Desalojan en Madrid a dos niñas huérfanas debido a la violencia de género y a su abuela.
Dos niñas de 5 y 10 años, huérfanas desde 2023 debido al asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito madrileño de Villaverde a instancia del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
El desalojo se realizó el 14 de enero pasado, a pesar de que la familia se encontraba en una situación extrema de vulnerabilidad, corroborada por informes de los servicios sociales.
“Lo ocurrido es una clara muestra del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia que atraviesa la máxima vulnerabilidad”, ha declarado a Efe Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
La abuela, de 65 años, asumió el cuidado de las dos niñas tras el feminicidio, residiendo en Villaverde. Según la FRAVM, sus ingresos mensuales rondaban los 600 euros, una cifra significativamente inferior al umbral necesario para acceder a una vivienda estable en el actual mercado inmobiliario.
Nacarino ha descrito el desahucio como “un grave error del sistema judicial” y ha criticado que el juzgado no detuviera el proceso a pesar de contar con un informe de vulnerabilidad social. También ha denunciado la falta de apoyo jurídico efectivo durante la ejecución del desalojo.
Explicó que la abogada de oficio asignada a la familia no se presentó al desalojo y delegó su presencia en un procurador, cuya función se limita a certificar el procedimiento y no puede negociar con la comisión judicial.
Para la FRAVM, la ausencia de la letrada en un momento crucial impidió la exploración de vías de mediación o un aplazamiento que podrían haber ofrecido la oportunidad de encontrar una solución habitacional.
La familia poseía un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales que, según las entidades vecinales, debió ser suficiente para evitar o al menos retrasar el desalojo.
Según la orden de desalojo proporcionada por la FRAVM, la acción se ejecutó a las 13:00 horas con la intervención de la Policía, cerrajero y procurador, entre otros, por mandato del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
Este procedimiento corresponde a un desahucio hipotecario iniciado por una deuda relacionada con la vivienda. El fondo inmobiliario Circleville SL adquirió esa deuda a Caixabank y activó el proceso judicial para obtener el inmueble.
Fuentes cercanas a la familia han indicado a Efe que, en los meses previos al desalojo, personas vinculadas al fondo fueron al domicilio en varias ocasiones con el objetivo de presionar y acelerar la salida de la abuela y las niñas, incluso llegando a ofrecer dinero a cambio de la vivienda.
La FRAVM ha manifestado que seguirá apoyando a la familia, que ha encontrado un alojamiento provisional gracias a su red de amistades, y reforzará la denuncia pública de lo ocurrido. También ha anunciado su intención de solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia para tratar lo que consideran un grave error del sistema.



