Deseo que nos brinden un trato respetuoso

Críticas por la calidad de la alimentación, negligencia en el cuidado de los residentes, deterioro de las instalaciones y acusaciones infundadas contra los usuarios han llevado a Víctor Manuel Fernández, de 68 años, a recibir un aviso previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, donde vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este exprofesional del gas, quien sufrió un accidente en 2014 que le causó daños severos en la médula espinal. Desde entonces, ha estado en seis centros sociosanitarios en Madrid, y ahora afirma que este es “el peor de todos”.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha informado que su conducta “puede resultar en la pérdida de la plaza” que “actualmente ocupa en la residencia”. Fernández ha decidido llevar su caso a un abogado, quien le asiste en su lucha por defender sus derechos ante la Comunidad de Madrid. “Soy consciente de mis derechos”, afirma.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha desempeñado en tres de los centros en los que ha estado. “Soy consciente de que soy bastante reivindicativo y un poco incómodo para los directores, pero exijo ser tratado con dignidad y conforme a la ley”, comenta. En 2025, se convirtió en el portavoz de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por La Saleta Care, una sociedad limitada unipersonal con sede en València. Fue en este centro donde comenzaron los conflictos con la dirección, según relata Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación que ha obtenido elDiario.es prueba que durante meses Fernández ha informado a la dirección sobre diversas situaciones que no han pasado desapercibidas. Una de las más críticas se relaciona con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre, durante la cena en una mesa individual. “Nuestra compañera casi se cayó al suelo, sostenida sólo con la barbilla, mientras pasaban auxiliares de un lado a otro sin percatarse”, escribió en su correo de queja a la directora, adjuntando una fotografía que corroboraba su denuncia.

El mensaje prosigue: “Cuando intenté pedir ayuda a través de la puerta del comedor, una auxiliar solo respondía diciendo que cerrara la puerta porque entraba frío, a pesar de que le rogaba que ayudara a mi compañera”. Aquella noche, la mujer falleció. “Pido que se revisen las cámaras del comedor en el día y la hora mencionados”, terminó su mensaje Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “en todo momento estuvo bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le pidió que, en el futuro, se abstuviese de tomar fotografías sin los permisos pertinentes.

Colisee Vallecas enfatiza que la postura a la que se refiere era un comportamiento clínico habitual de esta persona debido a su patología neurodegenerativa, la cual “requiere un nivel de atención y acompañamiento humano muy por encima de lo estándar”. Según sostienen, no hay “evidencia médica ni técnica” que relacione su fallecimiento con la atención recibida en el centro.

Para el representante de los usuarios, situaciones como estas son consecuencias de “la privatización del ámbito sanitario, que fomenta intereses comerciales entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus quejas también están en manos del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como sucede en muchos otros centros de este tipo, la comida que se sirve a los usuarios dista de lo que realmente desearían. Las fotografías proporcionadas por Fernández también lo demuestran, incluso se refiere a un plato de “garbanzos con misterio” que aparece en una sopa con motas negras. “Casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera a diario del año”, subraya.

Ante tal situación, Colisee Vallecas destaca que cuentan con una cocina propia “donde se preparan menús diarios bajo estrictos controles de calidad, diseñados por expertos en nutrición”, además de poseer la certificación Healthia Care a nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

La condición del patio es otra de las preocupaciones que Fernández desea que la sociedad conozca. Según las fotos enviadas, los escasos toldos que generan sombra en verano están dañados, el pavimento presenta numerosas grietas y los bancos tienen tablones levantados.

A su vez, la residencia ha explicado que han realizado reparaciones en el piso exterior y están evaluando la posibilidad de una reforma integral, que requiere más planificación debido a su magnitud. Respecto a los toldos, han comenzado las gestiones para sustituirlos. “En cuanto al mobiliario, cualquier elemento en mal estado es retirado o reparado de inmediato por motivos de seguridad”, han añadido.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas se refiere a la expulsión de una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “La echaron dos veces y la tercera no ocurrió porque pregunté qué pasaría si no se iba”, dice. En el contrato que firman al ingresar se menciona que los residentes no pueden acceder a las habitaciones de otros sin su consentimiento. “Y teníamos el permiso de mi compañero. Ya no se trataba de cumplir normas, sino de órdenes de arriba. Parece que solo nosotros debemos respetar el reglamento”, enfatiza. Colisee Vallecas argumenta que esto se hizo para “proteger el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no abordan que, según Fernández, tenía el consentimiento de su compañero.

El representante de los usuarios se quejaba en febrero de “acusaciones sin fundamento y falta de respeto”. Fernández y la directora se enzarzaron en un intercambio de correos electrónicos porque ella afirma que se le entregó una grapadora en buen estado, que luego fue devuelta dañada. Sin embargo, carece de pruebas para respaldar su afirmación. La dirección tampoco le permite demostrar lo sucedido accediendo a las grabaciones de las cámaras de seguridad, alegando que esto infringe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantiza los derechos digitales. La residencia no ha especificado qué pruebas tiene de que se entregó la grapadora en buen estado y que fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, comunicó a Fernández mediante carta certificada en febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le acusaron de “no hacer un uso adecuado de los servicios del centro”. Finalmente, le advierten que más incumplimientos de las normas podrían resultar en la pérdida de su plaza en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han indicado a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos específicos. Sin embargo, han comentado que “los usuarios de las residencias dependientes de la Comunidad de Madrid deben cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También corroboran el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “pronto” tendrá una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad “para discutir su situación”. Sin embargo, la Consejería ha optado por no aclarar a qué se refieren con “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” mencionados en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas agrega que cuando detectan “dificultades significativas en la convivencia y en el cumplimiento de las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Enfatizan que “no es una medida disciplinaria, sino un procedimiento reglado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para corregir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “intención alguna” de marcharse. “Porque este lugar también es mi hogar”, explica. Añade que allí se encuentra su pareja y realiza “algo útil por la sociedad”. Por ahora, trabaja con un abogado en sus próximos pasos, que incluyen alegaciones. En estas, expresa que la vaguedad de las acusaciones le provoca indefensión.

Además, ha señalado que “las afirmaciones contenidas en diversos correos y comunicaciones sobre mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi privacidad”. Según Fernández, esto evidencia que el expediente busca silenciar su presencia en el centro residencial y lograr su expulsión.