situación hay algo más que falta de organización: «Siento violencia institucional hacia un pilar esencial de la sociedad». Y añade: «Los profesores somos una pieza clave para construir una sociedad justa e igualitaria. Si no se invierte en la educación pública, el ascensor social seguirá roto«.

La marea educativa vuelve a rugir en las calles 

Por todo ello, bajo el lema «Por ti, por mí, por la educación pública. Por un acuerdo digno», el profesorado madrileño vuelve a manifestarse este sábado 18 de octubre a partir de las 12.00 horas desde Atocha. La movilización, organizada por la plataforma docente Menos Lectivas, busca «denunciar el deterioro estructural del sistema educativo público en la región y exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una negociación real que mejore las condiciones laborales del profesorado y la calidad educativa».

Desde la plataforma critican que la Consejería de Educación tarde semanas en asignar destino al personal interino

Desde la plataforma afirmaron que «la Consejería de Educación tarda semanas en asignar destino al personal interino, lo que resulta en aulas desprovistas de docentes durante días o incluso semanas». Además, mencionan que el porcentaje de interinidad en Madrid supera los límites establecidos por la Unión Europea, y que los salarios de los docentes madrileños siguen por debajo de la media nacional, «a pesar de que el coste de vida en la región es uno de los más altos del país». 

Menos Lectivas también señala que Madrid sigue siendo una de las pocas comunidades —junto con Galicia, Ceuta y Melilla— que mantiene un horario lectivo de 25 horas en Primaria. En Secundaria, la prometida reducción de 20 a 19 horas no se ha implementado para la mayoría del profesorado «debido a la redacción confusa» del acuerdo de abril de este año entre los cinco sindicatos que conforman la mesa sectorial y la Consejería de Educación de Ayuso. El problema de las ratios sobredimensionadas sigue siendo otro de los puntos centrales de la protesta. «Se siguen sobrepasando sistemáticamente los límites legales de alumnado por grupo, que van de 25 a 35 según el nivel», indican. «La ley permite un margen del 10%, pero este tope se supera habitualmente, con clases de Bachillerato que llegan a 38 o incluso 40 estudiantes«.

En una conversación con Público, Ana Vicenti, portavoz de la organización, afirma que su propósito es lograr una educación pública realmente inclusiva y de calidad, apoyada por los recursos necesarios. «Deseamos una educación que atienda la diversidad, que cumpla con la ley y que proporcione al profesorado las condiciones mínimas para atender adecuadamente al alumnado». «Con las actuales condiciones eso es imposible: faltan docentes de apoyo, faltan espacios, falta equipamiento… En definitiva, falta compromiso con la educación pública», denuncia.

Ana Vicenti, portavoz de Menos Lectivas: «Faltan docentes de apoyo, espacios, equipamiento… Falta compromiso con la educación pública»

Público ha solicitado a la Consejería de Educación de Madrid información sobre varios de los aspectos mencionados por el profesorado de la región. En particular, ha indagado sobre cómo justifican las autoridades los retrasos en la asignación de destino del personal interino, que, según los docentes, han dejado a muchos centros sin docentes durante las primeras semanas del curso, y qué medidas concretas se prevén para prevenir que esta situación se repita. 

Se ha cuestionado por qué no se ha implementado de manera generalizada la reducción de horas en Secundaria que se había negociado con los sindicatos. Asimismo, se ha preguntado cuándo la Consejería tiene previsto equiparar las condiciones laborales del profesorado de Madrid con las de la media nacional. Otra de las interrogantes se centra en las ratios. Este medio ha solicitado a la Consejería qué medidas de control y corrección existen para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Finalmente, se ha planteado si la administración tiene intenciones de abrir un proceso de diálogo con los colectivos docentes y revisar el actual modelo de evaluación y gestión administrativa en los centros públicos. Hasta el cierre de este artículo, no se ha recibido respuesta.