Cuando la corrupción en Madrid transformó la construcción en favor de la eficiencia energética, impulsada por el PP.

El estallido de la operación Púnica en 2014 provocó un gran terremoto judicial y político en Madrid, un evento sin precedentes y complicado de replicar. Francisco Granados, una de las figuras clave en los gobiernos de Esperanza Aguirre, fue enviado a prisión provisional mientras la Guardia Civil arrestaba a una serie de alcaldes y la Audiencia Nacional revelaba que la corrupción había evolucionado desde la trama Gürtel, cambiando el ladrillo por la eficiencia energética. La sentencia del caso, más de once años después de la operación, deja a 28 personas condenadas por manipular contratos de eficiencia energética para la filial española de GDF Suez en siete municipios de Madrid, con un botín total de 233 millones de euros.

La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco iniciaron la operación el 27 de octubre de 2014. Este lanzamiento ocurrió un poco antes de lo planeado, ya que uno de los agentes había filtrado información y los investigados estaban conscientes de que la Audiencia Nacional les seguía de cerca. En la cabeza de la lista de aproximadamente medio centenar de investigados se encontraba Granados, quien seis meses antes había renunciado a su acta de senador por el PP tras salir a la luz que tenía una cuenta en Suiza. El empresario corruptor, poco conocido para el gran público, era David Marjaliza, mientras que, entre otros, se encontraban los alcaldes de localidades como Valdemoro, Parla o Móstoles y directivos de la empresa Cofely.