Cientos de personas claman por justicia en honor a las 7,291 víctimas de las residencias de Madrid durante la pandemia.

Este sábado, miles de personas volvieron a salir a las calles de Madrid para exigir «justicia» y «dignidad» para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia, pidiendo también un cambio en el modelo asistencial de estos centros.

La manifestación, organizada por la plataforma Marea de Residencias, recorrió el centro de la capital desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el lema «¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!», la movilización honra la memoria de las 7.291 muertes en residencias madrileñas durante la pandemia de coronavirus en 2020 y denuncia el «abandono institucional» que enfrentan los mayores en la actualidad.

La organización advierte que la falta de justicia propicia la impunidad y podría llevar a la repetición de errores en futuras crisis.

Entre sus principales demandas se encuentra la aprobación de una Ley de Residencias Estatal que garantice derechos y dignidad a quienes viven en estos centros, así como condiciones laborales adecuadas para el personal que cuida de ellos.

La plataforma aboga por un modelo público de residencias, argumentando que los estudios post-pandemia indican que los centros de gestión privada – «colaboración público-privada» – tuvieron una tasa de mortalidad mayor que los públicos, a pesar de que las administraciones siguen apostando por este modelo «sin considerar la trágica experiencia vivida».

Más Madrid se unió para apoyar a los familiares de los fallecidos en residencias que «murieron de forma indigna» durante la pandemia, y ha vuelto a exigir una investigación «rigorosa».

«La memoria no es negociable y la dignidad no debe ser pisoteada», declaró la diputada de Más Madrid Diana Paredes, quien celebró «la lucha» de los familiares contra «el silencio institucional» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el cual ha estado ausente durante cinco años.

Y enfatizó que los familiares seguirán luchando en los tribunales «hasta que el último responsable de los protocolos de la vergüenza se siente en el banquillo y rinda cuentas por lo que hicieron».