Cerca de un 30% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud son administrados por el sector privado | Sociedad

Un creciente número de prestaciones hospitalarias del Sistema Público de Salud (SNS) se encuentran bajo gestión privada. Un informe presentado por el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros de este martes revela que la proporción ha aumentado un 36,8% en la última década. Actualmente, casi un tercio (30,7%) de los 753 centros son privados, con más de un 80% de la financiación o actividad en manos de entidades privadas.

El gasto en hospitales privados dentro del SNS ha crecido un 84,6% entre 2011 y 2023, alcanzando los 4.800 millones de euros.

La participación de camas operativas en centros privados del SNS ha pasado del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023, mientras que los quirófanos han aumentado del 8% al 10,7%. Este fenómeno se concentra particularmente en Cataluña y Navarra, donde la red privada ofrece una parte significativa de la asistencia, aunque gran parte se compone de consorcios con entidades sin ánimo de lucro.

“El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha evolucionado de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural, lo que significa desviar una parte creciente del presupuesto público hacia empresas que operan con un enfoque en el beneficio, en vez de en el interés general”, indica el ministerio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirma que el modelo de colaboración no ha mostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, advirtiendo sobre los riesgos de una progresiva transferencia de gasto público hacia la gestión privada en cuanto a la planificación y control del sistema.

Destacó que la mayoría de los procedimientos “complejos y costosos” son atendidos por el sistema público, lo que incluye el 100% de los neonatos de menos de 30 semanas con bajo peso, así como trasplantes, quemaduras y membranas de oxígeno extracorpóreas. La mayoría de los procesos “no rentables”, como los servicios de centros de día, también son gestionados por el sector público. El 75% de las urgencias son atendidas por el sistema público, y del restante 25%, la financiación es pública.

La ministra agregó que el sistema público también se encarga del seguimiento de la mayoría de los procesos más comunes, tales como síndromes virales, síncopes o traumatismos. “Lo que ha aumentado en el sector privado son [tratamientos de] faringitis, amigdalitis e infecciones de tracto superior. Esto refleja claramente el peso de cada uno de los sistemas”, aseguró.

Con este contexto, explicó García, se comprende “mejor lo que ha ocurrido” en el Hospital de Torrejón, refiriéndose a las órdenes de Pablo Gallart, director general de la empresa que lo gestiona, el grupo sanitario Ribera, para aumentar las listas de espera y seleccionar procedimientos lucrativos para mejorar el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), tal como fue revelado por EL PAÍS.

“No se trata de rencillas entre directivos [como indicó la presidenta de la Comunidad de Madrid], es el resultado del modus operandi de un sistema que parasita nuestro sistema público a través de los resultados de empresas privadas. Este es el modus operandi principalmente en Madrid, y de manera residual en la Comunidad Valenciana”, afirmó García.

El informe presentado es “una hoja de ruta”. “Si la mayoría de la gente confía en el sistema público, si la mayor parte del sistema se financia con recursos públicos, si más del 95% de la atención compleja está en el sistema público, y si los centros privados dependen estructuralmente de fondos públicos para operar, la conclusión es que necesitamos una ley que proteja y garantice lo público”, sentenció la ministra.

Su departamento está elaborando una ley que pretende presentar a principios del próximo año en el Consejo de Ministros con el fin de prohibir que empresas privadas con ánimo de lucro gestionen hospitales públicos, lo cual implicaría derogar la 15/97 que posibilitó esta situación. No obstante, tendría que atravesar un complicado proceso parlamentario.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, declaró este martes que la ley anunciada por García es “inconstitucional”, “infringe competencias autonómicas” y “contradice la normativa europea”, según informa EFE. Además, comentó que su departamento no ha encontrado deficiencias en el Hospital de Torrejón, pero advirtió que si se detecta alguna negligencia en la gestión “no vacilará” y no se descartaría incluso rescindir el contrato.

El ministerio, según ha declarado su titular, ha solicitado a la consejería los resultados de estas investigaciones, así como las auditorías económicas y de gestión de los últimos años, las actas de la comisión mixta entre la comunidad y la empresa concesionaria, los escritos de denuncias de cuatro directivos despedidos y cualquier otra denuncia o información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

“Sabiendo que esto no solo ocurre en Torrejón, sino que es el modelo de sanidad en la Comunidad de Madrid, también hemos solicitado informes de los centros gestionados por Quironsalud”, aseguró García. El grupo dispone de cinco hospitales privados que operan en el sistema de salud pública madrileña.