Desalojan a una mujer con alzhéimer de una residencia en Madrid tras la denuncia de su hijo sobre las falencias del lugar.

Una mujer de 84 años, diagnosticada con alzhéimer y un grado III de dependencia, ha sido desalojada de la residencia privada Bouco Carabanchel —anteriormente conocida como Orpea— en Madrid. ¿La razón? Según la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), la expulsión estaría relacionada con la actitud de su hijo, quien distribuyó entre otros familiares unas hojas informativas que instaban a denunciar las carencias del centro y explicaban el procedimiento para hacerlo.

El centro, que cuenta con la acreditación de la Comunidad de Madrid e integra el sistema de servicios sociales —con usuarios que acceden a través de la prestación vinculada al servicio—, ha defendido la expulsión alegando una supuesta falta grave. No obstante, la junta directiva de la plataforma argumenta que esto es una «reinterpretación malintencionada» de una conducta anterior del hijo, que fue solo reprimida con una amonestación escrita. «Se está exagerando un incidente leve para justificar una medida extrema contra la madre, lo cual carece de lógica», expresan.

Desde la organización rechazan categóricamente que el comportamiento del familiar infrinja el contrato o el reglamento interno del centro y enfatizan que, en cualquier caso, la residente no puede ser responsabilizada por las acciones de su hijo. «Esta decisión es irracional y va en contra del sentido común», insisten. Además, catalogan la acción como un «ataque a la libertad de expresión y de información«, señalando que no es un caso aislado en la comunidad. En este contexto, recuerdan que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid considera como infracción grave tomar represalias contra los usuarios o sus familiares por ejercer sus derechos.

La junta directiva de Pladigmare: «La Comunidad de Madrid no puede ignorar prácticas abusivas en residencias»

La plataforma ha anunciado que pedirá a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que sancione al centro por una falta muy grave y que inhabilite a su dirección por cinco años, como estipula la normativa vigente. «La Comunidad de Madrid no puede hacerse la desentendida ante prácticas abusivas en residencias que priorizan el beneficio económico por encima del bienestar de los ancianos». Si la expulsión no se revierte, el colectivo ya ha programado una concentración para el próximo sábado 11 de abril, entre las 11:00 y las 13:00 horas, a las puertas del centro.

Por su parte, representantes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid informan a este diario que los hechos denunciados serán investigados y verificados por el organismo de inspección correspondiente.