Cierre ordenado para el hotel clandestino de Arganzuela que continúa operando tres meses tras la denuncia.

El número 18 de la calle Arquitectura se ha convertido en un caso paradigmático de cómo un negocio turístico sin licencia puede seguir operando en la capital española a pesar de la cantidad de denuncias. Hace cinco meses, en marzo, el partido Más Madrid alertó al Ayuntamiento sobre un hotel cápsula sin licencia que allí funcionaba, una infracción que no ha llevado a ninguna acción por parte de la Agencia de Actividades, tal y como informó Somos Arganzuela en mayo.

La empresa Yue Gómez-España TAO había presentado una declaración responsable de obras para transformar el local en una vivienda, creando cinco habitaciones, cinco baños y un salón en los 200 metros cuadrados de espacio disponibles en la planta baja.

En ese momento, el partido de Rita Maestre exigió al Gobierno municipal cerrar este establecimiento por “realizar actividades sin inspección, control ni medidas de seguridad”, y presentó la denuncia urbanística correspondiente ante la Agencia de Actividades, el organismo encargado de supervisar estas licencias.

No se tomó ninguna medida hasta tres meses más tarde. Hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado la orden de cese del hotel cápsula -emitida el pasado 15 de agosto- y los responsables del hotel tienen un mes para apelar la decisión, según afirma el área de Urbanismo en declaraciones a Europa Press.

La concejala de Más Madrid, Lucía Lois, criticó al Gobierno municipal por “permitir que alguien haga negocio ilegal al hacinar a personas en condiciones inhumanas, sin ninguna garantía de seguridad”. “Es inaceptable que los servicios urbanísticos ignoraran durante más de un mes la denuncia presentada por Más Madrid el 3 de abril, y que sólo al hacer pública su inacción se decidieran a abrir un expediente y realizar una inspección”, lamentó en declaraciones a Europa Press.

Lois expresó su descontento con la “total dejadez” del Consistorio y advirtió que “el establecimiento sigue funcionando a pesar de que, más allá del derecho del afectado a recurrir, se podría haber procedido con la orden de cese”.

“Carabante afirmó en mayo que por supuesto clausurarían la actividad si era ilegal, pero lo que sucede es que se les permite operar. Es la misma actitud que mantienen con los más de 15.000 pisos turísticos ilegales. Está claro que el Gobierno de Almeida ha renunciado a ejercer su autoridad en cada cuestión relacionada con la grave crisis de la vivienda en Madrid”, criticó.