Contamos con el respaldo de toda la comunidad

Las universidades públicas de Madrid se alzan contra el abandono que enfrentan por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Desde hace años han estado denunciando la difícil situación derivada de la escasez de financiación. Esta problemática podría intensificarse aún más con la aprobación por parte del PP de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, la LESUC, que este jueves avanzó en la Asamblea de Madrid.

El proyecto del Gobierno regional, impulsado por el consejero de Educación, Emilio Viciana, y redactado por el «Rasputín de Ayuso», asoma a las universidades al precipicio de la privatización, la censura y el control ejercido por la Comunidad de Madrid. La oposición ha intentado frenarlo con una moción para su retirada. Los diputados del PP en la Asamblea votaron este jueves en contra de la PNL presentada por Más Madrid.

Sin embargo, la sesión se convirtió en un megáfono de la indignación de la comunidad educativa ante las políticas de Ayuso. Este descontento fue personificado en la tribuna por la Coordinadora de Plataformas por la Universidad Pública de Madrid, a través de las voces de Eva Aladro, profesora, y Jorge Martín, alumno de la universidad pública. Con los brazos en alto y con el apoyo de la oposición, afirmaron que, aunque el PP tenga todas las herramientas para perpetuar su sufrimiento, ellos no se rendirán. «Contamos con el respaldo de toda la comunidad universitaria«, declaró Aladro a ElPlural.com.

Desde los grupos de profesores y estudiantes han estado en pie de guerra contra las políticas de Ayuso durante meses. Decenas de manifestaciones han llenado las calles de la capital en este tiempo. En noviembre, una huelga reunió a más de 55.000 personas en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Quieren dejar claro que, hasta que la situación no cambie, continuarán en la lucha.

Las universidades impugnarán la ley «inconstitucional» de Ayuso

Las plataformas ya han prometido resistencia contra el proyecto de la LESUC, comenzando por la vía constitucional. Sostienen que la ley «atenta contra el título primero de la Constitución«. El artículo 27 de la Carta Magna establece «el derecho a la libertad de enseñanza» y, en su apartado 10, reconoce «la autonomía de las Universidades«. Aladro anunció que presentarán «un recurso de inconstitucionalidad» tan pronto como el Ejecutivo regional apruebe el proyecto. El recurso «detendría la ley de inmediato» y la mantendría en suspenso mientras la Justicia revisa el asunto.

Mientras buscan retrasar al máximo el asalto del PP a las universidades, continuarán movilizándose en las calles. El próximo 14 de febrero se llevará a cabo una Asamblea General Interuniversitaria, donde las plataformas decidirán los próximos pasos a seguir. Entre las medidas que contemplan, que incluyen nuevas marchas ciudadanas en la capital, están desde «presionar a los rectores para que defiendan las universidades» hasta una huelga indefinida, según indican a ElPlural.com.

La LESUC amenaza la autonomía y la libertad de expresión en las universidades

Previo al pleno del jueves, las plataformas reiteraban su firme determinación: «Venimos a apoyar y a mostrar la presión que estamos realizando para que se respete la autonomía de las universidades públicas», señalaba Aladro. Aseguran que la ley «puede institucionalizar la infrafinanciación crónica que han sufrido las universidades públicas», como denunciaba Jorge Martín, quien fue este jueves la voz de los estudiantes en la Asamblea.

Entre los puntos del texto del PP que critican, está que permitirá que la Comunidad de Madrid elija a los órganos de control de las instituciones. También prevé la fiscalización de todas las actividades financieras de las universidades públicas. Además, la ley limitará la libertad de expresión de los estudiantes y perseguirá las protestas estudiantiles, «por ejemplo, imponiendo una multa de 500.000 euros solo por colocar una pancarta», explica Martín. Esta medida fue adoptada por el Ejecutivo regional tras las acampadas propalestinas en varios campus de la Comunidad de Madrid.

La ley también allana el camino hacia una mayor privatización de la educación en la región, que ha sido un pilar de la política del PP. Las plataformas afirman que el proyecto de la LESUC favorece la privatización o mercantilización del sistema, al incentivar la financiación externa y debilitar la participación pública, lo que podría poner en riesgo la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior.