De un caso de evasión fiscal a un fiscal general en la cuerda floja: la trayectoria hacia un juicio sin precedentes sin pruebas concluyentes | España

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se presentará mañana en el banquillo de los acusados. Aunque en realidad estará en estrados junto a su abogado, su condición de acusado es innegable. Esta será una imagen sin precedentes, marcando un hito histórico. El Tribunal Supremo ha optado por llevar hasta las últimas consecuencias una instrucción extraordinariamente polémica en un proceso que afecta a una de las más altas instituciones del Estado. El presunto delito en cuestión: una revelación de secretos, específicamente la supuesta filtración de un documento a los medios de comunicación.

García Ortiz será juzgado en la Sala Penal, un espacio imponente con paredes forradas de seda roja de Damasco y estrados de caoba originaria de Cuba. Al fondo, un enorme Cristo crucificado de Alonso Cano. Esta sala ha sido testigo de vistas mediáticas notables, como la que en 1997 condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y, más recientemente, el juicio contra el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía en una manifestación. Sin embargo, ninguna ha tenido el peso simbólico de esta: el primer juicio en democracia contra un fiscal general del Estado. Esta singularidad se notará cada día, desde el hecho de que el acusado llegará en coche oficial acompañado de escolta, podrá entrar a diario al tribunal por la puerta reservada a magistrados y autoridades, y durante el juicio vestirá su toga de fiscal general, sentado junto a su abogado, quien será proporcionado por la Abogacía del Estado.

Frente a él, destaca una inscripción en la pared central de la sala: “Justitia”. Debajo, un tribunal compuesto por siete magistrados, presidido por Andrés Martínez Arrieta, quien dirigirá la vista. Junto a él, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Susana Polo y Carmen Lamela decidirán el destino del fiscal general. Este tribunal tiene una mayoría conservadora (solo Ferrer y Polo se consideran parte del sector más progresista del Supremo) y, a lo largo de seis jornadas, se llevarán a cabo las declaraciones de 40 testigos, entre los cuales se encuentran ocho fiscales y 12 periodistas, tres de ellos de EL PAÍS.

Para entender el origen de esta historia, hay que retroceder a hace un año y medio, al 13 de marzo de 2024. Aunque, en realidad, todo comenzó mucho antes, en mayo de 2022, en un lugar muy distante de la Fiscalía General del Estado: el despacho de una inspectora de Hacienda que detectó una declaración fiscal sospechosa de una empresa. Desde el hallazgo casual de esta funcionaria hasta el juicio contra el fiscal general del Estado han pasado tres años y medio. El último año ha estado lleno de confusiones, tergiversaciones, mentiras y decisiones judiciales poco convencionales. Esta es la crónica de cómo el fiscal general ha llegado a sentarse frente a siete jueces que deberán decidir en las próximas semanas si lo absuelven o condenan, por primera vez en España, a un fiscal general del Estado.

Mayo de 2022. Ministerio de Hacienda. Una declaración tributaria sospechosa

Dos inspectoras del Ministerio de Hacienda descubren irregularidades en las declaraciones fiscales del impuesto de sociedades de una empresa correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021. Los ingresos de la compañía habían aumentado drásticamente respecto a 2019, pasando de 357.000 euros a 2,3 millones. Sin embargo, la tributación es inferior. ¿Por qué? A raíz de varias facturas por presuntos gastos que las inspectoras consideran sospechosas. Al investigar, encuentran una serie de facturas que creen que son fraudulentas y que han sido emitidas por trabajos nunca realizados. Durante un año y medio, investigan qué ha podido suceder, concluyendo que se defraudaron a la Agencia Tributaria 350.951 euros.

Enero de 2024. Un extenso informe concluye: hay indicios de delito

Las inspectoras elaboran sus conclusiones en un informe de 187 páginas: hay indicios de delito contra la Hacienda Pública, ya que la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. La empresa implicada es Maxwell Cremona y su propietario es Alberto González Amador. Podría ser cualquier ciudadano, pero se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria, en cumplimiento de su obligación legal, remite el expediente completo a la Fiscalía debido a los indicios de delito y notifica a González Amador sobre lo sucedido.

2 de febrero de 2024. El correo. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”

El abogado de González Amador, Carlos Neira, busca controlar la situación y llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio y que no se haga pública la información. Ese día envía un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid: “Tras analizar el asunto, en común acuerdo con Alberto González, les comunico que es intención de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) y proceder a resarcir el daño pagando el total de la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

A esa dirección de correo electrónico tienen acceso, según la defensa, 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios. Desde allí se reenvía al fiscal Julián Salto, quien se encargará del caso. Además, el abogado de González Amador lo envía también a un abogado del Estado, al que informa de la situación.

12 de febrero. El fiscal responde: “Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos”

Julián Salto contesta a Neira en un correo educado: “Le escribo para referirme a los presuntos delitos de defraudación tributaria de la sociedad Maxwell Cremona. Le informo que seré el fiscal encargado del asunto. Tomo nota de la intención de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Según la AEAT, hay otras personas implicadas respecto a las que habrá que depurar responsabilidades, pero no estimo que eso obstaculice la posibilidad de cerrar un acuerdo con la Abogacía del Estado y con usted. Mantendremos el contacto”.

20 de febrero. El caso llega al juzgado

La Fiscalía Provincial de Madrid remite la denuncia del fiscal al decanato de los juzgados de instrucción de Madrid, que la registra el 5 de marzo. Al día siguiente, un periodista de elDiario.es, José Precedo, llama al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para preguntar sobre una denuncia a nombre de Maxwell Cremona que había llegado al periódico, sin mencionar nada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según su testimonio en el juicio, ya contaba con la documentación cuando realizó la llamada a Fiscalía.

Al día siguiente, el fiscal general es informado de esta llamada, así como de otra de otro medio a la Fiscalía provincial, y solicita a su colaborador más cercano, el fiscal Diego Villafañe, que se comunique con la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que obtenga toda la información sobre el caso. Rodríguez remite la documentación a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Más de 60 personas tienen acceso a las cuentas de correo donde se envió la información; y según afirma la defensa de García Ortiz, más de 400 personas pueden acceder a la carpeta de la Fiscalía de Madrid en la que se encuentran las diligencias.

12 de marzo. El fraude fiscal de la pareja de Ayuso sale a la luz

A las seis y un minuto de la mañana, elDiario.es titula en su portada: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. La noticia incluye imágenes del informe de la Agencia Tributaria y de la denuncia presentada por la Fiscalía en los Juzgados contra el empresario por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En esa información no se menciona nada sobre las negociaciones en torno a un posible pacto de conformidad.

González Amador llama a su abogado, quien le dice que no sabe nada de la denuncia y le pide tiempo para contactar con la Fiscalía. Ese mismo día, a las 8.50, el fiscal Julián Salto envía una copia de la denuncia en un correo electrónico. Añade: “Aunque se haya denunciado a otras personas, no será un obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo consideran posible”.

Neira envía un mensaje a González Amador con una captura de ese email: “Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Voy a contactar con el fiscal para concretar. Mi idea es que solo haya un condenado y que la multa sea la mínima”.

A las 9.09, González Amador reenvía el correo del fiscal y el mensaje de su abogado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR.

A partir de ese instante, se abre la caja de Pandora.

Isabel Díaz Ayuso denuncia una supuesta persecución hacia ella y su entorno por parte del Gobierno. “Esto es parte de lo que llevo sufriendo cinco años”, afirma. “Aquí no ha habido nada de redes ni tramas, pero sé que desde La Moncloa se está llamando a las televisiones pidiendo más madera y generando una trama donde hay una inspección a un ciudadano”.

Los medios de comunicación buscan frenéticamente más información sobre el caso mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid pone en marcha toda su maquinaria para sembrar el caos en torno a esta noticia que la afecta tanto personal como políticamente. La noticia de que González Amador había aceptado pagar una multa y reconocer el delito llega a EL PAÍS, que contacta a Neira para confirmar la información. Sin embargo, este no responde y el periódico decide no publicar nada hasta poder contrastarlo con una segunda fuente.

13 de marzo (día D): Miguel Ángel Rodríguez pone en circulación un bulo.

El jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid comienza a difundir información exculpatoria, confusa y falsa. A las siete de la tarde, envía una versión de los hechos a través de grupos de WhatsApp que maneja habitualmente con los periodistas. En esta narración nada tiene que ver con la realidad y se convierte en el origen de la futura causa contra Álvaro García Ortiz. MAR escribe en sus grupos: “Primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él. Es todo turbio y feo”. Un periodista de EL PAÍS recibe este WhatsApp a las 19.47.

A partir de ese momento, con esa información en manos de decenas de periodistas, se desata una actividad frenética en las redacciones para averiguar lo que había sucedido. Los periodistas comienzan a llamar a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Madrid preguntando acerca de lo que contaba Miguel Ángel Rodríguez. Cada redactor busca a sus fuentes para intentar obtener los documentos. Todo el mundo quiere saber si aquello es cierto o no.

A las 20.50, la fiscal superior de Madrid llama a Álvaro García Ortiz para alertarle de lo que estaba sucediendo. También lo hace la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado.

A las 21.29, El Mundo publica la información falsa que circulaba de Miguel Ángel Rodríguez: que la fiscalía había propuesto el pacto. También se menciona el acuerdo de conformidad alcanzado y la supuesta cantidad defraudada por González Amador.

El fiscal general solicita el correo al que alude la información de El Mundo poco después, a las 21.34. A las 21.59, la fiscal provincial le envía el correo que el abogado Neira remitió a Salto el 2 de febrero; y la cadena completa de emails llega a las 23.44.

Mientras tanto, a lo largo de esa tarde, periodistas de la Cadena SER y La Sexta han ido obteniendo acceso, a través de sus fuentes, a la información veraz: que la propuesta de pacto de conformidad partió de González Amador y no de la Fiscalía.

La Sexta publica su información a las 22.10, pero ya la compartían en los chats de la cadena desde las 21.54, tal como consta en la instrucción judicial. Es decir, la noticia estaba redactada antes de que García Ortiz recibiera el email con la propuesta de pacto de conformidad. A las 23.24, la Cadena SER afirma en antena que ha tenido acceso al correo y publica extensos extractos del mismo a las 23.51 en su página web. Sin embargo, el periodista que informó sobre esto testificó que vio el correo alrededor de las 15.40 de ese día gracias a una fuente.

Miguel Ángel Rodríguez persiste en distribuir información falsa en sus grupos de WhatsApp: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ‘de arriba’ y retira la propuesta de acuerdo… Todo sucio”. Su misión: hacer que pareciera que el pacto de conformidad fue propuesto por la Fiscalía, lo cual no era cierto, y que luego lo retiraron, algo igualmente falso.

14 de marzo. La Fiscalía publica una nota informativa

A la mañana siguiente, y ante las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez, la Fiscalía decide enviar una nota aclaratoria sobre la secuencia real de correos con el abogado de González Amador. La razón indicada: era su deber desmentir información falsa sobre la Fiscalía que se difundía a través del entorno del investigado, Alberto González Amador.

3 de abril. González Amador pasa al ataque y se querella contra los fiscales

Los primeros pasos judiciales de este caso no son contra Álvaro García Ortiz. González Amador presenta una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Les acusa de incurrir en delitos de revelación de secretos al enviar la nota informativa a los medios de comunicación. En esa querella, la pareja de Ayuso sostiene que existe una campaña en su contra debido a su relación sentimental, pero omite que fue Miguel Ángel Rodríguez quien reveló, de manera distorsionada, la existencia de correos entre su abogado y la Fiscalía sobre un posible pacto de conformidad.

7 de mayo. El TSJ decide investigar la nota informativa, no la filtración

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la querella y ordena investigar si se vulneró el deber de reserva. Hasta ese momento, todo gira en torno a la nota informativa, sin hablar de ninguna filtración. Cuando Álvaro García Ortiz asume la responsabilidad por el envío de dicha comunicación, el caso asciende al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado.

16 de octubre. El Tribunal Supremo se queda con el caso

El Supremo abre por primera vez un proceso contra el fiscal general del Estado el 16 de octubre, encargando el caso al magistrado Ángel Hurtado. La Sala de lo Penal indica que en la nota de prensa emitida por la Fiscalía “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, pero, sorprendentemente, esto no implica que se archive la instrucción, sino que el posible acto delictivo se convierte en otro: la supuesta filtración del correo electrónico a ciertos medios de comunicación esa noche del 13 de marzo.

Hurtado explica más adelante: “La base factual de la revelación de secretos radica en la filtración clandestina a los medios de comunicación de un correo con información confidencial, que el interesado no deseaba que se hiciera pública, pero que, al llegar a conocimiento de un tercero, funcionario público, se transmite a un medio determinado con el objetivo de difundirlo, logrando una divulgación que no debió ocurrir”.

30 de octubre. La UCO entra en el despacho del fiscal general

El mismo día en que el Supremo imputa formalmente a García Ortiz, el juez ordena a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en la investigación de delitos complejos y graves, que acceda al despacho del fiscal general. El abogado de González Amador solo había solicitado el cruce de correos entre García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid entre el 5 y el 18 de marzo de 2024, así como aquellos mensajes que incluyeran el texto del correo cuya filtración se investiga. Sin embargo, la orden del juez fue mucho más amplia: la UCO debía hacerse con el control total de todos los dispositivos del fiscal general para “extraer la mayor cantidad de información posible”.

El registro, que se extendió durante 10 horas, fue ordenado por el juez menos de dos horas después de haber requerido al fiscal general que designara a un abogado que lo representara en la causa, por lo que esta representación aún no se había concretado cuando cinco agentes de la UCO llegaron al despacho que alberga probablemente la mayor cantidad de información confidencial de España. Se incautaron de sus dos teléfonos móviles, uno personal y otro oficial, un portátil, un ordenador, una tablet y varios USB.

El auto del juez Hurtado considera que esa entrada era “necesaria, idónea y proporcional”. El fiscal general sostiene que no lo fue de ningún modo, como declaró posteriormente en sede judicial: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en el derecho europeo de que se entre en el despacho del fiscal general y se le incauten dispositivos. Es inimaginable”.

El borrado del móvil del fiscal general

Uno de los indicios que manejan los jueces para fundamentar la acusación contra García Ortiz es que borró su móvil y no colaboró.

Esta es su explicación, dada en sede judicial: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi derecho a manejar mi terminal como considere. Borro todo porque es una obligación legal; debemos eliminar los datos de nuestros dispositivos, no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, afirmó, y negó haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

—¿Qué información tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería interminable listar […] Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e informaciones absolutamente inimaginables. Data e informaciones que corresponden a todos los fiscales […] Mi teléfono móvil guarda información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, sin duda. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan contener en su móvil tal y tanta información como tiene el fiscal general del Estado de España.

29 de julio de 2025. Procesamiento confirmado, pero con un demoledor voto particular

Desde octubre de 2024, todos los implicados o conocedores de lo que sucedió aquel 13 de marzo del año pasado han declarado ante el Tribunal Supremo. Desde que el objeto a investigar dejó de ser la nota informativa de la fiscalía, solo hay dos preguntas planteadas: ¿Filtró el fiscal general del Estado los correos relacionados con González Amador a algún medio? Y, si así fuera, ¿constituye esto un delito de revelación de secretos?

No hay pruebas que respalden la filtración. Los magistrados que apoyaron el auto de procesamiento se basan principalmente en que García Ortiz borró su móvil y que hay una coincidencia cronológica entre la publicación del correo por los medios y el momento en que se lo enviaron a él. Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres sostuvieron que estos indicios eran suficientes para procesar al fiscal general. Sin embargo, un tercer magistrado, Andrés Palomo, emitió un voto particular contundente en contra, argumentando que la “relativa coincidencia cronológica” entre la recepción del correo por García Ortiz y la publicación en los medios es “totalmente insuficiente” para procesarlo; además, critica que no se considere el testimonio de los periodistas que accedieron al correo antes que el fiscal.

“El correo había sido filtrado en su contenido antes de que ese correo llegara a poder y conocimiento del investigado”, subrayó el voto particular, que señala la “escasez, debilidad e insuficiencia de los indicios de la filtración”. Palomo también criticó que se utilizara como “indicio adicional” en su contra el hecho de que dificultara las pesquisas borrando todas las llamadas, mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos. “En ninguna circunstancia se le puede exigir que acredite su inocencia. Su cargo como fiscal general no le impone requisitos adicionales a los de cualquier otro investigado”, puntualiza Palomo.

Un juicio para la historia

A partir de este lunes, los 40 testigos, la mayoría de los cuales ya han presentado su declaración durante la instrucción, tendrán que comparecer. Esta vez, ante los siete jueces del tribunal que decide sobre la absolución o condena del primer fiscal general del Estado juzgado en España. Todo se llevará de nuevo a la Sala de lo Penal del Supremo. Los ojos del país, así como de toda Europa, estarán enfocados en el desarrollo de este juicio, probablemente uno de los más polémicos de las últimas décadas, y en el contenido final de esa esperada sentencia.