Conversatorios sobre la tortura en el Teatro del Barrio para facilitar el establecimiento de una comisión de la verdad.

Las Jornadas contra la tortura dieron inicio el martes 30 de septiembre en el Teatro de Barrio, y continuarán con una segunda parte el próximo 7 de octubre. Este evento es organizado por activistas pro derechos humanos con una notable trayectoria, así como por personas que han sufrido tortura, científicos y juristas. Entre los destacados se encuentran Jorge del Cura (Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura), Pedro J. Larraia (exmiembro de Amnistía Internacional y con experiencia en casos de tortura), y Juan Ignacio Ruiz-Huerta (anterior jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo).

La primera jornada incluyó la proyección del documental Arg(h)itzen, que documenta la situación de la tortura en la región de Sakana (Nafarroa) en los últimos cincuenta años. Tras la proyección, se llevó a cabo un coloquio moderado por el activista Jorge del Cura, que contó con la participación de Mikelatxo Urbi (director del documental), la doctora en derecho Laura Pego, Ainara Gorostiaga (parte de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa) y Martxelo Otamendi, exdirector de los diarios Egunkaria y Berria.

La jornada del 7 de octubre contará con una mesa redonda sobre la tortura en el Estado Español desde el fin del franquismo. Participarán Sara López (Legal-Sol), Juan Ignacio Ruiz-Huerta, Gabriela López (Centro SiRa) y Joaquín Urías (Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla).

Este encuentro se realiza tras una entrevista sostenida el 4 de junio de 2024 entre los organizadores y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, donde se les entregó documentación acreditativa sobre la tortura que han recopilado durante años, así como varios informes académicos sobre la existencia de tortura en el Estado español, con énfasis en el País Vasco y Navarra.

En esa reunión, se solicitó un informe extraordinario sobre la práctica de la tortura en España que fuera presentado ante el Parlamento. Según los activistas, aunque al principio la propuesta fue bien recibida, luego la institución se distanció, argumentando que sus recursos deben concentrarse en los “derechos fundamentales actuales”.

Este acto se enmarca en un conjunto de acciones que buscan eventualmente establecer una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.