Carlos Mur, exalto funcionario de Ayuso acusado en el ‘caso residencias’, sostiene que es “muy probable” que se hayan cometido negligencias | Noticias de Madrid

Carlos Mur, un ex alto funcionario de Madrid involucrado en el caso judicial de las residencias de la comunidad, reconoció recientemente que “muy probablemente” hubo fallos en la gestión de la pandemia. Lo declaró en una entrevista en septiembre con la televisión pública de Andorra, donde reside y trabaja como psiquiatra. Aunque no mencionó directamente a los culpables hipotéticos, dio algunas pistas: hizo referencia al hospital de campaña de Ifema, un proyecto emblemático de Isabel Díaz Ayuso, que desvió a profesionales de salud que debían atender las residencias.

Mur no ha concedido entrevistas a medios españoles durante el prolongado periodo en el que el caso residencias se ha convertido en una complicación para Ayuso. Por esta razón, su aparición en la televisión andorrana, que pasó desapercibida en su momento, es una oportunidad única para conocer su perspectiva, dado que se encuentra en una situación legal delicada. Está siendo investigado por varios tribunales madrileños por un supuesto delito de discriminación en el acceso a un servicio público.

“Sí, muy probablemente, sí (hubo negligencia)”, respondió Mur en catalán al periodista Gabriel Fernàndez. “Fue precisamente por la falta de profesionales. Hay que entender la situación. En aquellos días, atención primaria tuvo 1.076 médicos y 973 enfermeras de baja por Covid. Además, con el cierre de 37 SUAP (servicios de urgencias de barrio) en Madrid, que atendían a las residencias, se destinaron 800 enfermeros y 623 médicos para el hospital de Ifema, lo que significó que esos profesionales no pudieron acudir a las residencias a ofrecer atención directa”.

Mur también fue interrogado sobre su relación con Ayuso. “Habría que preguntarle a ella, no sé si está molesta, pero podría ser”, contestó. Aclaró que no mantiene una “relación con ninguna autoridad política desde hace años”.

Mur fue quien firmó los protocolos que prohibieron el acceso al hospital a miles de personas que residían en las residencias. También alertó de que el enfoque inverso, la medicalización de estos centros, no estaba funcionando, como lo ha revelado EL PAÍS al publicar un correo suyo de los inicios de la crisis. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número significativo de fallecimientos evitables”, advirtió.

Cuando comenzó la pandemia, Mur era director general de la Consejería de Sanidad, encargado de conectar la red de salud pública con las 475 residencias de ancianos en la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le encargó reunir a un grupo de geriatras para establecer un filtro riguroso a las solicitudes de derivación desde las residencias. Después de una reunión el 13 de marzo de 2020, decidieron crear unos protocolos que recomendaban rechazar a quienes presentaran dependencias físicas o cognitivas. A cambio, se prometió reforzar el personal médico en las residencias con profesionales de Atención Primaria.

No obstante, esos sanitarios fueron enviados al recinto ferial de Ifema, donde se convirtió en hospital de campaña a partir del 20 de marzo. Más de 1.000 profesionales de Atención Primaria integraron el equipo. Mur reveló que el 19 de marzo preguntó a Escudero si los mayores de residencias serían enviados a Ifema, a lo que este respondió que no, ya que no contaban con camas articuladas ni gerocultores.

El lunes, Mur declaró por primera vez como imputado en una audiencia cerrada a la prensa. Lo hizo a través de videoconferencia desde Andorra. Rechazó ofrecer una entrevista a EL PAÍS para explicar su declaración, pero la abogada de la acusación, Alejandra Jacinto, reveló que Mur había comentado ante la jueza que no se medicalizó la residencia donde falleció un hombre enfermo que fue rechazado por el Hospital Gregorio Marañón.

Dos asociaciones de familiares, Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, han instado a Mur a “tirar de la manta”. Ocho jueces han imputado a Mur y aún se espera la fecha de nuevas convocatorias.

Fue destituido en mayo de 2020. En un tuit, Ayuso justificó su salida alegando que estaba renovando la Consejería. “Cuento con él”, afirmó. Sin embargo, Mur no regresó. Trabajó en su especialidad, la psiquiatría, en una clínica de Barcelona, y en enero de 2022 fue contratado por la sanidad pública andorrana como jefe de psiquiatría, cargo que ocupó hasta febrero de este año. Actualmente tiene una consulta privada en el Principado.

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