Ecologistas advierten que el aumento del nivel del Jarama inunda las construcciones ilegales en San Fernando.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha advertido que la crecida del río Jarama en San Fernando de Henares ha inundado los «chamizos» construidos en la ribera, lo cual, según consideran, representa un riesgo para personas y animales de compañía en lo que denominan el «último núcleo ilegal de corrales y construcciones ilegales» de la región.

De acuerdo con el colectivo, esta situación no es nueva y ha ocurrido en inundaciones previas, como durante la borrasca Filomena o en las crecidas de marzo del año pasado. En esta ocasión, la serie de borrascas que han afectado a la Comunidad de Madrid ha causado un aumento en el caudal del Jarama, llevando incluso a activar el nivel rojo por posible desbordamiento.

Los ecologistas enfatizan que las áreas ocupadas en la ribera son «zonas inundables», espacios protegidos y de alto riesgo que, subrayan, no deberían estar destinadas a actividades ni construcciones. En un comunicado, denuncian que en San Fernando de Henares no se cumple con la legislación ambiental ni con las normas urbanísticas.

El Ayuntamiento asegura que «no reside ninguna persona»

Fuentes del Ayuntamiento de San Fernando de Henares consultadas por Europa Press afirman, no obstante, que estas edificaciones no son viviendas, sino huertos en los que «no reside ninguna persona». Además, sostienen que, en respuesta a la crecida del Jarama, la Policía Local notificó a todos los propietarios y evacuó a los animales.

Desde el Consistorio aseguran que en el tramo correspondiente al municipio «no hay infraviviendas», aunque reconocen que el área de Urbanismo tiene un procedimiento abierto relacionado con la «ilegalidad/ocupación» en la ribera del Jarama y que ya se han iniciado los expedientes pertinentes.

La Plataforma también señala que las parcelas son utilizadas por vecinos de San Fernando y Coslada para el ocio, lo que, advierten, resulta en el abandono de residuos en el cauce. Añaden que «ya no es sorprendente que algunos de los ocupantes de estas parcelas pidan servicios, como el suministro de agua potable».

El colectivo ecologista sostiene que desde hace al menos seis años, el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo han recibido denuncias sobre presuntas ilegalidades en un tramo de aproximadamente 800 metros de la ribera del Jarama.

Desde su perspectiva, el Ayuntamiento es la entidad responsable de «garantizar la legalidad urbanística», pero le critican por haber sido hasta ahora «incapaz de hacer cumplir algo tan esencial como evitar estas ocupaciones de suelo no urbanizable». También lamentan que los esfuerzos administrativos «no han tenido resultados».

Por otro lado, las organizaciones cuestionan a la Consejería de Medio Ambiente por «desviar las denuncias que recibe» sobre este tema y sostienen que «ni está ni se le espera». También critican a la Confederación Hidrográfica del Tajo por limitarse a «imponer sanciones sin más objetivos».