Documentos para salir a la luz: un informe estima que en España hay alrededor de 840.000 personas en situación irregular.

La mayoría no llega en patera, sino en avión, y no aparecen en las listas oficiales. Cientos de miles de extranjeros que residen en España de forma irregular viven condenados a hacerlo en la clandestinidad, limpiando casas, cosechando la fruta que se consume en Europa y construyendo. El Gobierno busca regularizar, de manera extraordinaria, a todos aquellos que puedan demostrar que llevan más de cinco meses en este país desde la solicitud, que no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y que no posean antecedentes penales. Se estima que esto podría beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan la cifra a aproximadamente 840.000, la mayoría provenientes de América Latina: Colombia, Perú y Honduras.

Un informe del centro de análisis Funcas, publicado esta semana con datos de 2025, indica que la migración irregular en España ha aumentado considerablemente en los últimos años. El documento asegura que la población extracomunitaria en situación irregular es hoy ocho veces mayor que la que había en 2017, pasando de unos 107.000 a 840.000. Estas cifras se obtienen al restar del total de población oficial, como el padrón, aquellos con algún tipo de permiso de residencia.

La realidad es que al hablar de ofrecer permisos de trabajo de forma extraordinaria, la mayoría de las personas a las que se dirige esta medida son inmigrantes que ya residen en España sin derechos básicos. Cientos de miles de individuos entran en un ciclo de miseria: sin ingresos legales, es muy difícil encontrar vivienda, deben esforzarse para inscribirse en el padrón, demostrar que viven en España y, algún día, acceder a una regulación ordinaria. El sistema los convierte en invisibles.

La dinámica normal para regularizar su situación en el país obliga a muchos a experimentar un “largo periodo en la irregularidad” antes de conseguir la regularización administrativa, “lo que provoca grandes aumentos en la población en esta situación cuando los flujos de entrada se intensifican”, señala Funcas en su informe.

No es la primera vez que en España se han ejecutado medidas de este tipo. Se han llevado a cabo en nueve ocasiones desde 1986 hasta 2005. En esos años, diversos Gobiernos han otorgado papeles a más de un millón de personas. La primera regularización extraordinaria de inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia en España fue promovida en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González. El único requisito era demostrar una estancia anterior al 24 de julio de 1985. Posteriormente, hubo otras dos regularizaciones que exigían además, la comprobación de residencia y una oferta “regular y estable” de empleo, así como ser familiar o dependiente de quienes habían sido regulados. En total, más de 150.000 personas obtuvieron papeles en esos años.

José María Aznar impulsó otros tres procesos de regularización extraordinaria (1996, 2000 y 2001), que otorgó permisos a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares hasta el momento. Durante sus ocho años en el Gobierno, Aznar facilitó los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Poco después de asumir el Gobierno, Zapatero promovió la última gran regularización extraordinaria en 2005. En un proceso abierto durante cuatro meses, los inmigrantes en situación irregular debían demostrar su estancia en España antes del 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o más y 40 horas semanales. Un total de 576.506 personas se beneficiaron de esta medida.

“Desde entonces, se ha confiado, en buena parte, en el arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como una especie de regularización extraordinaria continua”, resume Funcas. “Este mecanismo, aunque ha prevenido hasta ahora la aparición de volúmenes similares de población en situación irregular a los previos a 2005, no ha logrado, como revela nuestra nueva estimación, evitar los importantes crecimientos que se producen en períodos de abundantes llegadas”.

Las estimaciones del centro antes de conocer la noticia de la regularización extraordinaria del Gobierno apuntaban a un aumento de la población en situación irregular de aproximadamente 90.000 personas al año. “Es decir, si la tendencia reciente continuara entre 2025 y 2027, la cifra de irregulares aumentaría en 270.000”, señala el informe. “Restando de esta cifra el extra de permisos por arraigo que espera el gobierno (258.000 en tres años), se deduce un aumento hipotético de 12.000 extranjeros en situación irregular, alcanzando una cifra total de 852.000. Es decir, habría una estabilización más que una reducción”, concluyen en sus hipótesis.

Los datos sobre los migrantes irregulares que residen en España indican que la mayoría proviene de América, cerca de 760.000. Destacan las nacionalidades colombiana (alrededor de 290.000), peruana (casi 110.000) y hondureña (90.000). A una considerable distancia se encuentran las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000).