Castilla-La Mancha exige nuevas normativas sobre el trasvase, mientras que los habitantes ribereños se oponen a la transferencia de 168 hm³.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha expresado su esperanza de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presente el borrador de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura en la reunión que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, llevará a cabo este miércoles por la tarde con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

En la rueda de prensa donde se anunciaron los temas aprobados en el Consejo de Gobierno, Padilla ha indicado que en este momento ignoran el orden del día de la reunión.

«No sabemos si se presentará el borrador de las normas de explotación, aunque pensamos que ya nos hemos salido de todos los plazos«, ha subrayado la portavoz, refiriéndose a la promesa de la ministra Sara Aagesen de que estuvieran aprobadas antes de fin de septiembre.

Por otro lado, la asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que evalúa solicitar medidas cautelares y recurrir a los tribunales por la decisión tomada en la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de enviar 168 hectómetros cúbicos (hm³) en los próximos meses, correspondientes a volúmenes aprobados anteriormente que no pudieron ejecutarse debido a la rotura del canal en agosto, ya que se encontraba fuera del año hidrológico.

En un comunicado, la asociación recuerda que el año hidrológico termina el 30 de septiembre y, de acuerdo a la normativa vigente, «los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente, salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente justificadas, lo cual no se presenta en este caso».

Normativa

En este sentido, argumentan que la Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 es «clara»: «Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente justificadas, si los volúmenes aprobados en los niveles 1 y 2 no se han trasvasado dentro del plazo autorizado, se podrán transferir en los tres meses siguientes al final del periodo de autorización, salvo que haya un cambio de nivel».

El presidente de la asociación, Borja Castro, ha asegurado que “no es posible trasladar de un año hidrológico a otro las cantidades no trasvasadas», por lo que «lo aprobado este martes infringe la ley de manera flagrante y anula las propias normas de explotación”.

Castro ha recordado que en este año hidrológico ya se han trasvasado 321 hm³, lo cual representa la «media histórica de envíos», cifra que equivale al consumo de la ciudad de Madrid durante dos años: «Es evidente que no hay ninguna situación de extrema necesidad. Se han enviado los mismos volúmenes que en la media histórica y las necesidades del Levante están más que cubiertas».

Por lo tanto, la asociación está considerando presentar un recurso y solicitar medidas cautelares inmediatas: «Si el agua se va, se ha ido; no podemos esperar a una sentencia firme«, ha añadido Castro.

Asimismo, ha lamentado que esta decisión se tome tras un año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación, tal como indica el Plan Hidrológico. «Si no se realizan modificaciones a la baja ya, y considerando que la última sentencia del Tribunal Supremo obliga a no escalonar los caudales ecológicos, Entrepeñas y Buendía se vaciarán con relativa rapidez», ha advertido.

Balance del año hidrológico

En cuanto al año que concluye, los Ribereños indican que se han producido dos años húmedos consecutivos, con aportaciones en este último de 1.215 hm³, un 77% por encima de la media de la última década.

«Un dato excepcional dentro de una tendencia estructural de reducción por el cambio climático, pero no se ha utilizado para recuperar las reservas de Entrepeñas y Buendía: a pesar de lo excepcional de estos dos años, apenas han alcanzado el 50% de su capacidad», añaden. Por eso, demandan que «las nuevas reglas de explotación deben corregir esta deficiencia».

Castro ha finalizado afirmando que “el Tajo necesita reglas claras, justas y adaptadas a la realidad climática actual».

«No podemos continuar operando con normas obsoletas que ni siquiera se cumplen. El río, los embalses y nuestros municipios merecen respeto”, ha concluido.