CSIF impugna el «injusto» decreto de Ayuso que genera conflicto entre docentes y familias por la jornada partida en las escuelas.
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- 31 de enero de 2026
Los sindicatos se muestran escépticos ante la implementación de la jornada partida obligatoria en los colegios públicos de Madrid. CSIF ha presentado ya su recurso contra el decreto aprobado en diciembre por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que modifica el horario escolar dividiéndolo en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, con un descanso de dos horas entre ambas. Solo en septiembre y junio, al inicio y al final del curso, se podrá considerar la opción de mantener la jornada continuada, pero siempre de manera temporal. No obstante, el sindicato de funcionarios califica esta medida de “arbitraria” y unilateral.
En su denuncia, presentada el 9 de enero y a la que ha accedido Somos Madrid, se señala una violación del principio de participación democrática y del derecho a la negociación colectiva, además de advertir sobre una “falta de motivación y arbitrariedad en el ejercicio de la potestad reglamentaria”. Es decir, se argumenta que no se ha llevado a cabo una negociación con las partes involucradas y que no se ha expuesto cómo esta medida beneficiará el desarrollo académico, según el análisis del órgano sindical.
Desde el anuncio generado reacciones diversas en la comunidad educativa, con opiniones encontradas entre el profesorado y las familias: los primeros tienden a oponerse a la medida por el impacto negativo que supone en sus derechos laborales, mientras que entre las familias, algunos la ven con buenos ojos debido a la posibilidad de mejorar la conciliación.
No conocemos ningún informe pedagógico que diga que una jornada es mejor que la otra
Miguel Ángel González
— Responsable de educación de CSIF Madrid
Miguel Ángel González, responsable de educación de CSIF, señala que no hay “ningún informe pedagógico que respalde que un tipo de jornada es superior al otro”, y menciona que el tema “no ha sido discutido” en la Mesa Sectorial de Educación, el órgano oficial de coordinación entre la Consejería de Educación y los representantes docentes. González asegura que se han presentado “ventajas pedagógicas”, pero, en su opinión, aún no están justificadas.
Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, esta medida se implementa con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado y facilitar la conciliación familiar si el colegio decide adoptar el cambio de jornada. Para ello, cada centro debe obtener la aprobación de al menos un tercio del Consejo Escolar, que incluye representantes de personal no docente, docentes, familias y agentes municipales.
Una vez confirmado el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar comunicará el resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo enviará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Sin embargo, CSIF sostiene que la mayoría simple permite al centro optar por la jornada partida “sin un mínimo de participación”, y no son los únicos que han manifestado su desacuerdo con el anuncio.
ANPE advierte: impugnará el decreto “en los próximos días”
Además de CSIF, otros sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial en representación de los docentes (ANPE, CCOO y UGT) han criticado públicamente la norma desde su aprobación. ANPE confirma que el tema ya está en manos de sus abogados, quienes interpondrán una impugnación del decreto de Ayuso “en los próximos días”. El proceso de autorización para el cambio de jornada debe llevarse a cabo antes del 15 de marzo de cada año, lo que añade una presión temporal.
La presidenta de ANPE en Madrid, Carolina Fernández, explica a este diario que el nuevo marco establecido por la Comunidad “desconoce el saber de los docentes” y no considera que el alumnado “se encuentra más cansado por la tarde”, lo que puede llevar a que algunos estudiantes no regresen para la segunda sesión, dependiendo de su contexto familiar o social. También cuestiona el argumento del consejero sobre la conciliación familiar.
“Contamos con ritmos de trabajo que dificultan la conciliación vida-trabajo, y esa es una realidad social. Sin embargo, este cambio no debería ser responsabilidad de los profesionales de la educación, sino de la estructura que lo sustenta”, reflexiona la representante de los docentes de Madrid. Los sindicatos mayoritarios como CCOO y UGT también participan en este debate sobre la nueva jornada escolar.
Javier Becerra, responsable sectorial en UGT-Madrid, menciona que su equipo legal “está evaluando” una posible denuncia a añadir al conjunto de recursos, pero aún analizan todos los aspectos legales para asegurar que nada impida su futura reclamación. “Hay aspectos que no nos parecen claros”, afirma Becerra. Desde Comisiones Obreras, también se ha criticado la aprobación del decreto, subrayando los inconvenientes que puede acarrear para los más jóvenes.
“Se modifica la normativa para, de manera encubierta, usar los centros educativos como guarderías, dejando a los niños, una vez más, en un horario extendido para que las familias puedan afrontar las largas jornadas laborales que se ofrecen en los empleos de la Comunidad de Madrid”, expresó en diciembre Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. En las próximas semanas se verá si otras denuncias se suman a la de CSIF y cuál será el impacto de este polémico decreto.
