Cien residentes de Vallecas podrían quedar sin hogar tras la venta de sus viviendas sociales a un fondo de inversión | Noticias de Madrid

Dos nuevas promociones de viviendas sociales han sido trasladadas al mercado libre, dejando a más de un centenar de vecinos en la incertidumbre de perder su hogar. Los inquilinos de dos bloques en el barrio Ensanche de Vallecas, perteneciente al distrito Villa de Vallecas, se han unido para denunciar lo que consideran una “silenciosa” operación de desahucios que ya están viviendo, tal como adelantó la Cadena SER y este diario ha confirmado. Esto ocurre tras la venta de estas propiedades por parte de la Fundación la Caixa a un fondo de inversión, que estaban destinadas a alquileres sociales de entre 400 y 600 euros.

La estrategia no es nueva. “Se trata de expulsarnos en beneficio de la especulación”, afirma David Jiménez, un vecino de 55 años que lleva 18 en uno de los pisos de estos bloques. David se mudó en 2007 junto a su hijo de siete años, justo después de que el programa de la Obra Social de la Caixa inaugurara estas dos promociones en Vallecas, situadas en las calles Mazaterón 8-10 y Fresno de Cantespino 1-3, con el objetivo de ofrecer alojamiento a jóvenes menores de 35 años y a mayores de 65 con dificultades para acceder a una vivienda.

“Para optar a uno de los pisos había que cumplir ciertos requisitos y tener un ingreso máximo”, comenta David, que actualmente paga alrededor de 400 euros por el suyo y tiene una cardiopatía que le concede un 49% de incapacidad. Poco a poco, fueron llegando vecinos como él a los 220 pisos idénticos de estos edificios: 45 metros cuadrados, una habitación, materiales económicos y un diseño funcional. “Nunca tuvimos problemas para renovar los contratos”, indica.

Sin embargo, en 2022 comenzaron a negarse a renovar los contratos que iban venciendo. “Esto ha estado ocurriendo desde hace tiempo, pero eran desahucios invisibles porque los demás vecinos no nos enterábamos de quién se iba al no renovar su contrato”, explica María Díaz, otra vecina afectada. La situación se volvió evidente cuando en agosto de este año todos los vecinos recibieron una carta firmada por InmoCaixa, la inmobiliaria encargada de gestionar los pisos, comunicando que no renovarían los contratos que vayan venciendo a partir de ese momento. No proporcionaron ninguna explicación ni detalle adicional.

Un portavoz de la Fundación respondió: “Esta es una promoción cuyo término de VPO había vencido y, por ende, ha pasado al mercado libre. A los inquilinos se les notifica siempre a tiempo y cumpliendo con las condiciones contractuales firmadas por ambas partes”. Añadió que, si bien durante varias décadas trabajaron para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, en los últimos años han “reorientado sus líneas estratégicas, enfocándose en programas sociales” como el empleo, la pobreza infantil, el apoyo a mayores o la atención a personas con enfermedades avanzadas.

Una nueva carta

En octubre, los vecinos empezaron a recibir otra carta, en esta ocasión de la empresa a la que la Fundación vendió los pisos, Mosaic Propco S.L.U., informándoles que los contratos ahora le corresponden a ella. Con esta noticia, las expectativas de los vecinos para renovar sus contratos disminuyen considerablemente, y muchos consideran que la Fundación ha subrogado los contratos a otra empresa para evitar la mala imagen de romper ese compromiso con la vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha respaldado a estos inquilinos en su lucha: “Tras recibir subvenciones y desgravaciones para construir la Obra Social, Caixabank ahora sigue buscando aumentar sus beneficios a través de la especulación con esta venta. Mientras utiliza su lucha contra la pobreza o por la infancia mediante su fundación como un lavado de imagen, amenaza con desahuciar a cientos de familias con niños, mayores y personas con pocos recursos”.

Los vecinos estiman que alrededor de 110 todavía tienen un contrato de la época de InmoCaixa. Al menos cuatro de ellos enfrentan una “urgencia habitacional” y a otros 40 se les vencerá el contrato en los próximos meses. David se encuentra entre los primeros, pues su contrato, uno de los “silenciosos”, expiró en 2022 y le negaron la extensión. Su caso llegó a los tribunales, que inicialmente fallaron a su favor al considerar que la Fundación actuó de mala fe al no renovarlo, pero esa resolución fue apelada y sigue en proceso. “Sigo pagando mi alquiler y mis cuentas todos los meses. Nunca me han devuelto un recibo ni han dicho nada más. Es una situación extraña”, reflexiona el vecino, que teme ser el próximo en ser expulsado definitivamente.

A María, su contrato se le vencerá en abril de 2026, cuando cumpla 12 años residiendo en ese piso, pero ella señala que hay personas que llevan incluso más tiempo y a quienes se les hicieron promesas engañosas. “Hay una planta entera, la primera, destinada a los mayores, a quienes les vendieron que nunca se irían mientras no lo quisieran”, aclara.

Según informa la Fundación, en aquellos casos de vulnerabilidad acreditada “se actúa siempre en colaboración y de forma coordinada con la Administración para buscar alternativas residenciales”, pero los vecinos aseguran que hasta la fecha nadie de ellos ha recibido una solución.

“Nos resulta extraño que si los pisos ya no pertenecen a la Fundación, ellos sigan diciendo que nos ofrecerán una alternativa. Eso solo refuerza la creencia de que el nuevo propietario es una empresa pantalla que esconde la especulación”, concluye David. Los vecinos denuncian que en ambos edificios ya hay viviendas de alquiler de temporada que se ofrecen por aproximadamente 1.100 euros, dos o tres veces más de lo que cuesta un alquiler social. También les sorprende que haya algunas en venta por unos 250.000 euros, a pesar de tratarse de “viviendas muy modestas y sin plaza de garaje”.

“Desafortunadamente, esta situación no es nueva, ya que en Madrid, donde Almeida gobierna mediante un urbanismo al servicio de los especuladores”, lamenta Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid. “El alcalde trabaja por una ciudad para los ricos, para los turistas, mientras que la emergencia habitacional que sufre la clase trabajadora le importa exactamente nada”.

Más Madrid ha mantenido reuniones con los vecinos y ha decidido llevar al pleno de Villa de Vallecas, este martes, una proposición para instar a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a negociar con los actuales propietarios para adquirir estas viviendas e incluirlas en el parque público de alquiler asequible. Además, solicitarán que durante las negociaciones se suspendan los desalojos de los vecinos cuyo contrato expire y que los servicios sociales de la Junta de distrito atiendan a quienes se encuentren en situaciones vulnerables.