Críticas a Marlaska por obligar a la Guardia Civil a emplear vehículos de 15 años.
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- 26 de diciembre de 2025
El Tribunal de Cuentas ha censurado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por obligar a la Guardia Civil y la Policía Nacional a utilizar vehículos «con más de 15 años». Este órgano fiscalizador ha señalado que existe «un porcentaje significativo de coches» que presenta «antigüedad y kilometraje excesivos».
Estas conclusiones provienen del Informe de Fiscalización sobre la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
El organismo señala que, gracias a los fondos europeos que respaldan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se logró «la renovación de un número significativo de vehículos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil» tras la pandemia.
No obstante, la comparación entre los vehículos asignados a la Policía Nacional y a la Guardia Civil muestra una disparidad en el trato de Interior hacia ambos cuerpos. En efecto, mientras que la Policía ha recibido 2.659 nuevas unidades, la Guardia Civil solo ha tenido 1.596 coches adquiridos.
«Antigüedad y kilometraje excesivos»
«A pesar del esfuerzo de renovación realizado con los materiales móviles de ambas corpora, persiste un porcentaje significativo de vehículos con antigüedad y kilometraje excesivos», señala el informe de fiscalización sobre la cartera de Marlaska.
Además, la diferencia de trato se torna aún más evidente en la antigüedad de la flota. Tal como indica el Tribunal de Cuentas, «particularmente», la Dirección General de la Guardia Civil «opera un parque móvil más envejecido que el de la Policía Nacional».
En cuanto al instituto armado, «un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil contaban con más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos». Por su parte, un tercio de las unidades de la Policía Nacional tiene más de 100.000 kilómetros, y más de la mitad de los coches supera los cinco años, mientras que uno de cada cuatro tiene más de 15 años.
La Policía Nacional se beneficia de manera preferente de los contratos de arrendamiento, que, según considera el Tribunal de Cuentas, son un acuerdo «más eficiente para el servicio que ofrecen los vehículos». Este enfoque reduce los gastos en reparaciones y proporciona una flota más moderna.
«Sin embargo, debido a las limitaciones presupuestarias, no es viable en la actualidad que ambos cuerpos policiales dependan exclusivamente de contratos de arrendamiento», destacan desde el órgano fiscalizador. Así, la Guardia Civil es la que menos se ha beneficiado de esta opción.
«Deficiencias» en la gestión
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también ha señalado la «información almacenada en los sistemas de gestión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil». El órgano fiscalizador advierte que «la gestión de los vehículos de sus respectivos parques móviles presenta deficiencias» debido a la «calidad y funcionalidades de explotación» que adolecen de «carencias en sus respectivos sistemas de información de gestión».
En este mismo sentido, se sugiere que Interior «explore la financiación futura del reemplazo de los vehículos adquiridos en el marco del PRTR para uso de la Policía Nacional y la Guardia Civil» ya que «la finalización de su vida útil se producirá en un lapso de tiempo similar para todos ellos».
La segunda recomendación del Tribunal de Cuentas es «implementar mejoras en las funcionalidades de los sistemas de información que apoyan la gestión de los parques móviles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil». Con esta actualización, se pretende «incorporar mayor detalle en la información, mediante sistemas automatizados e interoperables y controles específicos de calidad de los datos».