El 59% considera que Sánchez debería convocar elecciones si no cuenta con presupuestos.

Por activa y por pasiva, en diversas ocasiones y de maneras muy distintas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado despejar un posible escenario en esta legislatura: el adelanto electoral si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Hasta el momento, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro su deseo de agotar los cuatro años de su mandato antes de convocar elecciones generales de forma inevitable.

Sin embargo, según la encuesta de GAD3 para ABC, que presenta hoy su segunda entrega, la opinión del electorado es bastante diferente. El 59 por ciento de los encuestados sostiene que el presidente debería disolver las Cortes y anticipar las elecciones si no consigue aprobar los presupuestos. Un quince por ciento no van tan lejos y sugieren que, en tal caso, debería enfrentar una cuestión de confianza; mientras que un veintidós por ciento creen que, a pesar de todo, debería seguir al frente del Consejo de Ministros.

En la política española, hasta ahora, ha existido una regla no escrita a nivel nacional que obliga a un presidente a convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos, que son la ley más fundamental del Ejecutivo cada año. Una norma escrita, la Constitución, establece que deben presentarse anualmente; sin embargo, Sánchez no lo ha hecho en toda la legislatura y ha seguido gobernando con los presupuestos prorrogados del ejercicio anterior.

Al analizar los datos según el sentido de voto, destaca que los votantes del PSOE que piensan que debería enfrentarse a una cuestión de confianza en esa situación (21%) junto a aquéllos que consideran que tendría que convocar elecciones (28%) -las dos alternativas que ponen en riesgo el poder de Sánchez- superan el porcentaje de los que abogan por su continuidad (47%). Curiosamente, Sánchez mismo adelantó las elecciones en 2019 cuando ERC ocasionó el fracaso de sus primeros presupuestos como presidente.

En aquel tiempo, contaba con 84 escaños y, tras desalojar al PP con una moción de censura un año antes -apoyándose en la corrupción proveniente de la sentencia de la Gürtel-, sus expectativas electorales eran bastante más positivas que las actuales. De hecho, en aquel 28-A, el PSOE se convirtió en la primera fuerza con 123 escaños, dejando al PP de Pablo Casado con unos escasos 66.

Solo queda el CIS

Ahora, únicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) augura su victoria, en contraste con las encuestas de las empresas privadas, que, hasta ahora, coinciden en otorgar la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox -ABC publicará mañana su encuesta de intención de voto-. Este mismo patrón se repite entre los votantes de Sumar y los nacionalistas (incluyendo a ERC, Junts, Bildu, PNV, Coalición Canaria, BNG y la CUP). Aquellos que optaron por Yolanda Díaz el 23-J están divididos entre solicitarle una cuestión de confianza (25%), que convoque elecciones (30%) y que continúe como presidenta (38%). Entre los nacionalistas, esta última opción tiene más aceptación, con un 43 por ciento a favor, aunque la combinación de la cuestión de confianza (26%) y el adelanto electoral (31%) sigue predominando.

En los partidos de la derecha, PP y Vox, existe un amplio consenso sobre la necesidad de convocar elecciones si los presupuestos fracasan. Un 88 por ciento de los votantes de Alberto Núñez Feijóo y un 93 por ciento de los de Santiago Abascal lo exigirían. En cuanto a plantear una cuestión de confianza, solo un ocho y un tres por ciento, respectivamente, lo propondrían, mientras que un tres y un cinco por ciento apoyarían la continuidad de Sánchez.

Si este punto resulta contundente, más lo es la opinión generalizada de que, pase lo que pase, el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados. A pesar de haber coqueteado con la idea de no hacerlo, desobedeciendo el mandato constitucional -de hecho, desde que comenzó la legislatura en 2023, aún no lo ha presentado-, en los últimos meses ha reafirmado su compromiso de someterlos a la consideración del Parlamento, aun si eso significara perder.

Quizás cuente con datos demoscópicos que le animen a hacerlo. Según GAD3, el 93 por ciento de los votantes le exigen presentarlos. Entre aquellos que respaldaron a Sánchez el 23-J, un 98 por ciento opinan que tiene que llevarlos a la Cámara Baja, mientras que dos de cada cien piensan lo contrario. En todos los partidos, el apoyo para que se tramiten los presupuestos, como indica la Constitución, supera el noventa por ciento, lo que sugiere un consenso casi unánime.

Donde hay una mayor división, aunque se percibe un pesimismo generalizado, es en relación con la probabilidad de que el Gobierno apruebe los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó la senda de estabilidad al Congreso el verano pasado, pero fue rechazada por PP, Vox y Junts. En septiembre de ese mismo año, intentó una segunda vez, pero finalmente retiró la propuesta por la falta de apoyos.

Está por ver si podrá aprobar una nueva propuesta y si eventualmente conseguirán que estas nuevas cuentas sean aceptadas. Los recientes acontecimientos, aunque el PSOE intente distanciar las negociaciones, no invitan a ser optimistas. La semana pasada, Junts se alió con PP y Vox para tumbar la reducción de la jornada laboral promovida por Yolanda Díaz (Sumar). El 61 por ciento de los encuestados cree que Sánchez no será capaz de aprobar los presupuestos. Solo uno de cada cuatro españoles piensa lo contrario.

Entre los socialistas, la mitad piensa que no se aprobarán los presupuestos, y solo uno de cada tres muestra optimismo al respecto. En Sumar, el partido que se encuentra en coalición con el PSOE, la previsión es aún más desalentadora: el 68 por ciento considera que no saldrán adelante y solo el veintiuno por ciento, que sí. Curiosamente, los nacionalistas son los más optimistas a pesar de las dificultades que ha presentado Junts durante toda la legislatura: un 43 por ciento creen que no habrá PGE, mientras que el 39 por ciento opina lo contrario. Los electores del PP también consideran que no se aprobarán mayoritariamente (68%) y lo mismo ocurre con los de Vox (74%).