Conflito entre la Xunta y el Concello de Vigo sobre el destino de la antigua terminal de autobuses.

El homicidio que tuvo lugar la semana pasada en la antigua estación de autobuses de Vigo, donde un hombre perdió la vida tras ser apuñalado por su pareja, ha sacado a la luz dos cuestiones adicionales: el futuro inmediato del edificio en la Avenida de Madrid, actualmente desocupado y donde suelen permanecer personas sin hogar; y la administración encargada de brindar apoyo a estas personas en riesgo de exclusión.

Por un lado, desde el Concello de Vigo argumentan que el terreno es municipal, ya que, tras ser cedido a la Xunta para la construcción de la estación de autobuses, actualmente no se utiliza para ese fin, exigiendo su reversión a la ciudad.

Así, la concelleira de Urbanismo y Vivienda, María Xosé Caride, ha instado al Gobierno gallego a que devuelva los terrenos o, en su defecto, se haga responsable de las instalaciones y su seguridad. De hecho, Caride asegura que la Xunta tiene desde hace nueve meses la autorización para realizar las obras que cierren el edificio, siempre que el vallado sea «practicable en caso de una intervención urgente».

Desde la Xunta, por su parte, la delegada territorial Ana Ortiz ha enfatizado que «trabajan para garantizar la seguridad de la antigua estación de autobuses mediante el vallado de las instalaciones«, afirmando que el Gobierno gallego ha presentado al Concello varias alternativas que el alcalde Caballero «bloqueó», prefiriendo observar cómo se deteriora esa área en lugar de permitir a la Xunta otorgarle una nueva vida.

Personas sin hogar

Ortiz también ha instado al Gobierno local a actuar a través de los Servicios Sociales Municipales, para cercar el edificio y atender las necesidades de las personas que allí pernoctan, proporcionándoles una alternativa, ya que este es un asunto de «competencia exclusiva» del Concello.

En respuesta, la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, ha señalado que «el sinhogarismo es una competencia de la Xunta de Galicia, dado que es una situación de carácter estructural y no una emergencia puntual», refiriéndose al Plan de Atención a personas sin hogar en Galicia, que, según ha añadido, «está caducado desde el año 2023».

Aguiar ha criticado la «dejación de funciones» por parte de la Administración autonómica, subrayando que «proporcionar atención inmediata a las personas en situación de calle» es responsabilidad del Concello, mientras que «facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas sin hogar le corresponde al Gobierno gallego».

Además, Caride ha recordado que los dos inmuebles relacionados con la muerte de dos personas en riesgo de exclusión, el de la antigua estación de autobuses y el antiguo de Pescanova, son responsabilidad de la Xunta «para su atención y acondicionamiento»; en el primero, colocando un vallado, y en el segundo, que depende de la autoridad portuaria, la cual ha sido requerida «en varias ocasiones» para que se asegure «por ser inseguro e insalubre».