Considero la posibilidad de acudir a la Justicia porque está en juego nuestra vida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa ocultando la información sobre los cribados de cáncer de mama y de cérvix, lo que ha generado controversia tras revelarse que su administración había adjudicado los contratos de estos últimos a la empresa con peor calificación.

Semanas después, quienes intentan obtener información al respecto se encuentran con dificultades, ya que el Gobierno de Madrid ejerce control sobre diversos organismos clave para la plena democracia, como el Consejo de Transparencia y la Mesa de la Asamblea.

Esta situación afecta de manera constante a sus señorías; en realidad, no importa el asunto, siempre que pueda comprometer a la administración Sol. Sin embargo, el tema de los cribados es particularmente notable. De hecho, en el último mes ha sido uno de los ejemplos más evidentes -si no el más claro- que evidencian el modus operandi de la Comunidad en este aspecto.

«Vulnera el derecho de la ciudadanía a saber»

Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), se convierte en el rostro de una realidad que califican casi de desesperante cada vez que buscan respuestas en conversación con ElPlural.com. “Se vulneraron todos los plazos en el registro de la Cámara, y hemos interpuesto un recurso de amparo que no han atendido”, lamenta.

Morales destaca que “constantemente se vulnera el derecho de la ciudadanía a informarse”, así como el de los representantes políticos “a fiscalizar”. No obstante, deja claro que “no se detendrá” aunque eso implique llevar el asunto ante la Justicia: “Voy a ir hasta el final, y si la Justicia me respalda y tengo que recurrir a ella, lo haré, porque estamos arriesgando vidas con los cribados”.

Después del caso más evidente en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno Bonilla y la controversia similar en la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo madrileño volvió a ser noticia por un tema en el que la izquierda busca arrojar luz y transparecia.

Peor valorada

Su gobierno se colocó nuevamente en el centro de la atención sanitaria tras adjudicar una licitación a una compañía que fue la peor valorada a nivel técnico; un motivo que no disuadió a los ‘populares’ de otorgar el contrato. Ante las preguntas de este periódico, la Consejería de Sanidad argumentó que el acuerdo aún no se había cerrado y que cualquier empresa insatisfecha podía presentar un recurso, como finalmente sucedió, lo que también resulta curioso.

Las pruebas en cuestión determinan si la paciente está infectada por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual (ITS) que, en muchas ocasiones, se resuelve por sí sola, aunque en algunos casos puede evolver a cáncer de cuello uterino (o de cérvix).

No da los datos a Sanidad

Ayuso ha rechazado proporcionar la información relacionada con los cribados de cáncer, aunque no es un caso aislado, ya que otros líderes de distintos territorios, como el entonces presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y el de Murcia, Fernando López Miras; así como el de la Junta de Andalucía, también se sumaron a esta negativa.

Las administraciones de la derecha enviaron misivas al departamento de Moncloa argumentando que la solicitud respondía a una “estrategia de confrontación política”, al tiempo que criticaban al Ministerio de Mónica García por no haber consensuado la entrega de dicha información desde el Consejo Interterritorial de Salud.

En ese sentido, las autonomías asumieron que la intención del Estado era que las comunidades “adelanten” el trabajo, considerándolo una decisión con objetivos «más políticos que técnicos”, a pesar de que, en su opinión, “no existe documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de dichos programas”.

Falta de respeto

Entre las imágenes que dejó la polémica, destaca la de los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el partido conservador abandonando la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud apenas minutos después de empezar.

García respondió al PP calificando la acción popular como un boicot a “su propia credibilidad y a su capacidad de responder a una alarma social”. “¿No sabe una consejera de Salud cuáles son los criterios y los indicadores de un programa de cribado?”, cuestionaba a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. “Eso sí que es grave”.

“(Se trata de) una estrategia incomprensible. (El PP) ha sido desleal no solo con el Ministerio, sino con las mujeres que ahora están preocupadas (…) No son capaces de ser transparentes en los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon. Deben explicar qué están ocultando”, concluyó.