Concentración en la prisión de Teixeiro, en Curtis (A Coruña), después de la agresión a un empleado.
-
- 13 de febrero de 2026
Cerca de 40 trabajadores se reunieron este viernes, 13 de febrero, a las afueras del Centro Penitenciario de Teixeiro para expresar su descontento y agotamiento tras la agresión que sufrió un funcionario el pasado 5 de febrero en el Módulo 3 del centro.
La manifestación, organizada por la Asamblea de Teixeiro del sindicato Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), tuvo lugar entre las 12:00 y las 12:15 horas. Los asistentes se organizaron en grupos para asegurar que los servicios estuviesen cubiertos.
Las malas condiciones climáticas no fueron un impedimento, aunque causaron retrasos en la llegada de compañeros que viajaron desde Lugo y Santiago para apoyar la causa.
«Consideramos que la seriedad de los hechos ameritaba manifestar nuestro descontento ante la política laboral de la SGIIPP», afirmó el coordinador de TAMPM-Teixeiro y miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato, Marcial González.
La concentración se originó a raíz de la agresión sufrida por un funcionario en la mañana del jueves 5 de febrero, durante una pelea entre dos internos en el Módulo 3, que alberga aproximadamente a 90 reclusos clasificados en segundo grado y con un perfil de alta conflictividad.
De acuerdo con la información proporcionada por el sindicato, cuando los dos funcionarios que estaban presentes intervinieron para separar a los involucrados, uno de ellos recibió una fuerte patada en la pierna mientras ayudaba a uno de los internos que yacía en el suelo. La agresión le causó una fractura de tibia en siete puntos y posibles daños en la meseta tibial.
El trabajador fue trasladado inicialmente a enfermería y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado en ambulancia a un hospital, donde fue sometido a una cirugía al día siguiente. La operación incluyó la fijación de la tibia con placa y tornillos, así como un injerto en la meseta tibial, ya que, según el traumatólogo, el impacto había llevado al hundimiento del hueso en esa área.
Imagen de la zona lesionada del funcionario.
Como resultado, el funcionario permanecerá inmovilizado durante al menos dos meses y enfrentará un extenso proceso de rehabilitación. Los médicos no descartan secuelas permanentes e incluso la posible necesidad de una prótesis en el futuro debido al riesgo de desarrollar artritis.
Críticas a la gestión penitenciaria
Desde TAMPM afirman que los dos internos involucrados tienen un amplio historial de incidentes y agresiones en diferentes centros penitenciarios, y que ambos han sido clasificados anteriormente en primer grado por problemas de adaptación al régimen ordinario. A pesar de esto, denuncian que no se ha considerado su retorno a un régimen más restrictivo.
El sindicato contextualiza lo sucedido en una situación que describen como de creciente inseguridad en las prisiones bajo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP).
Aseguran que el aumento de la población reclusa —que supera el 25% en el último año en el centro—, la presencia de internos con problemas mentales sin suficientes recursos y el traslado de internos conflictivos desde otras comunidades están tensionando la convivencia en módulos como el 3.
En su comunicado previo a la concentración, la organización también denunció la falta de personal —estimando que faltan alrededor de 3.000 trabajadores en el total de Instituciones Penitenciarias— y el envejecimiento de las plantillas, factores que, a su juicio, aumentan el riesgo diario al que se enfrentan.
Reivindicaciones del colectivo
Entre las principales demandas planteadas en la concentración está el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una petición histórica del sector que, según indican, ha sufrido numerosos retrasos parlamentarios.
Asimismo, exigen el reconocimiento como profesión de riesgo y la creación de un sector propio, tal como ya lo tienen otros cuerpos que realizan funciones de seguridad. También advierten que la falta de reconocimiento del principio de indemnidad deja financieramente desprotegidos a los trabajadores en caso de agresiones, especialmente cuando los agresores son insolventes.