El agotamiento en el sector salud se apodera de Callao: “Somos las peor remuneradas de España” | Noticias de Madrid


Este lunes, una ola azul y blanca inunda el centro de Madrid. En la plaza del Callao, un centenar de fisioterapeutas y enfermeras, provenientes de diversos ámbitos asistenciales, dan visibilidad a su situación laboral con uniformes desgastados y quemados. “Asfixiadas”, se lee en una pancarta. “Tu abuela merece cuidados, no prisas. Faltan profesionales”, reza otra durante una concentración donde una performance silenciosa ocupa el centro de atención. “Urgencias colapsadas, enfermeras agotadas”, “somos las peor pagadas de toda España”, expresan a través de carteles, mientras atraen la mirada de los turistas que se acercan a fotografiarlas. Esta protesta ha sido convocada por el Sindicato de Enfermería (SATSE), que acusa a la Consejería de Sanidad de ineficacia al “echar balones fuera continuamente”.

Los profesionales de la salud denuncian la precariedad de las plantillas, la falta de una estrategia coherente en recursos humanos, las elevadas cargas laborales, la ausencia de incentivos como la jornada de 35 horas y el escaso apoyo a la conciliación familiar. Así, fundamentan el inicio de una movilización, que no será la única, según advierten. Exigen un cambio radical en los centros públicos del Servicio Madrileño de Salud. “Necesitan una transformación total, no hay ningún tipo de proyecto a futuro, y es vital para evitar el colapso de un sistema que se ha considerado ejemplar”, sostienen desde el sindicato.

Aseguran que las plantillas están, frecuentemente, muy por debajo de lo necesario y que las bajas no se cubren. Lamentan que, en el mejor de los casos, la cobertura se realiza de forma tardía y parcial. “No se debe normalizar lo que no es normal. No es aceptable que las direcciones empleen el eufemismo ‘necesidades del servicio’ para denegar permisos legalmente solicitados. Esto condena a los profesionales a no poder conciliar”, protestan desde SATSE.

Critican a la Consejería de Sanidad por siempre atribuir la culpa a otros, mientras la sanidad pública está transferida y es responsabilidad del Gobierno regional. Mientras tanto, la fuga de personal es evidente. En el primer semestre de 2025, 650 enfermeras abandonaron Madrid, según informan. “En lugar de fidelizarlas, el Gobierno autonómico coloca obstáculos y fomenta que se trasladen a otras comunidades. Se niega a ofrecer condiciones laborales, económicas y de conciliación atractivas”, añaden.

La plantilla de enfermeras crece a un ritmo inferior a las necesidades diarias desde hace años, y son las propias sanitarias las que deben cubrir las ausencias de sus compañeras. “El tan promocionado Plan de Invierno no ha podido, ni siquiera, reforzar las plantillas ante la epidemia de gripe. Los escasos refuerzos contratados no han llegado al 50% de lo previsto y han sido utilizados por las direcciones para cubrir las bajas existentes, que sistemáticamente no se suplen”, aclara el sindicato.

Se enfrentan a muchas problemáticas sin soluciones, según su opinión. Alicia Buja, fisioterapeuta en el Hospital Infanta Sofía, también opina así. Asiste a la protesta ya que apenas puede equilibrar su vida laboral y personal, y la cantidad de pacientes a su cargo le dificulta ofrecer una atención de calidad. “La lista de espera en mi especialidad supera los seis meses y hasta un año en muchos centros”. Muchos de sus pacientes han pasado por cirugías, ingresos o neuropatías. “Necesitan atención urgente”, advierte. Si no, sus problemas se cronifican, lo que implica un coste económico mayor. “Al final, los que pueden buscan soluciones en el sector privado”, reconoce.

La presión asistencial a la que se someten durante su jornada laboral es muy alta. “Parece que tratamos con tornillos en vez de con personas; después de uno, viene otro”, comenta. Para ella, lo más doloroso es que el Gobierno autonómico no reconozca el problema: “Estamos al límite, nos deben muchas horas que no nos compensan. Es comprensible que los compañeros no acepten este tipo de contratos y se trasladen a localidades cercanas”. El salario base de un fisioterapeuta en la sanidad pública es de 1.400 euros, según informes.

A su lado, Cristina González, enfermera en la unidad de Pediatría del Hospital La Paz, dice sentirse agotada. “Estamos cansadas, saturadas, no podemos más. Intentamos que los pacientes no lo noten, aunque es inevitable. Cuidamos, pero también necesitamos que nos cuiden. Lo peor es que desde arriba saben que el trabajo se saca adelante, pase lo que pase. Para nosotras, la salud es lo más importante”, insiste.

Es testigo de cómo las camas se duplican en las habitaciones. “Los padres que deben acompañar a sus niños pasan las noches en condiciones inadecuadas”, cuenta. Ricardo Furió, enfermero y secretario de Educación Sindical de SATSE Madrid, afirma que sus compañeras llegan a trabajar con ansiedad. “Cuantas más profesionales faltan, mayor es la presión asistencial”, resume. La situación es crítica en Urgencias, pero las sanitarias faltan en todos los sectores, incluidas las residencias de mayores y los centros educativos.

“Desde hace años estamos categorizados en un grupo profesional que no nos corresponde, que es el A2, cuando deberíamos ser A1, al igual que otros graduados”, reivindica Furió. En su opinión, las guardias nocturnas y los días festivos se remuneran de manera irrisoria. “Te obligan a trabajar horas extras por 15 euros la hora”, señala. El Hospital Puerta del Hierro debe una media de 100 horas a cada enfermera, según informan, y no es un caso aislado.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública alertó en diciembre que, entre las comunidades autónomas que han presentado presupuestos para el año 2026, Madrid es la autonomía con menor crecimiento de la dotación sanitaria per cápita: 1.537,28 euros por habitante, lo que representa un ligero aumento de 55,03 euros respecto a 2025. Sin embargo, la media nacional se sitúa en 2.013 euros por persona.

“La Comunidad de Madrid para el año 2026 está presupuestando por debajo del gasto sanitario público consolidado que se registró en 2023, que rondaba los 1.700 euros por habitante”, informaron desde la federación. Furió percibe una tendencia privatizadora en la Comunidad de Madrid: “No puede ser que la salud de los madrileños dependa de un presupuesto tan bajo”.

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