El aborto se llevará a cabo en Madrid

Se realiza un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la obligación legal de establecer un registro de profesionales que se opongan a la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno otorga un mes de plazo a Isabel Díaz Ayuso para su creación. Este requerimiento también se extiende a Aragón y a Baleares, que aún no han implementado el registro. Sin embargo, políticamente, el Ejecutivo busca confrontar con Ayuso tras su afirmación de que «nunca va a hacer» la «lista negra» de médicos objetores, una demanda ya comunicada por carta por el Ejecutivo.

El Gobierno ha comenzado acciones legales, y Ayuso tiene ahora cuatro semanas para responder. «La ley se cumple. Punto», afirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con el recurso a la ley de jurisdicción contencioso administrativa, que requiere este aviso previo, se abre la vía judicial. Si la Comunidad de Madrid persiste en su resistencia, el Ejecutivo tendrá un plazo de dos meses para acudir a los tribunales para que un juez «les obligue a cumplir».

García, quien fue candidata a la Comunidad de Madrid por Más Madrid y podría repetir, aprovechó su intervención para responder a Ayuso y su comentario de «váyanse a otro lado a abortar», que recomendó a la oposición. «Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente aquí y ahora», enfatizó la ministra.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó esta mañana en una entrevista en la Ser, comparando los datos de Madrid, donde solo un 1% de los abortos se realizan en la sanidad pública, con otras capitales europeas. En la región de Roma, destacó, se reporta un 90%; en la de París, un 60%; y en la de Lisboa, un 50%. «Debemos hacer cumplir la ley en todo el Estado y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid», agregó.

Ayuso respondió poco después a esta intervención y rechazó este martes las lecciones «de machito» de Sánchez, quien, según ella, se «cree Dios» para hablar sobre el aborto en representación de las mujeres. «Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He enfrentado dos veces, lamentablemente, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Voy a recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?», manifestó.

El derecho al aborto ha vuelto a ser un tema de conversación política después de que José Luis Martínez Almeida respaldara una moción de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que sugiere que las mujeres que se lo realicen pueden experimentar un supuesto trauma postaborto que podría conducir al alcoholismo e incluso a problemas psiquiátricos. La Moncloa aprovechó ese desliz y anunció una reforma constitucional, que no cuenta con apoyo porque necesita el voto del PP, para blindar esta prerrogativa legal de las mujeres en la Constitución.

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En lugar de cerrarse el debate, que resulta muy delicado para el partido popular, Ayuso ha avivado la discusión con su negativa a establecer el registro de objetores en la sanidad pública, que Madrid sí aprobó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024, y que sí se aplica en el caso de la eutanasia. En el Gobierno dan por sentado que la presidenta madrileña no responderá, luego de que ella misma haya adelantado hoy que va a «seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid», resguardando el anonimato de los profesionales, amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia, y que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias», enfatizó.

El choque institucional está servido. El Consejo de Ministros ha comenzado este martes los trámites para que el aborto sea un derecho constitucional, con la adición de un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna. «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres», establece el texto.

Se realiza un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la obligación legal de establecer un registro de profesionales que se opongan a la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno otorga un mes de plazo a Isabel Díaz Ayuso para su creación. Este requerimiento también se extiende a Aragón y a Baleares, que aún no han implementado el registro. Sin embargo, políticamente, el Ejecutivo busca confrontar con Ayuso tras su afirmación de que «nunca va a hacer» la «lista negra» de médicos objetores, una demanda ya comunicada por carta por el Ejecutivo.