Carece de apoyo policial

La Fiscalía Provincial de Madrid se opuso el pasado 4 de noviembre a registrar la sede del PSOE debido a las entregas en metálico a Koldo García y José Luis Ábalos. El Ministerio Público respondió a una denuncia de Vox, afirmando que no había indicios consistentes que justificaran esta medida tan severa, además de carecer del respaldo policial necesario. La petición forma parte de una denuncia presentada por el partido en los juzgados de Plaza Castilla, que ha llevado a la apertura de diligencias y su posterior remisión a la Audiencia Nacional, el organismo encargado de investigar los hechos.

En su denuncia, el partido liderado por Santiago Abascal argumentó que era preciso establecer medidas cautelares «para asegurar de forma conveniente la conservación de documentos». Después del reparto, el caso fue asignado al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, que lo remitió al 51, dado que se encontraba en funciones de guardia. Este último, antes de emitir una decisión sobre la solicitud de las medidas cautelares, trasladó el asunto a la Fiscalía, que se opuso categóricamente, señalando que ya existen diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre este tema.

«No se puede, a día de hoy, inferir de manera cabal, racional y razonable que en el interior de la sede del partido denunciado, después de un tiempo considerable, puedan encontrarse vestigios de esas entregas en metálico mencionadas en la solicitud de medidas, que tampoco especifica sobre personas, cantidades o formas precisas», afirma el fiscal según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En este contexto, recuerda que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución. Si bien no es un derecho absoluto, su restricción debe acordarse bajo ciertas condiciones.

«No se justifica»

En este sentido, indica que considera que no se cumplen los requisitos «para restringir un derecho de la magnitud y el calado» solicitado. «Y ello porque no se puede ignorar que la información generalista contenida en la denuncia y en la solicitud de medidas contribuye poco a colmar los requisitos de proporcionalidad de la medida, ni tampoco la necesaria multiplicidad de indicios objetivos que permitan atribuir algún delito a una persona concreta y a hechos igualmente precisos», aclara.

Además del registro en Ferraz en busca de indicios relacionados con el pago en metálico, Vox solicitó la entrada en el domicilio de Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes, exgerente y actual responsable del cargo. El propósito de esta medida de aseguramiento, según argumentó, era obtener copias de los documentos que conservan, tanto físicamente como de forma digital en sus ordenadores personales.

«Es importante considerar el hecho de que no consta en las actuaciones el respaldo policial sólido y necesario que las medidas solicitadas requieren, el cual debe materializarse en un atestado completo y detallado que justifique la adopción de cautelares con tal relevancia constitucional», enfatiza la Fiscalía al oponerse a las medidas de aseguramiento solicitadas por Vox.

Remisión a la Audiencia Nacional

Por este motivo, se pronunció en contra de la solicitud de Vox, reiterando que «parece cabal» que la investigación sobre los pagos en metálico de la formación socialista se unifique en la Audiencia Nacional. El caso está en manos del magistrado del caso Koldo, Ismael Moreno, quien comenzó la instrucción de esta presunta trama de corrupción. Moreno recibió el caso del Tribunal Supremo, que, tras practicar algunas diligencias, entendió que había indicios de irregularidad con la liquidación de gastos del partido y lo remitió a este órgano por ser el competente.

En este sentido, la denuncia presentada en Plaza Castilla ha seguido el mismo procedimiento. Tras recabar el informe de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, decidió no llevar a cabo la medida cautelar solicitada, aunque sí abrió diligencias al observar indicios de «la posible existencia de una infracción penal». Posteriormente, devolvió la denuncia al juzgado de origen, que remitió las diligencias al caso Koldo.